La violencia alcanzada en Ecuador durante los últimos meses es el resultado de la descomposición social e institucional promovida por los gobiernos neoliberales.
23/01/2024 (Ciudad de México). Durante las últimas semanas, las organizaciones criminales ecuatorianas atrajeron la atención internacional debido a una serie de ataques perpetuados en contra de la población civil de aquel país. Particularmente, un evento encendió las alertas en la región latinoamericana: el ataque y la toma del canal público TC en Guayaquil, ocurrido en plena transmisión en vivo el pasado 9 de enero de 2024. Además, fueron registrados otros ataques igual de alarmantes en universidades, hospitales y plazas comerciales.
Horas después, el gobierno del presidente Daniel Noboa Azín declaró un conflicto armado interno, señalando como terroristas y actores no estatales beligerantes a 22 organizaciones criminales locales. Es decir, el Estado de Ecuador declaró abiertamente una “guerra interna”, definiendo como “objetivos militares” a las organizaciones criminales operando en aquel país.
Sin embargo, la virulencia de estos ataques no resulta espontánea. Por el contrario, se trata de la cúspide de un proceso de descomposición institucional y social que ha permitido el empoderamiento de las organizaciones criminales locales, brindándoles espacios de poder e impunidad sin precedentes. Pero ¿qué ha ocurrido para que aquel pequeño país, anteriormente identificado como un oasis alejado de la violencia y la criminalidad, termine siendo uno de los territorios más letales en la región?
Es probable que los últimos eventos de violencia sean el resultado inmediato de algunas medidas implementadas por el presidente Daniel Noboa. Desde que dio inicio el pasado 23 de noviembre, el gobierno de Noboa anunció políticas “de mano dura” que pudieron haber sido interpretadas por las organizaciones criminales como una amenaza en su contra. Dentro de estas medidas se incluyó la militarización del país y la declaración de un Estado de excepción de 60 días el pasado 8 de enero, con la cual se facultó al Ejército para apoyar a la policía en labores de seguridad pública.
Además, Daniel Noboa también ha puesto énfasis en la necesidad de recuperar el control de las prisiones del país, las cuales, durante los últimos años, se han convertido en un punto neurálgico para las organizaciones criminales, al operar como centros de operaciones y reclutamiento bajo el control de las pandillas con la connivencia de las autoridades. No resulta casual que gran parte de la profundización de la violencia haya tenido como epicentro las prisiones: entre 2022 y 2023 ocurrieron al menos media docena de motines cuyas consecuencias rebasaron los recintos carcelarios, concluyendo en masacres, toma de rehenes, quema de vehículos y explosiones en la calle.
La corona de esta violencia y descontrol carcelarios se ubica en la fuga de Adolfo Macías, mejor conocido como “Fito”, ocurrida previamente a la declaración del Estado de excepción. Cabe destacar que “Fito” es considerado como el principal líder de “Los Choneros”, la organización criminal más importante y compleja del Ecuador.
Sin embargo, la clave para entender la escalada de la violencia gira en torno a la diversificación criminal. Tradicionalmente, se asociaba a las organizaciones criminales ecuatorianas con pandillas operando localmente como “subsidiarias” de otras organizaciones transnacionales, incluyendo a algunas mexicanas y colombianas. Sin embargo, en la actualidad, las organizaciones locales comienzan a cobrar un papel cada vez más activo en la cadena productiva del narcotráfico, así como en los negocios secundarios necesarios para este ilícito, tales como el contrabando de armas y el lavado de dinero.
La diversificación de la economía criminal se nutre principalmente del procesamiento, almacenamiento y transporte de la cocaína proveniente de Colombia. Dado que aproximadamente el 80% del tráfico de drogas en el mundo se traslada vía marítima, el territorio de Ecuador resulta clave para este negocio debido a sus puertos y su centralidad en el globo.
En ese sentido, durante los últimos meses se han realizado grandes operativos e incautaciones de drogas en el puerto de Guayaquil, y se calcula que actualmente se procesa y almacena hasta el 30% de la cocaína proveniente de Colombia en Ecuador. Posteriormente, esa droga se dirige hacia los mercados de América del Norte, Europa y Asia, utilizando los puertos ecuatorianos. La dolarización de la economía ecuatoriana termina por facilitar el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, ya que no resulta necesario la conversión de activos ilegales para su “blanqueamiento” en el mercado nacional.
Ahora bien, el espacio conquistado por las bandas locales coincide con la desmovilización parcial de organizaciones operando en Colombia – particularmente, las FARC –después del proceso interno experimentado en aquel país. En este escenario, el territorio de Ecuador termina siendo aún más atractivo para el mercado transnacional de drogas ilegales y las organizaciones locales terminan por aprovechar esta “área de oportunidad”.
Sin embargo, más allá de la explicación logística sobre el empoderamiento criminal, la violencia armada no podría haber alcanzado tales magnitudes si no fuera por una retracción del mismo Estado que permitió reducir la violencia durante el periodo conocido como la Revolución Ciudadana, encabezada por Rafael Correa entre los años 2007 y 2017.
Las consecuencias son palpables. Mientras que el gobierno de la llamada Revolución Ciudadana alcanzó una tasa de homicidios que colocó a Ecuador como el más seguro en la región latinoamericana – con 5.8 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2017 –, la tendencia se revirtió durante los siguientes años, alcanzando una tasa de 45 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2023. Particularmente, en el caso del periodo de Guillermo Lasso (2021-2023), la tasa de homicidios creció exponencialmente, pasando de una de 7.84 por cada 100 mil habitantes en 2019 a una de una de 25.32 en 2022.
El propio Rafael Correa y otros actores clave han criticado el retraimiento del Estado durante los periodos de sus sucesores, caracterizados como neoliberales por la intención abierta de “reducir” al Estado ecuatoriano considerado como “obeso”. Este interés se vio reflejado no sólo en la disminución de las políticas de justicia social, sino en una reducción del presupuesto destinado a la seguridad, así como en la eliminación de instituciones clave para el combate al crimen.
Al respecto, Correa ha resaltado la eliminación del Ministerio Coordinador de Seguridad, encargado precisamente del control de las prisiones y eliminado por Lenin Moreno, así como de la Comisión Binacional de Frontera con Colombia y Perú, la cual posibilitaba la cooperación multilateral para el combate al narcotráfico transnacional en la región. Otras afectaciones en este rubro fueron la unificación del Ministerio de Interior con la Secretaría de Gestión de Política, conformando el Ministerio de Gobierno, así como el debilitamiento del Sistema de Videovigilancia.
“Lo eliminaron, dicen que para achicar el Estado, pero en verdad, para decir que nosotros habíamos hecho un Estado obeso. El Ministerio de Justicia que se encargaba del sistema de rehabilitación social, las cárceles, éramos ejemplo regional. En las cárceles teníamos hasta universidad, los presos estudiaban, lo eliminaron. Crearon una secretaría que está totalmente carcomida por la corrupción”, señaló el exmandatario ecuatoriano.
Por último, debe contemplarse la corrupción imperante en los gobiernos neoliberales, la cual incluso configuró la crisis política durante el periodo de Guillermo Lasso con la llamada “Muerte Cruzada”. Como se recordará, la Muerte Cruzada fue el proceso mediante el cual el expresidente Lasso disolvió al Congreso para después dimitir, el cual ocurrió precisamente luego de que el banquero Danilo Carrera, cuñado del expresidente, fuera acusado de recibir sobornos provenientes de la llamada “Mafia Albanesa”, organización narcotraficante operando en Ecuador.
No resulta casual que durante este último periodo ocurriera el año más violento para la política ecuatoriana, pues entre agosto de 2022 y agosto de 2023 fueron asesinados ocho políticos. Cabe recordar que dentro de las víctimas se incluyó a Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia quien había denunciado amenazas en su contra por parte de la organización de “Los Choneros”.
