Entre las 88 enfermedades que se añaden está el COVID-19, psicosociales y se amplió el espectro de cánceres de origen laboral.  Entre los retos se encuentra la ampliación de este reconocimiento, dado que son los trabajadores afiliados al IMSS los que podrán acceder a él. También la ampliación de peritos especializados e independientes que califiquen las enfermedades de forma imparcial. 

25/10/2023 (Ciudad de México). Los derechos laborales se visten de manteles largos, luego de que el Senado aprobó el miércoles una reforma para agregar 88 padecimientos a la Tabla de Enfermedades de Trabajo y de la Tabla de Valuación de Incapacidades.

Los legisladores avalaron la reforma del Artículo 72 de la Ley Federal del Trabajo, y ahora restará que el dictamen pase al Ejecutivo para su decreto y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) destacó que en el análisis de esta reforma participaron más de 50 especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), peritos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y médicos especializados en salud laboral. 

La propuesta fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y de acuerdo con Marath Bolaños, titular de la STPS esta reforma llega después de más de medio siglo. La actualización la calificó como “histórica y crucial para la mejora de las condiciones laborales”.

En entrevista para De Raíz Manuel Fuentes Muñiz, doctor en derecho y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), aplaudió esta reforma y dijo que es un avance significativo para los derechos laborales, pero sostuvo hay algunos retos a sortear en la práctica. 

¿Qué se contempla con esta reforma?

Con esta reforma se añaden a la lista enfermedades como Covid-19, pero por primera vez también se incluyen psicosociales, como el estrés grave y los trastornos de ansiedad. También enfermedades específicas como la pérdida de un embarazo y la endometriosis. También se amplió el espectro de cánceres de origen laboral, de 4 a 30, y aquellas por intoxicaciones, de 36 a 46.

También se agregan enfermedades de las vías respiratorias o del sistema respiratorio producidas por inhalación de gases o vapores; aumenta de 10 a 14 las enfermedades producidas por factores mecánicos y variaciones de los elementos naturales del medio de trabajo. Asimismo, la reforma contempla que al menos cada cinco años la Tabla y el Catálogo deben ser analizados para ser actualizados.

¿Cuáles son los retos?

De acuerdo con Manuel Fuentes, uno de los principales retos que sorteará la reforma es que el beneficio queda limitado a los trabajadores afiliados al IMSS. Hasta mayo de este 2023 el IMSS tenía inscritos 21 millones 862 mil 909 puestos de trabajo; de éstos, 86.3% eran permanentes y 13.7% eventuales, por lo que no es menor el beneficio.

El abogado explicó que una enfermedad laboral equivale a que se pague al trabajador, durante el primer año, el equivalente del 100% de su salario base. En el caso de una enfermedad general, el equivalente es de 60% de su salario base.

¿Qué pasa con quienes trabajan de manera autónoma o “freelance“?

El abogado señaló que es el gran tema porque este tipo de trabajadores no tienen prestaciones de ley, como el seguro social. Están sujetos a una relación laboral por honorarios, por palabra o contratos mercantiles. 

Si sufren un accidente, enferman o fallecen ejerciendo su trabajo, se enfrentan a un viacrucis legal, principalmente sus familias, porque deben acreditar ante un tribunal que tenían relación laboral con los contratadores. Posteriormente deben acreditar que el accidente o la enfermedad fue laboral y eso lo dictamina un médico del IMSS.

O todavía es peor el escenario, ya que muchas personas no se atreven a demandar por miedo al despido o a que se termine la relación laboral. “Quienes llegan a llevar a cabo esas demandas son los que se enfrentan a juicios por años”, recordó Fuentes.

El especialista criticó que la reforma se enfrenta a sortear la evasión por parte de las empresas con respecto a respetar la protección hacia el trabajador, “porque cuando se trata de trabajadores que sufren de una enfermedad profesional o una enfermedad de esta naturaleza (como el COVID-19) normalmente los despiden. Y trae como consecuencia que se anulen las protecciones de ley”. 

También se deberán tener precisiones con los riesgos de trabajo. A respecto Fuentes compartió que 52% de los casos que llegan anualmente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene que ver con riesgos del trabajo, en un promedio de 400 mil reconocidos por el IMSS. 

“Hay un problema también delicado porque el IMSS actúa como juez y parte. Es decir, los trabajadores cuando sufren un riesgo de trabajo o una enfermedad normalmente tienen problemas para que el IMSS reconozca la enfermedad o bien que la califique de forma acertada”, externó al medio. 

Esto impacta en que el trabajador reciba menos apoyo económico de la empresa o patrón, llegando incluso a cantidades menores al salario mínimo y los trabajadores deban demandar para que se recalifique la enfermedad o padecimiento. 

Manuel Fuentes señaló que con esta nueva reforma también debe ampliarse los peritos especializados y que deben ser independientes para que califiquen de forma imparcial las enfermedades. Además sostuvo que debe ampliarse el número de inspectores que realizan las inspecciones de los centros de trabajo, porque señaló que hay entidades que tienen sólo dos inspectores. En el caso de la Ciudad de México hay 24 inspectores para atender más de 240 mil centros de trabajo.

“Esta reforma es un gran avance, pero tenemos también que ver que el tema operativo, de infraestructura, el tema de peritajes que sean imparciales, el acceso a que efectivamente pueda haber como un Ombudsman o un Ombuds person para los trabajadores, porque cuando aún hay Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo o hay defensores de oficio en este ámbito, no cuentan con los recursos para atender a todos y todas debidamente”, concluyó. 

La reforma fue reconocida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por avanzar como “parte de la seguridad y salud en el trabajo como un principio y derecho fundamental, así como la búsqueda de la justicia social”.