15/09/2023 (Ciudad de México). El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral detectó un posible acto de corrupción e inició un procedimiento administrativo contra funcionarios que en 2019 concedieron contrato a una empresa arrendadora de vehículos para operar en todas las sedes de la institución en el país por un monto cercano a los mil millones de pesos.
El reporte firmado por Jesús George Zamora, quien esta semana renunció al cargo como Titular del Órgano Interno de Control del INE para sumarse al gabinete de la nueva Gobernadora del Estado de México Delfina Gómez como Consejero Jurídico, señala que el contrato concedido en 2019 por un monto de mil 37 millones, 547 mil 662 pesos y 40 centavos a la empresa Lumo Financiera del Centro se otorgó de manera indebida, ya que la empresa fue beneficiada con un puntaje no correspondiente al momento de ser evaluada en su licitación.
Zamora expone que se trata de un asunto de interés público dada la magnitud del importe y considera que podría tener alguna repercusión negativa para la institución “fundamentalmente porque representa un ejemplo de las malas prácticas que deben erradicarse en cualquier organismo, por la existencia de actos sistemáticos cuya ilegalidad ha sido confirmada por las autoridades judiciales y cuyos efectos se han prolongado por más de cuatro años”.
Privilegios, gasto excesivo y falta de transparencia, constantes del INE
La administración del presidente López Obrador ha sido enfática en la necesidad de compactar y reestructurar al INE con el fin de ahorrar recursos. En marzo de este año promulgó el famoso “Plan B” que proponía una serie de modificaciones y derogaciones en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Entre las propuestas del Plan B se encontraba la compactación de la estructura del INE, la eliminación de fideicomisos y recortar el salario de los consejeros y magistrados. Al final de su gestión como presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello tenía un sueldo bruto de 262 mil 634 pesos mensuales, sin contar las percepciones adicionales por sistemas de compensación, gratificación, primas, estímulos, prestaciones y su finiquito.
Finalmente, el 22 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por completo el llamado “Plan B” argumentando violaciones al debido proceso legislativo. Antes, la oposición política a través de los medios de comunicación tradicionales orquestaron una campaña para tratar de impulsar la idea de que el gobierno buscaba limitar la vida democrática del poder.
