15/09/2023 (Ciudad de México). América Latina continúa liderando cifras sobre asesinatos de personas defensoras del medio ambiente y los territorios. Colombia Brasil y México ocupan los primeros lugares como los países más letales para defensores.

De acuerdo con el informe más reciente de la organización británica Global Witness 2022-2023 “Siempre en pie: personas defensoras de la tierra y el medio ambiente al frente de la justicia climática” se registraron 177 asesinatos a nivel mundial. En América Latina ocurrieron casi nueve de cada diez homicidios.

Según la organización no gubernamental, que realiza este registro desde 2012, del total de asesinatos a nivel mundial, 125 ocurrieron en Colombia, Brasil y México.

Detrás de las cifras se encuentra la impunidad: los perpetradores no enfrentan la justicia, hay delitos que no se denuncian, hay acciones ineficientes de los sistemas de justicia y las agresiones se presentan de diversas formas. La criminalización con efectos devastadores a nivel individual y comunitarios –hostigamiento, violencia digital, acoso, desapariciones y desplazamiento forzado interno son algunas de sus formas.

“La situación en América Latina sigue siendo especialmente preocupante. En 2022, en esta región se produjeron el 88 % de los asesinatos, una mayoría cada vez más acentuada de los casos registrados en todo el mundo. Un total de 11 de los 18 países en los que documentamos casos en 2022 eran latinoamericanos”, señala el informe.

El año pasado, según el informe anterior, se asesinó a una persona defensora cada dos días, al igual que ocurrió en 2021, cuando se documentaron 200 asesinatos. En el año 2020, los países que lideraron la lista fueron Colombia, Filipinas y México. En 2021, fueron México, Colombia y Brasil, por lo que América Latina no ha logrado salir de esta grave situación.

Colombia: asesinatos casi al doble

En 2022, en Colombia ocurrieron 60 homicidios, Brasil acumuló 34 y en México se registraron 31 asesinatos de personas defensoras del medioambiente.

La apabullante cifra de Colombia muestra que la situación es delicada, y es que los asesinatos aumentaron casi al doble de lo que se registro en 2021: pasó de 33 a 60 homicidios.

En un período de 10 años, se contabilizaron 382 asesinatos en el país sudamericano. Fueron los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y quienes se dedican a la agricultura a pequeña escala las más afectadas por estas agresiones.

En octubre de 2022, Colombia ratificó el Acuerdo de Escazú. Así también, con la transición política con el gobierno de Gustavo Petro en la presidencia, y la vicepresidenta Francia Márquez, se propuso un programa político que incluye la necesidad de proteger a quienes defienden los territorios y abordar las causas que provocan esos ataques.

Al respecto, el informe de la organización celebra que por primera vez en la historia del país se sitúe el tema como parte de la agenda política.

Brasil: la Amazonía al acecho de empresas

Global Witness señala que la Amazonía es la región que concentra las mayores agresiones. Este lugar, una de las ecorregiones con mayor diversidad en el planeta, vive bajo el asedio de megaproyectos y empresas extractivas.

“Más de una quinta parte de todos los homicidios del año pasado —39 de 177 (22 %)— se produjeron en la Amazonia. Al menos 11 indígenas de la Amazonia murieron por defender su hogar. Y muchos de estos asesinatos están relacionados con la minería”, señala el informe.

Así lo sostiene María Leusa Kaba Munduruku, líder indígena de la Asociación de Mujeres Munduruku Wakoborũn, quien en un encuentro virtual para dar conocer la situación del Brasil expresó que los ataques empeoraron contra los indígenas que habitan en la Amazonía.

La activista recordó que durante el gobierno del derechista Jair Bolsonaro vivieron tiempos de hostilidad: aumentaron las agresiones, acoso, hostigamientos y asesinatos.

“Quemaron aldeas y fuimos obligados a salir, […] hay casos de niños violados, invasión de territorios. La Amazonía necesita protección. Es una lucha dolorosa y ser amenazada y perseguida no es fácil”, afirma María Leusa.

Y es que ella misma tuvo que salir de su aldea por la amenazas que sufrió y porque quemaron su casa. La líder indígena señaló que su lucha es en contra de la minería, de empresas madereras, hidroeléctricas y plantaciones de monocultivos, como los de soya, que buscan destruir a esa región.

En ese tenor coincide con el informe y señala que las políticas bolsonaristas expusieron a la Amazonía a explotación y destrucción, se debilitaron las instituciones ambientales y se promovieron invasiones ilegales de tierras indígenas.

“Los ataques contra los pueblos indígenas y sus tierras se triplicaron durante la presidencia de Bolsonaro y en 2022, 10 de los 34 asesinatos que registramos en Brasil fueron de indígenas. Poco después, se pidió que se juzgara a Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad”, recuerda el informe.

En Brasil se registraron 34 asesinatos de personas defensoras, mientras que en 2021, fueron 26. más de una quinta parte de todos los homicidios del año pasado —39 de 177 (22 %)— se produjeron en la Amazonia. Al menos 11 indígenas de la región murieron por defender su hogar. Muchos de estos asesinatos están relacionados con la minería.

México: disminuyen asesinatos, pero continúan y se suma la criminalización

En el caso de México se registró una disminución de asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, al contabilizar 31. En 2021, se registraron 54 asesinatos. Más del 40% se cometieron contra personas indígenas y más de un tercio involucraron desapariciones forzadas. Desde 2002 hasta 2022 acumula un total de 185 asesinatos.

Al menos 16 de las personas asesinadas el año pasado eran indígenas, mientras que cuatro eran abogados.

En el contexto mexicano, de acuerdo con el Atlas para la Justicia Ambiental ,se contabilizan 206 casos de conflictos ambientales, que tienen que ver con la gestión de agua, extracción de minerales y material de construcción, gasoductos, combustibles fósiles y otros.

Las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente han sido sistemáticamente vulneradas, enfrentándose a una alarmante situación de violencia, estigmatización, represión, y criminalización, de acuerdo con el nuevo informe de Amnistía Internacional.

También se concentran cifras sobre diversas agresiones, que tiene que ver con intentar mermar el activismo de quienes defienden los territorios. Por ejemplo, el Centro Mexicano de Defensa Ambiental (CEMDA) registró en el año 2022: 197 eventos de agresiones a personas y comunidades defensoras de derechos ambientales que incluyen 24 casos de asesinatos, 7 de desaparición forzada, 7 de ejecución extrajudicial, 148 casos de intimidación, 116 de hostigamiento, 64 de amenazas, 61 de agresiones físicas, 20 de estigmatización y dos casos de presunto espionaje debido al posible uso del aparato estatal como mecanismo de vigilancia.

Al menos el 45% de los eventos de agresión fueron responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno.

Ante las implacables cifras, el informe de Global Witness urge a que empresas y gobiernos rindan cuentas por la violencia, la criminalización y otros ataques a los que se enfrentan las personas defensoras de la tierra y el medioambiente.

También recomiendan dar vigor a los países firmantes del Acuerdo de Escazú, así como fortalecer sus legislaciones y sistemas de justicia. Además, garantizar que los compromisos del Acuerdo de París sean acordes a las obligaciones y normas internacionales vigentes en materia de derechos humanos, y que promuevan soluciones justas y equitativas al cambio climático.

“Esto debería incluir el fortalecimiento de los derechos sobre la tierra de las comunidades indígenas y tradicionales y el aumento de su participación en la toma de decisiones, en reconocimiento del papel esencial que desempeñan en la protección de las últimas zonas de diversidad biológica que quedan en el mundo”, enfatiza Global Witness.