Desde el año 2020 a la actualidad se han registrado en México 605 ataques con aeronaves no tripuladas por parte de la delincuencia organizada. La mayoría ocurre en los estados de Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. Así lo señaló el secretario de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval, durante el informe de seguridad pública brindado en la conferencia mañanera presidencial del martes 22 de agosto de 2023.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha lamentado en diversas ocasiones el fallecimiento de personas por ataques con drones y desde el primero de agosto envío al Congreso una iniciativa para definir las penas en el uso de drones como armas o tecnología de espionaje, las cuales ascenderían hasta los 40 años de prisión.

Trascendió que el pasado 29 de agosto, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó la reforma que, entre otras cosas, modifica los artículos necesarios del Código Penal Federal y de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos para establecer las sanciones, así como para eliminar lagunas legales que, en ocasiones, impedían el procesamiento de este tipo de casos por el sistema de justicia.

Cabe aclarar que, hasta ahora, los ataques implementados por la delincuencia organizada se han realizado con drones de tipo civil, es decir, que no tienen restricciones de compra y que no se clasifican como de uso exclusivo del Ejército. Igualmente, los explosivos a los que recurren para este tipo de ataques han sido de tipo casero.

En ese sentido, hasta el momento no se puede hablar de que las organizaciones criminales hayan accedido a drones fabricados con fines militares o bélicos, lo mismo con los explosivos utilizados. Aunque esto represente una buena noticia, también deja de manifiesto la facilidad con la que grupos de civiles pueden cometer este tipo de ataques mediante el acceso en el mercado común de drones y materiales con las que se fabrican los artefactos explosivos a un relativo bajo costo.

En la región de Tierra Caliente, en los estados de Michoacán y Guerrero, se ha registrado un particular incremento de estos ataques perpetuados por la delincuencia organizada durante los últimos meses. En el caso de la parte michoacana de la región, se ha registrado que el grupo de Los Viagras recurre a estos ataques para amedrentar a la población de las comunidades de Loma de los Hoyos, el Guayabo y El Alcalde, en el municipio de Apatzingán.

Por su parte, en la zona guerrerense se ha manifestado el incremento de ataques mediante aeronaves no tripuladas desde mayo, pues habitantes de la comunidad “Nuevo Caracol”, del municipio de Heliodoro Castillo, han denunciado ataques frecuentes con drones que han motivado el desplazamiento intermitente de varios de sus pobladores.

Otras comunidades afectadas por esta violencia han sido El Parotal, en Tecpan de Galeana, así como San Miguel Totolapan, en la sierra guerrerense. En esta última, a la llegada de un grupo de 200 sicarios durante la primera semana de septiembre le antecedió la presencia de drones realizando labores de vigilancia, así como un ataque con explosivos caseros dirigido con uno de estos artefactos.

En el caso de los ataques perpetuados en Guerrero, se ha señalado que los presuntos responsables pertenecen a La Familia Michoacana, la cual estaría librando una batalla en contra Los Tlacos por controlar la región, otra agrupación local.

Sin embargo, aunque la narrativa más difundida habla de conflictos entre organizaciones criminales, lo cierto es que las principales víctimas pertenecen a la población civil. Además, los drones frecuentemente caen en casas, parcelas, escuelas o iglesias, por lo que parecen perseguir el objetivo de amedrentar a la población local más que combatir a otro grupo criminal.

Los ataques contra la población civil adquieren cierta lógica cuando se toma en cuenta que parte de la economía ilegal en la región de Tierra Caliente hoy se nutre de las extorsiones contra campesinos, como en el caso de los productores aguacateros o limoneros en Michoacán. En el caso de Guerrero, además, se ha afectado a otros sectores de la economía popular, como los mercados locales o los comerciantes de pollo. En ese sentido, a las organizaciones criminales les conviene mantener a los pobladores en un estado de terror para que cedan fácilmente a sus demandas y no tomen la iniciativa de contratacarlos.

Además de la reforma presentada ante la Cámara de Diputados, otras medidas han sido tomadas por el Gobierno Federal para contrarrestar el uso de estos aparatos por el hampa. En el caso de la SEDENA, la dependencia ha adquirido un sistema anti-drones con un valor de más de 200 millones de pesos. Por parte de la Guardia Nacional, la corporación ya utiliza sus propios drones en labores de vigilancia en carreteras federales.

Cabe aclarar que el uso de las aeronaves no tripuladas por las organizaciones criminales no se limita a los ataques mediante explosivos caseros. Se han registrado casos en donde se ocupan para trasladar drogas o realizar labores de espionaje contra poblaciones civiles, rivales o autoridades desplegadas. También se han utilizado en las rutas de los coyotes o “tratantes” de migrantes para la vigilancia.

Por último, no se trata de un modus operandi exclusivo de las organizaciones criminales mexicanas, ya que el uso de drones con fines ilícitos ha ocurrido también en países como Brasil, España o Estados Unidos.