30/08/2023 (Ciudad de México). Después de que el lunes 28 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación diera a conocer su solicitud de incremento presupuestal en un 4% para el ejercicio de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este acto como de “gran cinismo”.
“Ojalá y ellos recapaciten… Y no se trata que no tengan para el cumplimiento de sus funciones, incluso que tengan sus sueldos y lo que requieren, pero no en exceso” declaró el mandatario.
Reiteró que será la Cámara de Diputados quien determine si se hace una reducción al presupuesto “pero son capaces, y es lo que hay que ver, si aceptan la decisión de la Cámara de Diputados o se amparan, buscan un recoveco, una interpretación” manifestó López Obrador.
La bancada de Morena ha adelantado que se tratará de respetar los montos solicitados, sin embargo, pedirán un ajuste en cuanto al disfrute de ciertas prestaciones que no tienen relación con las funciones que desempeñan ministros y jueces.
Algunos de estos lujos fueron expuestos por Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado.
https://twitter.com/armentapuebla_/status/1696549993845227797
López Obrador ha hecho énfasis en el dinero que tiene acumulado la Suprema Corte en sus fideicomisos, el cual, asegura, ronda entre los 20 y 25 mil millones de pesos.
Sin embargo, de acuerdo con los reportes del primer semestre del presente año, el Máximo Tribunal suma más de 6 mil 241 millones de pesos en fideicomisos, cifra que supera el monto a incrementar solicitado de 6 mil 109.1 millones de pesos.
El Consejo de la Judicatura Federal, guarda en sus fideicomisos más de 9 mil 176 millones de pesos; siendo que tiene destinado 74 mil 793.3 millones de pesos del presupuesto del próximo año.
Por su parte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene un fideicomiso con 15 millones 943 mil 69.49 pesos
Mientras, el Poder Judicial argumenta que “asfixiar” el presupuesto significaría limitar la impartición de justicia, el presidente sostiene que existen dos posibles caminos para la renovación del Poder Judicial; una que implicaría comprometer a los candidatos a la aprobación de una Reforma. La otra, a través de una consulta popular, pero en esta opción sería la Corte quien tendría que validar su realización.
