18/08/2023 (Ciudad de México). Durante la madrugada de este jueves 17 de agosto, entre 200 y 300 elementos antimotines de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán llevaron a cabo el cerco de un terreno en Ixil, comunidad maya a unos 45 minutos de Mérida, capital del estado. En consecuencia, los elementos impidieron el paso a los ejidatarios que ocupaban el terreno para sus actividades agrícolas.

Según los pobladores, los elementos estarían facilitando el despojo de al menos 300 hectáreas de tierras de uso común. Los beneficiarios de este despojo serían los empresarios Chikri Abimerhi y Gerardo Millet, quienes han buscado de un tiempo para acá beneficiarse de los permisos de construcción para sus distintas empresas.

Luego de que los policías cercaron el lugar, los ejidatarios acudieron como cada madrugada para iniciar su jornada. Sin embargo, al verse impedidos para pasar, los campesinos exigieron la documentación que acreditara la legalidad de la toma del terreno.

Los oficiales se negaron a entregar algún documento que justificara su presencia y los ánimos subieron hasta derivar en un enfrentamiento en el que los elementos policiacos utilizaron piedras, palos y gases lacrimógenos para violentar a los jornaleros. Del hecho resultaron al menos cinco personas de la comunidad heridas, uno de ellos hospitalizado, así como un detenido.

Según los pobladores, durante los días anteriores, drones habían sobrevolado la zona para vigilarlos, así como para realizar los estudios del terreno, principalmente en la noche. Sin embargo, no recibieron ninguna notificación o aviso de la autoridad que indicara la legalidad de esas exploraciones.

La presidenta municipal de Ixil, Sandra Pech Chi, asistió al lugar supuestamente para entregar la documentación que acreditara la toma del terreno por parte de la policía, pero los ejidatarios señalan que no se trataba de una orden de desalojo, sino de copias de una carpeta de investigación que no contaban con firma o sello, lo cual se denunció como fraudulento por los habitantes. Posteriormente, la alcaldesa tomó una foto y se retiró del lugar.

La versión de las autoridades es que se acudió al lugar para cercar el terreno, presuntamente propiedad de los empresarios inmobiliarios. Apuntaron que, a su llegada, el lugar se encontraba vacío y procedieron a cercarlo.

Sin embargo, quedan muchas interrogantes. ¿Por qué habrían enviado 300 policías para cercar un lugar vacío? Esto no se explica si la autoridad no tenía ya contemplada la posibilidad de confrontación con los ejidatarios. Aunado a ello, en los videos que circulan por redes sociales denunciando la agresión y el despojo se puede observar que el número de elementos enviados fue desproporcionado, pues cerca de 300 elementos “contuvieron” – violentaron – a una población de aproximadamente 100 campesinos. Esto implicó un evidente uso excesivo de la fuerza, ya que las fuerzas del orden superaban con creces a los habitantes, poniendo en riesgo la integridad de los ejidatarios, algunos de ellos con niños.

Los habitantes de Ixil han denunciado en diversas ocasiones un patrón replicado por las autoridades municipales y estatales en el que brindan permisos a empresarios turísticos e inmobiliarios de manera ilegal, sin informar o consultar con la comunidad acerca de la viabilidad y aceptación de los proyectos. Además de que no se respetan las leyes ambientales en absoluto.

De hecho, los ejidatarios y vecinos habían evitado desde febrero del presente año un acto más de despojo, cuando la Procuraduría Federal de Protección ambiental clausuró el proyecto inmobiliario Aludra, perteneciente a la compañía Gamkov Desarrollos y que había sido denunciado desde julio de 2022.