11/08/2023 (Ciudad de México). El caso de la mina Calica ha sido uno de los ejemplos del paradigma del ecocidio en México. Ha tenido relevancia, porque el gobierno federal sostiene una lucha contra la empresa minera estadunidense Vulcan Materials ante tribunales internacionales.
La minera no se ha quedado con los brazos cruzados. Desde diciembre de 2018, sostiene una demanda contra el gobierno mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI); le reclama 529 millones de dólares, porque lo acusa de haber violado el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) al clausurar la explotación de piedra caliza.
En medio de tales demandas se encuentran las comunidades indígenas y el medio ambiente, temas centrales en el caso Calica, porque llevaron ante tribunales internacionales la exigencia para que reconocieran las afectaciones a sus derechos humanos, debido a los impactos que tuvo la explotación de esta empresa estadounidense sobre territorio maya.
En el marco de los foros del Proyecto de Nación 2024-2030 realizados por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, Raúl Benet, biólogo y doctor en desarrollo rural, señaló que uno de los argumentos que utilizó la empresa para justificar la razón de su proyecto fue que en la zona no había comunidades.
Quetzal Tzab, integrante del Movimiento Indígena Maya, relató que al menos 37 mil 770 personas viven en un diámetro de 20 km cercanos a la mina, ubicada en el municipio de Solidaridad, en Quintana Roo.
Y es que este proyecto, cuya devastación ambiental se ha expuesto en diversos estudios, fue operado por la empresa Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V., subsidiaria mexicana de la empresa estadounidense Vulcan Materials Company, desde 1986.
En principio pertenecía tanto a la estadounidense Vulcan Materials como a Grupo ICA, pero el loby estadounidense compró Calica en 2001. La empresa se dedicaba a extraer piedra caliza que se exportaba a Estados Unidos, además de operar la Terminal Marítima de Punta Venado.
Los accionistas principales, de acuerdo con Quetzal Tzab, son cercanos al expresidente de Estados Unidos Donald Trump (tal es el caso de quien fue secretario de transporte durante la administración del republicano).
El biólogo recordó que cuando se aprobó este proyecto fue para explotar y extraer roca caliza por debajo del manto freático en el predio La Rosita, sin determinar plazo de vigencia, ni volumen de explotación específico.
En 1996, obtuvo un segundo permiso en dos nuevos predios: El Corchalito y La Adelita, con una superficie conjunta de mil 251 hectáreas.
Y el 30 de noviembre del 2000, un día antes de culminar la administración de Ernesto Zedillo, se otorgó el tercer permiso por 20 años para continuar con la explotación de roca caliza por debajo del manto freático en estos predios.
El biólogo relató que la extracción del material pétreo debajo del manto freático ha causado graves daños ambientales.
De acuerdo con Semarnat, entre los graves daños se encuentra la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo, alteración de la presión del acuífero, riesgo de hundimientos y fracturas del subsuelo, así como en la calidad y pureza del agua, en el drenaje superficial y subterráneo por incrementos en la formación de oquedades, además de la alteración del paisaje natural y la fragmentación de ecosistema de manglar.
Incluso, tal como compartió Quetzal, las comunidades no utilizan el agua de cenotes cercanos a la mina porque tiene un olor nauseabundo.
La lucha jurídica por Calica, empezó en 2017 y 2018, sin embargo, fue en la presente administración que ha escalado a tribunales internacionales.
En julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que antes de que finalice el sexenio se declarará 2 mil hectáreas de Calica como Área Natural Protegida (ANP) y 700 para desarrollo de parques turísticos.
Ante ese panorama, el Quetzal Tzab reconoció el avance y la voluntad política, para atender lo que por cuatro sexenios sólo respondió a los intereses estadounidenses, sin embargo, dijo que son las comunidades las que debe quedar al centro de las decisiones y no intereses privados.
Enfatizó que se deben resarcir los daños y las decisiones deben ser tomadas por las comunidades en favor de sus derechos humanos y del medio ambiente.
“El tema ambiental tiene que ser transversal en política publica”, dijo el biólogo.
Ante ello, Quetzal afirmó que es un avance la nueva Ley Minera, que detendrá el avance de concesiones mineras, a través de la regulación, pero también recordó que está pendiente la aprobación de la reforma constitucional de pueblos indígenas y afromexicano, que los reconoce como sujetos de derecho, por lo cual aún se debe construir un proyecto de nación en donde las comunidades y pueblos indígenas tengan un papel relevante, porque son quienes habitan los territorios.
“El desafío para los pueblos indígenas son latentes, estamos luchando, estamos acostumbrados a mantener esa lucha continua”, dijo Quetzal Tzab.
Actualmente el proyecto minero de Calica se encuentra clausurado, luego de que Profepa realizará una inspección en este año. La demanda que contrapuso el gobierno mexicano fue porque encontró que la minera continuaba con la extracción de material pétreo, a pesar de la clausura.
