07/08/2023 (Ciudad de México). Se cumplieron nueve años desde que la empresa minera Buenavista del Cobre SA de CV, filial de Grupo México, derramara 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado a los ríos Sonora y Bacanuchi. Sin embargo, a pesar del impacto medioambiental que tuvo este suceso, la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió un nuevo resolutivo que corrobora que no se ha realizado la remediación y que no hubo sanciones.

Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) recordaron en el Foro por la vida y el agua del Río Sonora, que se celebró en Parque Madero de Hermosillo, que todavía existen pendientes sobre el caso. Este resolutivo derivó de los juicios de amparo interpuestos por los CCRS, y confirman inconsistencias porque “hubo cálculos que partieron de premisas equivocadas o falsas, lo cual condujo a conclusiones erróneas, que desprotegieron a las personas y al medio ambiente”, acusaron.

Filomena Bonilla, integrante de los CCRS, acusó que las autoridades “piensan que somos ignorantes porque vivimos en pequeñas comunidades. Pero hasta el más ignorante se da cuenta que las autoridades no están haciendo bien las cosas”.

Y es que entre las evidencias que se encontraron en este nuevo resolutivo destacan las toneladas de suelo a remediar y lo reportado finalmente por las empresas fue inconsistente, porque no se rellenó el suelo contaminado con material semejante al de la localidad y el traslado del suelo se hizo a través de un vehículo sin autorización para transportar residuos peligrosos.

El documento expuesto por el CCRS también revela la falta de pronunciamiento, vigilancia y monitoreo por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

“El compromiso de la Conagua era monitorear los sedimentos y calidad del agua por cinco años, concluyendo en 2019, y emitir un pronunciamiento final, en relación con los sedimentos, hasta la fecha seguimos esperando”; denunciaron los afectados.

Advirtieron que si bien las empresas responsables podrían interponer recursos legales, dijeron que eso sería ilegítimo y que no releva ni a Grupo México ni al Estado de su responsabilidad, sino que incrementa la deuda con la remediación del Río Sonora y con los habitantes afectados.


La memoria de un río contaminado por Grupo México


Son nueve años que el derrame tóxico recorrió 254 km hasta llegar a la presa El Molinito, que provee de agua a la ciudad de Hermosillo.

El derrame afectó a más de 22 mil personas de siete municipios situados en la cuenca del río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures. Desde entonces la justicia ha sido una serie de promesas incumplidas por parte de autoridades locales y federales, que no ha atendido la gravedad.

Por este derrame, Profepa impuso a Buenavista del Cobre una multa de 23 millones de pesos a una de las empresas más grandes del mundo. Conagua calcula, según el informe que realizaron los Comités en 2020, que el derrame aportó una masa de 74.8 toneladas de metales al ecosistema, principalmente hierro y aluminio (83%) manganeso y zinc (8%).

Las familias se han visto afectadas de múltiples formas –en su salud, economía y ambiental– y cada año que pasa, continúan a la espera que sean resueltas sus demandas, porque han documentado afectaciones de salud por enfermedades de la piel y de cáncer, así como defunciones asociadas a la contaminación del Río Sonora.

Los integrantes de los Comités señalaron que existen más enfermos de los 381 casos que manejan las cifras oficiales. Además, muchas familias no tienen acceso a agua potable. Y es que hasta ahora, señalaron los integrantes de los Comités, el Fideicomiso prometió 36 plantas potabilizadoras; construyeron 10 y sólo funcionaba la de Bacanuchi, en el municipio de Arizpe y, de manera intermitente, la de La Capilla (Baviácora) y de San Rafael (Ures), tal como denunciaron en el año 2021.

La agenda para la remediación integral no se ha cumplido a cabalidad. Por ejemplo, luego del derrame tóxico en 2014, se creó el Fideicomiso Río Sonora, un mecanismo privado que nació del convenio entre Buenavista del Cobre, SA de CV y el Gobierno Federal, para canalizar recursos necesarios —2 mil millones de pesos comprometidos por la empresa, pero sólo ejerció el 61%— en la remediación ambiental y reparación de los daños.

Sin embargo, los comités han acusado que el mecanismo es opaco, fallido e insuficiente. En enero de 2020, los Comités de Cuenca de Sonora tuvieron un triunfo porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efecto el cierre del Fideicomiso y reconoció que las autoridades ambientales y la empresa Buenavista del Cobre (Grupo México), debieron consultar a las comunidades para implementarlo. Desde entonces en la lucha legal los Comités han logrado tres amparos sobre el Fideicomiso Río Sonora.

Grupo México es la tercera minera de cobre más grande del mundo y propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México.