07/08/2023 (Ciudad de México). El pasado viernes cuatro de agosto de 2023 fue detenido en Cuernavaca, a manos de elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, el fiscal estatal de Morelos Uriel Carmona. La detención ocurrió luego de un fuerte operativo realizado por la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía de Investigación de la Ciudad de México y la Policía Estatal de Morelos colocado desde la mañana del viernes a las afueras del domicilio de Carmona, en la colonia Quintas Martha de la capital morelense.
Uriel Carmona se entregó de manera voluntaria luego de que los elementos le mostraran la orden de aprehensión emitida en su contra. El fiscal fue trasladado de Cuernavaca a la Ciudad de México en un helicóptero de la SEMAR para ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la Ciudad de México (FGCDMX). Desde entonces, ha permanecido en cautiverio, ya que un juez de control de la Ciudad de México determinó que debía permanecer en prisión preventiva justificada por el riesgo que se corría de que “entorpeciera la investigación”.
Sobre el fiscal recae el cargo de obstrucción de la justicia, debido a su actuación en el caso de Ariadna López, una joven de 27 años hallada sin vida en el municipio de Tepoztlán a inicios de noviembre de 2022. A Ariadna la habrían visto por última vez el 30 de octubre, cuando asistió a una cena con algunos amigos en el restaurante Fisher’s de la colonia Condesa, en el centro de la Ciudad de México. Después, acudiría al departamento de una de sus acompañantes, del cual ya no saldría con vida.
Luego de su hallazgo en Tepoztlán, Morelos, la Fiscalía morelense retomaría el caso y señalaría que Ariadna habría fallecido por broncoaspiración debido al exceso de consumo de alcohol. En una conferencia de prensa realizada por la Fiscalía de Morelos, Carmona había apuntado a que no se encontraron “en ella huellas de violencia”, incluso a pesar de los golpes evidentes detectados por los ciclistas que hallaron el cuerpo y por la familia. “Técnicamente, forensemente, hasta este punto, la necropsia no es coincidente con un feminicidio”, concluyó Carmona.
No obstante, familiares de Ariadna acusaron a la Fiscalía de Morelos de revictimizarla por los comentarios relativos al consumo de alcohol (señalando que tenía en su organismo “seis veces” la cantidad necesaria para un estado etílico), así como porque en la primera necropsia realizada por la instancia estatal se ocultó información relativa a la violencia que había sufrido antes de muerta. Ante estas irregularidades, la familia de Ariadna se acercó a la FGCDMX, quien atrajo el caso y realizó una segunda necropsia, concluyendo que Ariadna había sido víctima de violencia y que su muerte se debió a un trauma múltiple causado por golpes contundentes, lo que pondría aún más en duda la labor de la Fiscalía morelense.
Durante una conferencia de prensa emitida por la entonces gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se dio a conocer un video en posesión de la FGCDMX en el que se podía ver al presunto homicida de Ariadna cargando el cuerpo de la joven inconsciente en el estacionamiento del edificio donde se encontraba el departamento al cual acudió luego de la cena. Además, en el departamento se encontraron restos de sangre durante un cateo ordenado por la fiscalía.
Actualmente, dos personas se encuentran vinculadas a proceso por el delito contra Ariadna: Rautel N, quien se presume que es el hombre cargando a Ariadna en el video de la FGCDMX, y Vanessa N, pareja de Rautel y dueña del departamento al cual habrían acudido luego de la cena. En aquel entonces, la FGCDMX habló de una presunta relación entre Rautel y Uriel Carmona que habría sido motivo para protegerlo, aunque no se aclaró la naturaleza de la relación.
Sobre el fiscal morelense recaen otros dos cargos relacionados con su función como funcionario para la procuración de justicia. Por un lado, se le acusa de haber sacado armas de manera ilegal de un cuarto de evidencias en la Fiscalía del estado; por otro, también por su actuar presuntamente negligente en el proceso derivado del asesinato del activista Samir Flores, ocurrido en febrero del año 2019.
Samir Flores tenía 35 años y se oponía a la construcción de una planta termoeléctrica en el municipio de Huexca, Morelos. La termoeléctrica forma parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual incluye en sus planes la construcción de una termoeléctrica más, también en el municipio de Huexca, así como un acueducto y un gasoducto – construido desde 2012– que cruza los territorios de Puebla, Morelos y Tlaxcala, afectando a 29 municipios de los tres estados. En todos los casos, la vida de los pobladores se ve perjudicada, ya sea porque se intensifica la escasez de recursos vitales como el agua o porque pone en jaque a los ejidatarios dedicados a la agricultura.
A Samir lo asesinaron el 20 de febrero de 2019 en su casa, en el municipio de Amilcingo, también afectado por el PIM. Según la versión oficial cuatro sujetos, de los cuales al menos dos iban armados, se acercaron a su hogar y le dispararon en su puerta. Sin embargo, tan sólo un sujeto ha sido vinculado a proceso, por lo que se ha acusado a la Fiscalía morelense de utilizar un chivo expiatorio para dar carpetazo al homicidio.
Desde el viernes, Carmona apuntó a que se trataba de una detención por razones políticas, pues comenzaba a ser “incómodo” para el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, y había iniciado varias carpetas de investigación en su contra. Por su parte, el abogado de Carmona, Rodrigo Ugalde, ha señalado que hubo irregularidades en la detención de su cliente, ya que, señala, la Ciudad de México no puede proceder contra funcionarios de otro estado.
Sin embargo, a pesar de ser un evento sin precedentes – por lo que no se cuentan con protocolos de actuación claros –, no existe realmente un fundamento legal que impida que una fiscalía estatal procese a un fiscal de otro estado. Así, mientras que el Artículo 111 de la Constitución Mexicana protege a los fiscales generales de los estados ante las posibles órdenes de aprehensión en su contra, sólo ocurre cuando los delitos son del fuero federal. Por su parte, en el artículo 136 de la Constitución Morelense se exenta al fiscal del fuero y no es necesario que el Congreso estatal se lo retire para iniciar un proceso en su contra.
