El pasado jueves 27 de julio de 2023, la directora de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Anne Milgram, señaló que los elementos o miembros de los dos cárteles más importantes de México podrían ascender a 44 800.

En su último informe público sobre la vigilancia realizada por la DEA, la mandataria calculó que el Cártel de Sinaloa (CDS) tiene 26 000 integrantes, mientras que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cuenta con 18 800, los cuales tienen presencia en 23 y 19 estados del país, respectivamente. Entre asociados, facilitadores e intermediarios, estos “miembros de los carteles” tendrían también una amplia presencia internacional, encontrándose en más de 40 países.

Este anuncio ocurrió tan solo un día después de la reunión entre varias comitivas de Estados Unidos y México en la que se reafirmaron varios compromisos para trabajar conjuntamente contra el tráfico de fentanilo y el contrabando de armas. Debido a ello, y después de las palabras de Milgram, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusó a las agencias norteamericanas de no coordinarse entre sí, ya que no recibiría ninguna información relativa durante la reunión con las comitivas de la región.

El presidente, además, pondría en duda la veracidad de la información, pidiendo pruebas a la directora de la DEA para sustentarla: “no tenemos esa información, no sé de dónde la sacó la señora de la DEA. Ojalá nos den más detalles”. “Que nos diga cuáles son las pruebas que tienen”, concluyó AMLO.

Ahora bien, las declaraciones de Milgram no resultan aisladas. Por el contrario, el sexenio de AMLO ha estado marcado por declaraciones similares realizadas por funcionarios al frente de agencias de seguridad norteamericanas. El mandatario mexicano hizo memoria también de las declaraciones realizadas por el general Glen VanHerck en marzo de 2021, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, quien señalaría que los cárteles operan en más del 30 % del territorio mexicano, volviendo muchas de estas áreas “ingobernables”.

Al respecto, conviene recordar algunas de las acciones que han generado tensiones entre ambos países en materia de combate al narcotráfico. Una de las más relevantes fue la expulsión de elementos de 14 agencias norteamericanas operando en nuestro país, entre las que se encuentran la CIA, la DEA, el FBI, entre otras. Además, también se identifica la disolución de la Unidad de Investigación Sensible (SIU, por sus siglas en inglés) en abril de 2021. Cabe recordar que esta unidad estuvo involucrada en la fuga de información sensible que derivaría en la masacre de Allende, Coahuila, perpetrada por Los Zetas en 2011.

Otro punto de tensión ha girado en torno a la crisis del fentanilo que se vive en Estados Unidos y la responsabilidad que las élites norteamericanas de seguridad atribuyen al gobierno de nuestro país. Así, por ejemplo, sería la misma directora de la DEA la que haría declaraciones en las cuales señalaría que México no había realizado “lo suficiente” por combatir el tráfico de esta sustancia hacia su país.

En este punto, vale la pena cuestionarnos el papel que las agencias norteamericanas han tenido en la definición de las políticas mexicanas de seguridad. Por lo menos, esto ha sido así desde que, a raíz del asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985, se disolviera la Dirección Federal de Seguridad por presiones norteamericanas.

A partir de ese momento ha sido cada vez más clara la intención intervencionista de las élites norteamericanas que se oculta en las “recomendaciones” que realizan para el manejo de las drogas, aprovechándose del flagelo que ocasiona la violencia criminal en nuestro territorio para impulsar sus intereses. Recomendaciones que, cabe destacar, siempre se han acompañado de presiones diplomáticas y mediáticas como las recientemente realizadas por la directora de la DEA.