Durante los últimos meses se han generado algunas tensiones entre los gobiernos mexicano y estadounidense debido al combate binacional al narcotráfico y sus resultados deficientes. En este contexto, el gobierno norteamericano, a través de distintos representantes e instituciones, ha realizado varios actos de presión mediática y diplomática, responsabilizando discursivamente a nuestro país de una gran parte de los problemas asociados a las drogas que enfrenta la sociedad norteamericana. En estos reclamos, el fentanilo se ha vuelto central.
Uno de los primeros actos de presión diplomática ocurrió en febrero de este año, siendo su protagonista la directora de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Anne Milgram. En una comparecencia ante el Senado de aquel país, Milgram señaló al gobierno mexicano por no haber realizado lo suficiente para combatir la producción y el contrabando ilegales del fentanilo, droga considerada como controlada en territorio estadounidense.
Algunas semanas después, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Lindsey Graham, declaró en una entrevista para Fox Newsque impulsaría una ley para que las fuerzas armadas norteamericanas pudieran intervenir en la lucha contra los cárteles mexicanos de la droga, solicitando incluso que el Departamento de Estado norteamericano los considere organizaciones terroristas transnacionales.
El reclamo de Graham ocurriría luego de que cuatro ciudadanos norteamericanos hubieran sido secuestrados por presuntos miembros de una banda de narcotraficantes en Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza ubicada entre el noreste de nuestro territorio y el estado norteamericano de Texas. En aquella entrevista, el también senador republicano por Carolina del Norte expresó su animadversión de la siguiente manera: “Si continúas dando refugio seguro a los vendedores de fentanilo, entonces tú eres un enemigo para los Estados Unidos”.
Ahora bien, los reclamos norteamericanos ocurren paralelamente a la antesala de las elecciones presidenciales en EUA, por lo que, se sobreentiende, los distintos actores que quieran seguir compitiendo en el sistema político norteamericano – como el expresidente Donald Trump – recurrirán más o menos a esta narrativa cargada de racismo y populismo punitivo contra nuestro país. Sin embargo, aunque estas declaraciones tengan detrás intereses electoreros, es necesario considerar que este tipo de discursos y presiones sí puede tener repercusiones en nuestro territorio.
De hecho, recientemente, ha sido la propia presidencia la encargada de señalar que, durante marzo – mes inmediato posterior a las mayores tensiones entre ambos gobiernos debido al tema del fentanilo–, las autoridades mexicanas reportaron un incremento en las incautaciones de esta droga.
No obstante, el gobierno de la 4T también ha sido un férreo crítico de la actitud de las autoridades norteamericanas frente al tema de drogas, las cuales han buscado históricamente deslindarse de la responsabilidad por los problemas asociados al narcotráfico y el consumo de drogas que han surgido en su propio territorio. En el caso particular del fentanilo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho llamados a que no se utilice el tema del fentanilo con fines “politiqueros”, refiriéndose a ese trasfondo electoral que hay detrás de las declaraciones realizadas por las autoridades norteamericanas recientemente. El presidente, además, dijo que los norteamericanos “ya agarraron que lo del fentanilo es responsabilidad de México”.
Ahora bien, la forma en la que AMLO ha reaccionado ante las declaraciones de las distintas autoridades norteamericanas se debe leer como parte de una búsqueda más amplia por recuperar autonomía en materia de seguridad frente al gobierno norteamericano, luego de que éste haya sido sumamente activo en la definición de las estrategias implementadas en nuestro país desde, por lo menos, el año 1985. Cabe recordar que, en aquel año, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) sería desintegrada luego de las presiones norteamericanas por la presunta participación de algunos de sus elementos en el homicidio del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena.
Los llamados a que Estados Unidos se haga corresponsable del fracaso que ha resultado la guerra contra las drogas se sostienen, en parte, por el papel que las propias autoridades y empresas farmacéuticas norteamericanos han tenido en la crisis del fentanilo, cuyos efectos han sido comparados con los de una pandemia: se señala que, en promedio, mueren 200 estadounidenses a diario en aquel país por sobredosis de esta sustancia.
Sin embargo, la crisis de los opioides es un fenómeno que tiene sus raíces en la comercialización masiva de opiáceos sintéticos en Estados Unidos, la cual ocurrió principalmente a partir de los años noventa. En aquella época, empresas como Johnson & Johnson, Cardinal Health o Purdue Pharma se enriquecieron con la promoción de la venta de opioides mediante campañas y recomendaciones “profesionales” a médicos para que prescribieran sus medicamentos, sin advertir sobre sus consecuencias y efectos secundarios.
La venta en masa de estos fármacos incentivó su consumo problemático entre los pacientes con dolores crónicos y otros padecimientos. No obstante, el sistema legal de venta de opioides controlados no cubriría la demanda de estos pacientes una vez que su tratamiento concluyera, por lo que muchos de ellos, ahora con dependencia, recurrieron al mercado negro para obtener sus dosis. En ese sentido, se entiende, el contacto con los opiáceos sintéticos y la generación sistemática de dependencia a este tipo de medicamentos proviene de prácticas enteramente norteamericanas. Las organizaciones mexicanas, así como las estadounidenses, chinas y canadienses, simplemente llegan a cubrir la demanda de precursores químicos y pastillas de fentanilo de un mercado cada vez más competitivo de estas sustancias.
No debe obviarse, por último, que, en esta crisis, México se encuentra en una disyuntiva entre dos potencias que compiten por la hegemonía global: China y Estados Unidos. En esta competencia, la producción ilegal del fentanilo y su regulación se convierten en un botín político: mientras China lo ocupa como mecanismo de presión contra Norteamérica, los estadounidenses recurren a él para sostener sus campañas políticas internas desde un paradigma punitivista bastante naturalizado e interiorizado, desde el que construyen enemigos que un día puede tener el rostro de un mexicano y, al otro, el de un chino.
