La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) apeló la decisión de la Corte de Massachussets de retirar la demanda en contra de las empresas fabricantes de armas en aquel estado.
El pasado 24 de julio de 2023, el gobierno mexicano presentó una apelación para reactivar la demanda interpuesta desde marzo de 2022 en contra de varias empresas estadounidenses fabricantes de armas cuyos productos terminan en manos de los miembros de la delincuencia organizada de nuestro país.
La demanda fue desechada el pasado 30 de septiembre de 2022 por un juez de Massachussets, argumentando que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) de la Unión Americana brindaba inmunidad a las empresas armamentistas en contra de demandas por daños a terceros.
Sin embargo, a través del abogado y consejero jurídico de la Cancillería mexicana, Alejandro Celorio, el gobierno de México contra argumentó que “La PLCAA no contiene ninguna disposición explícita que señale que pueda ser aplicada frente a daños provocados fuera de territorio estadounidense, por lo que no otorga inmunidad a las empresas por los daños ocasionados en México”. Además de que “las acciones y omisiones cometidas por las empresas de armas forman parte del catálogo de excepciones a la inmunidad que establece la misma ley”, concluyendo que el proceso debe continuar vigente.
Según el texto de la demanda, las empresas Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Ruger y Barrett habrían incurrido en negligencia debido a que, a pesar de tener el conocimiento de que una gran parte de sus productos terminan usados por los cárteles de la droga de nuestro país, “no han implementado ningún mecanismo de monitoreo relacionado con la seguridad pública o control disciplinario en sus sistemas de distribución”.
La negligencia se extiende no sólo por el conocimiento que tienen sobre el destino de las armas, sino porque las propias fabricantes les han hecho adecuaciones que buscan incentivar su compra por los cárteles de la droga; entre las adaptaciones se encuentran las estéticas, como adherir cachas con iconografía relativa al narcotráfico mexicano, o las tácticas, como adecuar los rifles de asalto para volverlos fácilmente automáticos.
Lo que se busca con esta demanda es que “las empresas demandadas compensen al Gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes” por hasta 15 mil millones de dólares, además de que “desarrollen e implementen estándares razonables, verificables, para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores”.
La demanda también afirma que, de acuerdo con lo estipulado por su propio gobierno, el de Estados Unidos, las empresas fabricantes de armas están obligadas a “monitorear, supervisar y establecer condiciones razonables en sus sistemas de distribución para evitar el suministro de armas a criminales”. La respuesta del juez a la solicitud de la Cancillería podría prolongarse hasta por seis meses.
En la actualidad, la SRE mantiene una estrategia legal en contra de las principales empresas de armamento cuyos productos suelen caer en manos de la delincuencia organizada mexicana. Además de la demanda en Massachussets, México se encuentra en espera de la primera audiencia de otra demanda presentada el pasado octubre de 2022 en una corte de Tucson, Arizona, la cual está programada para finales de agosto de este año.
Cabe destacar que la Asociación Industrial del Comercio de las Armas y la Asociación Nacional del Rifle respondieron a la demanda de México desde el pasado agosto de 2021, señalando que lo que se busca es señalar a “un chivo expiatorio” y que la verdadera razón detrás de la violencia en nuestro país “es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado. Son estos cárteles los que hacen uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México”.
Actualmente, se calcula que más de medio millón de armas son traficadas año con año desde el territorio norteamericano hacia nuestro país, por lo que la SRE responsabiliza a las empresas fabricantes hasta por 17 mil homicidios anuales en suelo mexicano.
