Lucía Ischú, comunicadora indígena y activista, vive en el exilio desde el año pasado. Eligió algún punto de Europa como refugio después de salir de forma intempestiva de su natal Guatemala. Huyó dado que fue víctima de hostigamiento y amenazas por su ejercicio periodístico, centrado en la defensa de los derechos humanos. Considera que lo que hoy se vive en el país centroamericano es una “dictadura judicial”. 


“Creo que el país no había enfrentado una situación con tanta incertidumbre, con tanta maraña legal. Creo que es importante decir que Guatemala es una dictadura judicial. Es una dictadura abstracta que viene desencadenándose desde hace muchos años”, afirma en una entrevista virtual con De Raíz.


Desde la invasión de Estados Unidos en el año 1954 para derrocar al presidente Jacobo Arbenz Guzmán, y la posterior guerra civil que duró 36 años, Guatemala sólo ha sido gobernada por juntas militares y partidos de derecha. El capítulo más trágico de este periodo tiene que ver con el genocidio contra el pueblo maya desde 1975 a 1985,  impulsado por el dictador Efraín Ríos Montt. Más de 200 mil personas fueron asesinadas y desaparecidas en este plan de aniquilación.

Lucía es originaria de Totonicapán, uno de los departamentos ubicados en la zona sur-occidental de Guatemala. La región, mayoritariamente  indígena k’iché, se hizo famosa en 2012, después que una fuerte represión por parte del ejército y la policía contra la Asociación de los 48 Cantones dejara un saldo de seis muertos y más de 30 heridos. Estos abusos e injusticias fueron los que prendieron la llama en Lucía para volverse primero activista, y después periodista.


“Ha habido distintos niveles de violencia en los últimos 15 años en Guatemala, pero es en el contexto del gobierno de Alejandro Giammattei que ha habido una escalada. Es a él y al sistema penal a quienes responsabilizó de esta persecución a mi persona. Quien nos exilió es este gobierno”, apunta la comunicadora indígena.


Lucía comenzó a padecer agresiones desde 2016. Sin embargo, la más grave fue el año pasado, cuando documentaba la tala ilegal de un bosque Totonicapán. Su hermana fue víctima de tentativa de homicidio y Lucía fue agredida junto a otras personas que documentaban la tala. Denunció los hechos ante  la Fiscalía de Derechos Humanos. Tras meses sin novedades en las investigaciones, y el aumento de hostilidades en su contra, decidió que era el momento de abandonar el país.


“No tuvimos otra opción que salir casi en clandestinidad. Estoy segura que si se hubiese abierto un caso penal en mi contra, estaría presa en este momento, y no tendría audiencia. Tengo muy claro que para mí la cárcel definitivamente no es una opción”, señala Lucìa.


Guatemala ocupa el puesto 116 entre una lista de 180 países de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa en donde ejercer el periodismo es riesgoso. Los periodistas se enfrentaron, principalmente, a amenazas (34%) y coacciones (15%).

Desde que Giammatei asumió la presidencia, los ataques a la prensa han sido constantes, además de haber limitado el acceso a la información durante la pandemia, de acuerdo con un informe de Human Right Watch.

En el año 2020, la Asociación de Periodistas de Guatemala registró 149 ataques físicos, verbales o restricciones contra periodistas y trabajadores de medios. Hasta agosto de 2021, la organización contabilizó 79 ataques.


Hostigamiento a defensores de Derechos Humanos


La prensa no es el único sector que ha visto aumentar la violencia en su contra. Los defensores de derechos humanos son otro grupo hostigado. Jordán Rodas, ex procurador en esta materia hasta 2022, también salió de Guatemala, después  que el Tribunal Supremo Electoral  le negara la posibilidad de participar, junto a Thelma Cabrera, en las elecciones de este 25 de junio.

Rodas cuenta a De Raíz, desde España, que hay un panorama incierto, porque los derechos políticos están limitados y el régimen actual actúa con respaldo del sector empresarial y con el ejército. Además señala que, en la práctica, no hay libertad de expresión y que la prensa es criminalizada ante cualquier intento de crítica al gobierno.


“No podemos hablar de una democracia. Hablamos de una dictadura, de un régimen autoritario, corporativo, con la participación del sector económico, político conservador y con el respaldo del ejército de Guatemala. Sin duda, el panorama no es nada alentador”, sentencia  el ex procurador de Derechos Humanos desde una pequeña sala.


Hacia futuro, Rodas tiene clara cuál debe ser la estrategia de todos los sectores no representados en las actuales estructuras del estado: “Es oportuno que, ya pasada esta elección del 25 de junio, las fuerzas políticas y democráticas sociales del país, tengamos la capacidad de madurar, de reflexionar más allá de egos, de obsesiones personales. ¿Qué vamos a hacer a corto y largo plazo? Porque de lo contrario vamos a ser avasallados por la fuerza conservadora”.


Jordán y Lucía urgen a que exista otra forma de organización, pero también a que el mundo ponga sus ojos en Guatemala, porque aunque existe una fiscalía especializada en delitos contra periodistas y una Procuraduría de Derechos Humanos, la intimidación y agresiones quedan impunes y la única forma de resguardar la vida es salir al exilio.