La reforma a la Ley de Amparo abre un nuevo frente en el Congreso. Mientras sus promotores buscan evitar las extralimitaciones del Poder Judicial respecto a la labor del Congreso, sus opositores señalan que atenta en contra del derecho de ser representados de manera colectiva.

11/04/2024 (Ciudad de México). Tras la reciente aprobación en comisiones del Senado de la reforma a la Ley de Amparo, la posibilidad de su aprobación en el pleno enfrenta nuevamente a los actores políticos, generando una nueva polémica entre quienes la impulsan y quienes están en contra.

La reforma propuesta busca “limitar la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales de entre los juicios de amparo que se interpongan contra leyes expedidas por los Congresos, o por el Congreso de la Unión, otorguen suspensión provisional y definitiva con efectos generales”, afirmó el senador Ricardo Monreal durante la presentación del proyecto.

Como trasfondo de esta reforma, la iniciativa señala que en los últimos años la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) se ha extralimitado en las suspensiones que permiten tanto la Constitución Política como la Ley Reglamentaria en la materia, por lo que propone eliminar un párrafo en el Artículo 128 de la Ley de Amparo que permite conceder suspensiones excepcionales “si a su juicio [del juzgador] con la medida de la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social”.

Además, se busca adicionar un párrafo al Artículo 148 que prohíba otorgar suspensiones con efectos generales en los juicios de amparo que resuelvan sobre la inconstitucionalidad de normas generales.

Con esta medida, reformas como la hecha a la Ley Eléctrica podrán seguir siendo impugnadas ante el Poder Judicial, pero sin que los juzgadores puedan emitir una suspensión que limite por completo su aplicación, sino únicamente defienda a las personas que hayan realizado dicha impugnación.

Los derechos de la colectividad

Con su aprobación en comisiones, la organización “México Unido Contra la Delincuencia” (MUCD) se ha pronunciado en contra de la aprobación de esta ley, pues considera que con la actual ley existe “un recurso ampliamente utilizado por la sociedad civil para resistir ante las injusticias y arbitrariedades de autoridad y defender sus derechos“.

En entrevista para De Raíz, Maria Vega, abogada integrante del área de Litigio Estratégico de MUCD, precisa que “esa posibilidad que actualmente prevé la Ley de Amparo es de por sí excepcional, porque actualmente sólo se concede este tipo de suspensiones, es decir, suspensiones de normas generales con efectos generales, frente a normas que violan derechos colectivos”, como lo han sido las reformas a la Ley Eléctrica y la reforma que buscaba transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Respecto a la posibilidad de que los derechos humanos de las personas sean vulnerados, la abogada explica que “Si le quitamos la capacidad al juzgador de decidir cuándo una medida con efectos generales es estrictamente necesaria, ponemos en riesgo derechos colectivos.”

Es decir, el riesgo visto con la aprobación de esta ley no se encuentra en la posible violación a derechos humanos individuales, sino a los derechos colectivos y, en especial, al derecho a ser representados por entes jurídicos con la capacidad para sostener costosos juicios de amparo.

Finalmente, María Vega señala que si bien existe una representación democrática en el Congreso que presume la constitucionalidad de las normas legisladas, “la ciudadanía, las personas de a pie, no siempre estamos todos tan enterados de lo que se discute en esas esferas legislativas” por lo que invita a que se realicen foros y debates públicos abiertos “para que nuestros legisladores nos socialicen la iniciativa y entonces debatirla”.

Los argumentos en comisiones del Senado

Entre los argumentos en contra hechos por legisladores de oposición como Laura Ballesteros, senadora de Movimiento Ciudadano, asegura que con esta reforma se va a “dejar en desprotección absoluta a la población que no pueda tener acceso a un abogado”, mientras que Claudia Ruiz Massieu, legisladora llegada al senado por el PRI, argumentó que esta reforma “es una suerte de venganza del oficialismo contra los juzgadores que otorgaron suspensiones tras la aprobación de la reforma eléctrica de 2021”.

Por su parte, el senador por Morena, Rogelio Zamora Guzmán, considera que “los jueces han otorgado la suspensión en perjuicio del interés general, argumentando cosas que no tienen sustento jurídico”. Por su parte, el morenista Reyes Flores Hurtado señaló que “no se pueden suspender los efectos generales de una ley por un amparo solicitado cuando ésta a mí sí me beneficia”, devolviendo la discusión hacia el derecho colectivo de las personas que se ven beneficiadas por la aplicación de una norma general que fue aprobada de manera democrática por los legisladores en el Congreso.