La iniciativa pasa al Senado, quien tendrá hasta abril para aprobarla y enviarla al ejecutivo. La sociedad civil jugará un papel fundamental en presionar para generar políticas públicas y que esta iniciativa pueda ser aplicable en todo el país.
26/03/2024. (Ciudad de México). Luego que este 22 de marzo el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa para prohibir los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), mal llamados “terapias de conversión“, a nivel federal la celebración de este avance no ha parado por esta importante conquista en el reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad sexodiversa.
Tras una acalorada discusión en el pleno y de la férrea oposición del Partido Acción Nacional (PAN) finalmente se aprobó la reforma con 267 votos a favor, 104 en contra y 33 abstenciones.
El tema estuvo contemplado en el orden del día de la sesión durante varias semanas. El debate y eventual aprobación se han pospusieron en tres ocasiones anteriores.
¿Cuáles fueron las barreras para la aprobación de esta ley?
El camino no fue fácil, así lo recuerda Iván Tagle, director de Yaaj México, organización clave que ha impulsado la lucha por los derechos humanos de la población LGBTIQ+. En entrevista con De Raíz detalló que no caben de alegría porque tuvieron que esperar cinco años para la aprobación, dado que estuvo en la congeladora del Congreso.
“Nos tardamos de 2018 hasta el viernes pasado de este año, 2024, para que se animara la Cámara de Diputados a por fin poner esta discusión sobre la mesa. Quiero compartirte que estuve dentro de la Cámara de Diputados y fue muy doloroso escuchar a servidores de la nación llamarnos ‘pedófilos’, ‘zoofílicos’, ‘pervertidos’. Es enfrentarse con la homofobia y la transfobia institucionalizada. Creo que eso hace que se tenga una radiografía de cómo existen esas personas en México, que piensan eso”, lamentó el activista y director de Yaaj México.
Y es que los votos en contra provinieron de la bancada del conservador Partido Acción Nacional (PAN), quienes no sólo se opusieron sino que justificaron su postura con discursos de odio.
Iván expresó a De Raíz preocupación por las narrativas que este partido ha intentado sostener: “nos preocupa que un partido comience a mentir y a desviar la discusión. Se decía que queríamos meter a todos los papás a la cárcel. Más alejados de la realidad no pueden estar”.
¿Qué cambios contempla esta iniciativa?
La iniciativa contempla una reforma a la Ley General de Salud para que se penalice de dos hasta con 6 años de prisión, además de una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) (de 103.740 a 207.480 pesos) a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie las terapias de reorientación sexual.
Además, se contempla aumentar al doble las penas cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, personas adultas mayores o personas con alguna discapacidad.
Iván Tagle explicó a este medio que hay un cambio que contempla “la reinserción social”, un tema que desde 2023 se consideró un criterio orientador, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a partir de la inconstitucionalidad de una de las leyes locales en Baja California.
Este criterio reconoce que estas prácticas son un delito, pero que las penas de remoción de puestos (cuando se trate de funcionarios públicos que financien estas prácticas) o retiro de cédulas profesionales (de profesionales de salud que impartan estas prácticas) no pueden ser permanentes, sino que habrá “reinserción social”.
Le tocará al Senado decidir si integrar o no este criterio.
Hasta ahora 18 entidades han modificado sus códigos penales para prohibir las ECOSIG, entre ellos, Baja California, Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Baja California Sur, Sinaloa, Oaxaca, Jalisco, Colima, Estado de México, y Ciudad de México.
De acuerdo con la organización Yaaj México 15 entidades no han legislado sobre el tema; Chiapas y Durango se niegan a tocar el tema.
Desde el año 2012, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que las terapias de conversión no tienen justificación médica y representan una amenaza para la salud y los derechos humanos de sus víctimas.
¿Qué sigue en esta lucha?
Esta iniciativa todavía tendrá una larga travesía ya que regresa al Senado para que sea aprobada. Sin embargo, los y las senadoras tendrían que dar celeridad ya que las sesiones plenarias terminan en abril y el clima electoral podría retrasar el proceso.
En dado caso que no se apruebe en esta legislatura deberá ser retomada en el segundo semestre de 2024, aunque Iván Tagle se dijo confiado dado el apoyo e impulso que tuvo esta reforma por las senadoras Citlali Hernández (Morena), Patricia Mercado (Movimiento Ciudadano) y Alejandra Lagunes (PVEM), de la mano del politólogo Genaro Lozano y la organización Yaaj México.
“Todavía falta un camino largo: a partir de la aprobación en el Senado. Tendríamos que incidir para que se publique en el Diario Oficial de la Federación y eso implica el apoyo de nuestro Poder Ejecutivo. A partir de que el Estado reconozca esto como un delito es un banderazo de salida, porque tocará diseñar las acciones y las políticas públicas que acompañen esta legislación para prevenir el delito”, relató.
