13/02/2024 (Ciudad de México). En Guatemala, desde hace seis meses, pueblos indígenas y organizaciones urbanas, como parte de una movilización por la defensa de la soberanía popular que eligió como nuevo presidente a Bernardo Arévalo, comenzaron a demandar la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras, del Fiscal de Materia Ramiro Curruchiche y del juez Freddy Orellana.
Los tres fueron denunciados por tener una colusión, que es un término jurídico que indica que entre ellos existe un convenio hecho en forma clandestina, con el objeto de dañar o perjudicar a alguien. Operaban como equipo de persecución política utilizando formatos judiciales contra opositores como el propio Arévalo, hoy presidente guatemalteco; contra defensores de derechos humanos como el indígena maya Bernardo Caal Xol que estuvo encarcelado cuatro años a sola acusación; contra periodistas que denunciaron actos de corrupción gubernamental como el prestigioso director de “El Periódico”, José Rubén Zamora, condenado a seis años de cárcel.
Los sectores sociales movilizados llegaron a la conclusión de que no se trataba sólo de pedir la renuncia de estos operadores, ya que inmediatamente serían sustituidos por otros. Había que plantear a la sociedad guatemalteca retomar los acuerdos de abril de 2016 cuando se organizó el “Diálogo Nacional hacia la reforma de la Justicia en Guatemala”, que luego fueron archivados por ocho años por los gobiernos de derecha de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Hoy Guatemala vive un proceso de transformaciones que puede llevar a reformas democratizadoras del poder judicial.
En Bolivia, hace poco, varias organizaciones de trabajadores campesinos y mineros alineados con el ex presidente Evo Morales, efectuaron por dos semanas un bloqueo de carreteras que paralizó el tránsito de pasajeros y carga entre oriente y occidente del país. Su protesta sólo se levantó cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional (Congreso) aprobó la “Ley de convocatoria a elecciones judiciales”, en las que se elige por voto popular a los máximos magistrados del Órgano Judicial del Estado.
Estos comicios judiciales, en Bolivia, son parte de la Constitución Política del Estado y ya se habían efectuado dos elecciones (el año 2011 y el 2017) debiendo realizarse la tercera el 2023. Pero el gobierno de Luis Arce optó por mantener a las autoridades judiciales con las que ya tenía espurios acuerdos, coordinados por su ministro de Justicia Iván Lima, de no objetar judicialmente los millonarios contratos que se están firmando sobre Hidrocarburos y Litio (las dos mayores riquezas naturales del país). El poder legislativo, dirigido por el vicepresidente David Choquehuanca, fue postergando la convocatoria a las elecciones judiciales, hasta que se cumplieron los plazos legales, lo que motivó a las mismas autoridades cuyos mandatos legalmente ya habían fenecido (el 31 de diciembre de 2023) a aprobar una resolución prorrogando su mandato, lo que inconstitucional. Esa “autoprórroga” detonó la protesta social cuya demanda central era que se cumpla la democratización de la justicia.
En Colombia, grandes movilizaciones sociales pidieron la semana pasada a la Corte Suprema de Justicia que designe en forma transparente una nueva Fiscal General. El saliente Fiscal Francisco Barbosa, designado por la derecha que antes gobernaba el país, fue acusado de desestabilizar al gobierno de Gustavo Petro, con el armado de casos penales para luego derivarlos al Congreso Nacional (donde Petro no tiene mayoría) para forzar la dimisión del presidente de izquierda. Concluido su período de funciones, Barbosa intenta dejar en el cargo como interina a Martha Mancera, actual vicefiscal, que es parte de la misma estructura conservadora y sobre la que hay denuncias de vínculos con grupos delincuenciales colombianos. Las marchas populares son portadoras de la demanda de una profunda reforma judicial en base a la participación de la ciudadanía.
En México actualmente se debate la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de elegir a magistradas y magistrados del Poder Judicial Federal por voto popular.
Son varios países de América Latina donde está en el orden del día la Democratización de la Justicia. La derecha se opone completamente a esta reforma estructural porque, en su lógica conservadora, el poder judicial debe ser aséptico, vale decir que no puede ni debe ser contaminado por el control del pueblo.
