28/11/2023 (Ciudad de México). “Desde las épocas del general Torrijos no se veía una cosa así” aseguran las personas mayores, refiriéndose al militar nacionalista que a partir de 1968 dirigió el más importante proceso de transformación social en Panamá – incluida la recuperación del Canal, que se haría efectiva en 1999- que murió en un raro y nunca investigado accidente de aviación en 1981.
Este movimiento social contra la contaminación minera, que comenzó en octubre con apenas doscientas personas bloqueando una calle, fue aumentando su convocatoria hasta llegar a decenas de miles que a diario marchaban hacia el Parlamento en repudio al contrato entre el gobierno y la Empresa Minera Panamá, filial de la transnacional de capitales canadienses y chinos “First Quantum Minerals Ltd.”.
Se trata de una mina de 13.000 hectáreas que desde hace cuatro años extrae cobre, oro, plata y molibdeno de las profundidades de un área natural conocida como Corredor Biológico Mesoamericano, que es un reservorio compuesto por bosques que atraviesan Centroamérica y que tiene un rol fundamental para la reproducción de la vida silvestre amenazada.
El contrato entró a debate legislativo y luego de algunas maniobras que insinuaban una apertura a las iniciativas sociales, fue aprobado por los legisladores en tiempo récord, remitiéndolo al ejecutivo para su promulgación. El presidente Laurentino Cortizo –un terrateniente ganadero y político de ideas moderadas y favorable a la inversión extranjera que considera que las preocupaciones ambientalistas con secundarias- no tardó nada en emitir la Ley 406 el 20 de octubre de 2023.
Inmediatamente se masificaron las protestas populares exigiendo la anulación de esa Ley. Acorralado, Cortizo propuso realizar un referéndum en diciembre, lo que fue observado por el Tribunal Supremo Electoral y rechazado por los sectores sociales, que consideraron engañosa la propuesta presidencial ya que manteníavigente el contrato ilegítimo.
La “Alianza del Pueblo Unido”, conformada por los sindicatos nacionales de trabajadores en construcción y de maestros, entre otras agrupaciones, comenzó un paro nacional en demanda de la derogación del contrato de concesión minera. Esa huelga fue parte de la movilización y protesta de sectores sociales panameños en defensa de la naturaleza.
Tras meses de agitación social vino la represión estatal. Hace una semana, una concentración en la “Universidad de Panamá” fue intervenida por la policía. El magisterio organizado en la “Asociación de Profesores de la República de Panamá” rechazó las amenazas de recorte salarial que hizo la ministra de educación.
Hasta que el recurso de inconstitucionalidad del contrato llegó a la Corte Suprema de Justicia. Desconfiadas de la institucionalidad, las organizaciones sociales decidieron convocar a una vigilia permanente, que se mantuvo por varios días y noches, a las puertas de la Judicatura, en espera de la decisión. Finalmente, hoy en la madrugada, luego de sesionar toda la noche, el pleno de la Corte Suprema por unanimidad declaró inconstitucional la Ley 406, que aprueba el contrato entre el Estado y la Empresa Minera Panamá. Se trata de una victoria del pueblo panameño en defensa de la naturaleza frente al extractivismo. Ahora el Poder Ejecutivo deberá tomar control de toda el área minera quedando suspendidas las actividadesde la empresa.
Festeja Panamá este triunfo, que se suma al otro triunfo en la consulta popular en Ecuador sobre el Parque Yasuni hace algunos meses. Bien haría la izquierda de América Latina –que destina demasiado tiempo en reuniones tan acartonadas como estériles- en mirar las calles y los campos de América Central, que se está convirtiendo junto a México, un poco más al norte, en el epicentro de los avances sociales. Bien haría la izquierda continental en caer en cuenta de que los movimientos sociales ecologistas están tomando un protagonismo cada vez mayor en el contexto del desastre ambiental que vive el planeta.
