En México no se ha legislado en todo el territorio sobre la tipificación de crímenes de odio. Los delitos continúan a la alza lo que alarma a la comunidad LGBTIQ+. El asesinato de Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrade del Tribunal Electoral de la Ciudad de Aguascalientes, y de su pareja sentimental, Dorian Daniel Nieves Herrera, son el último caso de una larga lista contra este segmento de la población.
16/11/2023 (Ciudad de México). México es uno de los países en donde el marco progresista ha permitido avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. La lucha de este segmento de la población ha dado como resultado el matrimonio igualitario en todo el país, se ha avanzado en la adopción homoparental y en 20 entidades se cuenta con una Ley de Identidad de Género autoelegida.
No obstante hay grandes retos pendientes, entre ellos, quizá el más urgente es tipificar los crímenes de odio. Andrés Treviño, director de la organización Diversidad Sexual y experto en acompañamiento de víctimas de discriminación, sostuvo en entrevista con De Raíz que urge que el país avance en legislar este tipo de violencia, dado que México ocupa el segundo lugar a nivel regional en la perpetración de estos delitos.
¿Cuál es el impacto de llamar “crímenes pasionales” a los crímenes de odio?
Luego de que fueran hallados los cuerpos sin vida de le magistrade Ociel Baena y su pareja Dorian Daniel con signos de violencia en su residencia en Aguascalientes, los titulares con enfoque revictimizante y amarillista no han parado en medios de comunicación.
Las precipitadas conclusiones que ha lanzado la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGA) que apuntan a que Dorian habría presuntamente asesinado a Ociel y clasificando el caso como un “crimen pasional” ha levantado la indignación entre la comunidad sexodiversa y la familia de le magistrade, dado que este término carga consigo un cúmulo de prejuicios y apunta a un intento de cerrar la investigación.
De acuerdo con Andrés Treviño, el impacto de usar este término es el fortalecimiento de la impunidad, dado que se usa como argumento para minimizar los crímenes motivados por odio. “Para darle carpetazo y para imponer la fuerza del olvido sobre las personas de la diversidad sexual. Y esto refleja el desprecio que se tiene hacia nuestras vidas”, critica el defensor.
El término de “crimen pasional” comienza a ser usado desde finales del siglo XIX en Francia, refiriéndose a un delito cuya causa fue incentivada por sentimientos de desengaño, celos, ira o enojo, por lo que no se consideraba un crimen premeditado sino que era incentivado por la exacerbación sentimental impulsada por una repentina alteración de la conciencia. Se aplicaba cuando las personas involucradas tenían una relación sentimental.
En la actualidad este término sigue siendo usado, a pesar de las conquistas jurídicas para tipificar los delitos incentivados por el odio y el desprecio en razón de particularidades como el género. Una de esas conquistas es el reconocimiento del feminicidio.
En el caso de Ociel y Dorian, el director de Diversidad Sexual AC asegura que se rechaza el uso de “crimen pasional” dado que las líneas de investigación no deberían omitir que le magistrade era una figura pública, funcionare y un ícono de la comunidad, además que había denunciado amenazas públicamente.
“Recordemos que en julio asesinaron al activista Ulises Nava, en un evento convocado por le magistrade. Posterior a este suceso, Ociel dijo públicamente que creía que este ataque iba dirigido hacia elle. Esta versión fue suscrita por la propia Fiscalía de Aguascalientes”, comparte Andrés Treviño en entrevista telefónica con el medio.
Recordó que le magistrade solicitó medidas de protección del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y desde entonces era un tema que denunció Ociel Baena en entrevistas, foros y en sus redes sociales, porque las amenazas habían escalado.
No se han tipificado crímenes de odio
“En la Fiscalía están más preocupados por ganar la batalla mediática y cultural en contra del magistrade y no llegar a la verdad de lo que pasó”, aseguró Andrés Treviño. Criticó que se han acumulado razones que apuntan a que el caso no ha sido resuelto y que los medios, así como las autoridades, están construyendo narrativas estigmatizantes al señalar un “conflicto de pareja”, un supuesto consumo de drogas, así como al filtrar imágenes de la escena del crimen y del acta de defunción.
En México, la capital y Jalisco consideran en sus códigos penales agravantes por odio en delitos de homicidio y lesiones. De acuerdo con informes locales, hasta el año pasado sólo 12 estados incluyen tipos penales que agravan sanciones de ataques motivados por el odio. Restan 20 estados.
No obstante, sí existen protocolos e instrumentos para investigar con perspectiva sexual y de género. En 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó en un “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia que involucren la orientación sexual o la identidad de género”.
Además se cuenta con protocolos de actuación para personal de la Procuraduría General de la República, Secretarías de Estado, oficinas de gobierno e instancias del Poder Judicial y de actuación policial Federal y Estatal.
De acuerdo con la organización civil Letra Ese, en el año 2022 se registraron al menos 87 muertes violentas de personas LGBTI+ en el país por motivos presuntamente relacionados con su orientación sexual o identidad o expresión de género.
De 2018 a 2022 suman al menos 453 muertes violentas de personas sexodiversas
“Creo que la muerte del magistrade cambiará profundamente la forma en la que hacemos defensa de derechos LGBTIQ+ en este país, porque pone hasta arriba la urgencia impulsar estrategias de incidencia política, para lograr la ratificación del tipo penal autónomo del crimen de odio. Es una recomendación que se ha hecho ya desde Naciones Unidas, que se ha hecho desde diferentes organismos internacionales de derechos humanos”, concluye Andrés Treviño.
