La SCJN solicitará un incremento del 4% en el presupuesto para ejercer en 2024.
La Suprema Corte de Justicia de la Federación busca un incremento del 4% en su presupuesto para el 2024, así lo dio a conocer este lunes la ministra presidenta, Norma Piña.
“El Poder Federal solicita un incremento real del 4% respecto del presupuesto aprobado para el 2023… Fue aprobado por unanimidad de votos en cada uno de los cuerpos colegiados y se rige por criterios de racionalidad y transparencia, considera ahorros y economías derivados de la aplicación de las medidas de racionalización y austeridad” declaró la funcionaria.
Informó que el monto se basó en las expectativas de inflación establecidas al cierre de este año por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Señaló que los recursos solicitados se traducen aproximadamente en una equivalencia del 0.26% del Producto Interno Bruto de nuestro país, lo que a su vez representa el pago de 1.8 pesos diarios por mexicano.
Norma Piña señaló que las funciones del Poder Judicial Federal para el próximo año tendrán especial relevancia debido al proceso electoral al que se enfrentará el país.
Informó que el proceso electoral 2023-2024 implicará la renovación de más de 20 mil puestos de elección popular, por lo que se exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que tendrá por resolver el Tribunal Electoral.
La ministra explicó que en 2024 el Poder Judicial Federal atenderá el incremento continuo de la demanda de justicia Federal; manifestó que de acuerdo a la tendencia en 2023 el próximo año la Judicatura Federal resolverá 1.3 millones de casos nuevos; por lo que requerirá la creación de 45 órganos jurisdiccionales más debido a la implementación del “Nuevo Modelo de Justicia Laboral”, derivado de las Reformas aprobadas por el Congreso en el marco de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Mexicano en la suscripción del acuerdo internacional T-MEC.
Declaró que los recursos también tendrán destinos para el Consejo de la Judicatura Federal que implementará gradualmente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El
Instituto de la Defensoría Pública, cuya demanda de asesores y defensores registra un crecimiento del 20% anual y que ofrecerá el servicio de manera gratuita.
Por otra parte, también mencionó que una partida será destinada a la seguridad del propio órgano.
“Se dispondrán recursos para el reforzamiento de las medidas de seguridad para las personas que integramos el Poder Judicial Federal. Impartir justicia nunca puede traducirse en una afectación a nuestra integridad personal, ni a la de quienes nos rodean” declaró Norma Piña.
Señaló que la consecuencia directa de “asfixiar” el presupuesto del Poder Judicial Federal significa colocar inmediatamente a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos y que esto significa también reducir la impartición de justicia a una simple declaración de buenas intenciones.
“El acceso a la justicia es un derecho que le cuesta a la sociedad contribuyente, es un derecho que no basta con enunciarlo formalmente en nuestro texto constitucional para que se haga realidad: Para que el derecho a la justicia sea efectivo es indispensable que el Estado destine montos adecuados de los recursos que recauda en este sentido: proteger el acceso a la justicia de las y los mexicanos, no sólo le corresponde al Poder Judicial Federal, sino también directamente al Poder Legislativo que debe asignar los recursos suficientes respetando así en el ejercicio de sus atribuciones las garantías constitucionales que rigen la protección de nuestros derechos.” señaló la ministra.
De conformidad con lo establecido en la Constitución la propuesta se entregó al Poder Ejecutivo Federal que tendrá que presentarla a la Cámara de Diputados, serán los legisladores quienes finalmente determinen si el presupuesto es aprobado o no.
Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró en la conferencia de prensa matutina su postura sobre la necesidad de reformar al Poder Judicial.
“¿Cuál es mi opinión? Que no se deben de permitir excesos, que ganan muchísimo los jueces, los magistrados, los ministros, mucho, mucho, mucho, 600, 700 mil pesos mensuales, ¿escucharon? 600 y hasta 700 mil pesos mensuales”.
El mandatario puso como ejemplo al Licenciado Ricardo Márquez Blas, recién contratado por la ministra presidenta Norma Piña, y a quien es excolaborador de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en México durante el sexenio de Felipe Calderón y quien actualmente enfrenta un proceso penal en Estados Unidos bajo los cargos de delincuencia organizada, tráfico de cocaína y mentir a autoridades estadounidenses.
Ricardo Márquez Blas, al igual que los ministros de la SCJN, goza de un sueldo superior al del presidente de México, lo cual viola lo establecido en la Constitución Mexicana de que ningún servidor público puede percibir mayor salario que el del titular del Poder Ejecutivo Federal.
El presidente señaló que el nuevo servidor público recibe prestaciones a las que él incluso renunció.
“Pero tiene de todo: tiene viáticos, tiene seguro médico privado, tiene caja de ahorro especial. Ese, cuando termine, se lleva nada más por la caja de ahorro especial, con cargo al presupuesto, se debe de llevar como ocho, 10 millones de pesos adicionales, o sea, como finiquito, como liquidación de la caja de ahorro, porque si gana 120, si deja 20 de ahorro, le ponen 20 más y ya ahorró 40, o sea que al año ahorra 500 mil; si se está 10 años, pues son cinco millones que se lleva. Pero para mantener esa caja de ahorro se utiliza dinero del presupuesto público, que es dinero de todos.”
López Obrador aseguró que se trata de un abuso, esto sin mencionar el fideicomiso con el que cuenta el Poder Judicial estimado en 20 mil millones de pesos. El mandatario después de reiterar su propuesta se adelantó a la posible reacción y respuesta que tendrían los ministros.
“Claro, están tan cínicos que, aunque les quiten o les reduzcan el presupuesto para estos excesos, se van a amparar ellos mismos” finalizó el presidente.