23/08/2023 (Ciudad de México). Organizaciones ciudadanas exigen que se apruebe la iniciativa de reforma a Ley General de Educación referente a transformar la salud alimentaria en escuelas mexicanas; en la actualidad se encuentra detenida en la Comisión de Estudios Legislativos, por lo que urgen su aprobación en este período, a favor del interés superior de la salud de niños y niñas.
Esa reforma contempla no sólo la promoción de una vida saludable, sino también la regulación de entornos escolares sin conflicto de interés, para que las infancias accedan a alimentos naturales, con el objetivo de promover ambientes escolares saludables como parte, también, del nuevo modelo educativo.
Eso significa, de acuerdo con Liliana Bahena, coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable, que se regularía la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas que produce la industria de alimentos procesados.
La exigencia de estas organizaciones, conformadas por el Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), se enmarca en el inicio del nuevo ciclo escolar 2023-2024 y en el nuevo modelo educativo de la escuela mexicana, que contempla una visión integral y en donde la alimentación saludable forma parte de ella, por lo que hacen un llamado a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) se una a la demanda ante el Senado, dado que hasta ahora no ha sostenido diálogos con las organizaciones, externó Bahena a este medio.
“En el año 2010 se crea una regulación que prohíbe toda la venta de comida chatarra al interior de las escuelas, al mismo tiempo de dar acceso y disponibilidad a alimentos naturales y saludables. […] Es una regulación obligatoria y es lo que hoy deberís estarse cumpliendo. La realidad es que a 13 años de esa regulación vigente, obligatoria y sancionable, no se cumple”, relató Liliana Bahena a De Raíz.
Un contexto preocupante: obesidad y sobrepeso infantil
El sobreso y obsesidad infantil es una de las problemáticas más severas que se enfrenta en México. De acuerdo con investigaciones científicas, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y adultos ha incrementado en las últimas tres décadas, lo que ha llevado a México a ser uno de los dos países con mayor prevalencia de obesidad en el mundo.
De acuerdo con Global Health Observatory, México es uno de los cinco países de América Latina con la prevalencia más alta de sobrepeso (9%) en niños menores de cinco años, junto con Argentina (9.9%), Paraguay (11.7%), Barbados (12.2%) y Belice (13.7%). En el caso de niños mayores de cinco años, México es el país con la prevalencia más alta de sobrepeso (43.9%) en la región.
El aumento de obesidad es asociada al aumento de incidencia de diabetes: su prevalencia en el país aumentó de 6.7% en 1993, a 12.9% en 2016. De acuerdo con un estudio reciente, la prevalencia de obesidad infantil y adolescentes mexicanos aumentó 12.0% desde 1990 a 43.3% en 2022
Actualmente, cerca de 4 millones de niñas y niños en edad escolar viven con obesidad infantil y las escuelas forman parte del problema. Las consecuencias no sólo se expresan en la salud sino también en la economía, ya que la atención por diabetes asciende a más de 650 mil millones de pesos anuales, expresan las organizaciones.
Regular y aprobar la reforma pese a oposición de empresas de comida chatarra
Ante ese panorama ambas organizaciones lanzaron la plataforma Mi Escuela Saludable, un espacio virtual en donde la comunidad escolar puede señalar los espacios que cumplen o no con la ley actual con respecto a la venta y expendio de alimentos y bebidas.
Durante el ciclo escolar 2022-2023, la plataforma recibió un total de 13 mil 432 reportes de 9 mil 381 escuelas del país. En ellos se reveló que 98% de escuelas venden comida chatarra, 93% venden bebidas azucaradas, 76% venden refrescos con azúcar y 75% tienen venta externa de esos productos.
Con respecto a acciones que se vinculan a alimentación saludable, se reveló que sólo dos de cada 10 escuelas tienen acceso a frutas, verduras y bebederos funcionales. Nueve de cada 10 no cuentan con un comité que vigile la regulación de la ley actual.
Bahena asegura a De Raíz que la industria alimentaria de productos procesados tiene una responsablidad alta en las determinantes comerciantes de la salud, tal como ocurrió en la iniciativa del etiquetado claro, cuando se opuso argumentando un impacto negativo a las ganacias privadas.
No obstante, uno de los problemas que más preocupan a las organizaciones civiles es que la industria alimentaria ha permeado en políticas públicas, principalmente en la del año 2010.
“Cuando se crearon los lineamientos, la industria alimentaria se puso de frente y dijo ‘no, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación no pueden sacar esto, por que no nos toman en cuenta’, entonces se sentaron en la mesa a platicar con la industria alimentaria y fue cuando hubo conflicto de intereses”, denunció la coordinadora del programa e integrante del Poder del Consumidor.
El conflicto de interés persiste, porque los criterios nutrimentales se establecieron a favor de lo que dictara la industria alimentaria.
“La industria alimentaria está queriendo participar en el diseño de políticas públicas cuando es un ente que no debería participar ni estar sentado en ninguna mesa, por eso no se cumple esta regulación, porque debilitaron las áreas más importantes: los criterios nutrimentales y la de responsabilidad. No hay especificidad en la regulación sobre los entes que deben vigilar el cumplimiento de la regulación ni las sanciones, no está nada detallado”, asevera Bahena.
Es así que las organizaciones recordaron que la Comisión de Educación de la cámara Senadores aprobó por unanimidad la reforma a la Ley General de Educación, avalada por organismos de Naciones Unidas. Sin embargo, exigieron que se de paso a la aprobación en la Comisión de Estudios Legislativos en el período más próximo.
Además, piden a la SEP unirse a favor de esas propuestas, dado que no han dialogado tampoco con las organizaciones.
“Es un momento clave, donde todo debe de verse de forma integral: la educación nutricional, la orientación alimentaria. Ahora hay una oportunidad de aplicarse en el nuevo modelo educativo desde las escuelas. Que se integre la transversalidad de vida saludable con temáticas actualizadas. El llamado sería a que la Comisión de Estudios Legislativos del Senado enliste en su más próxima reunión esta reforma, que no lo aplace”, concluyó Liliana Bahena.
