22/08/2023 (Ciudad de México). Como parte del Informe “Cero Impunidad”, Arturo Medina, Procurador Fiscal, dio a conocer las diferentes formas en las que jueces y magistrados del poder judicial retrasan los procesos que permitirían al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cobrar los impuestos debidos por grandes contribuyentes. La suma de estos adeudos ascienden a alrededor de 80 mil millones de pesos, cantidad suficiente para financiar el programa ‘Jóvenes Construyendo Futuro’ durante tres años y medio, agregó el Procurador Fiscal.

Sin dar a conocer los nombres de las empresas que defraudan y evaden el pago de evento, el funcionario mencionó que se trata de tres casos particulares. El primero se integra por 17 grandes contribuyentes con un adeudo de más de 54 mil millones; el segundo, una empresa del Bajío que adeuda 300 millones; y la tercera, una empresa de gran tamaño con presencia nacional, misma que presenta una deuda por más de 25 mil millones de pesos.

Hasta el momento todas estas empresas han logrado evadir el pago de sus impuestos gracias a los retrasos ilegales que promueven los jueces y magistrados encargados de dichos procesos, o incluso emitiendo fallos que indirectamente benefician a las empresas.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó: “No estoy diciendo que los jueces deban dar la razón al gobierno para recuperar ese dinero. Estoy planteando que se resuelvan de conformidad con la ley.”

Primer caso: 55 mil millones

Sobre el primer caso se expuso que de las denuncias presentadas a 17 grandes contribuyentes, el poder judicial ha retrasado excesivamente las audiencias de 14 de estos. La estrategia detectada consiste en que una vez presentada la denuncia por el Ministerio Público, éste solicita al Juez de Control que cite a los imputados para la audiencia inicial; sin embargo, pese a lo establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales, que da un término de 15 días, “los jueces de control no agendan las fechas ni la hora para la celebración de la audiencia inicial. En ocasiones, lo han hecho 18 meses después”, afirmó Arturo Medina.

En este caso, sólo se ha iniciado el proceso judicial para 3 de estos 17 contribuyentes, sin embargo, estos tres representan menos del 2% del monto adeudado, quedando sin inicio de juicio los casos que suman un total por más de 54 mil millones de pesos.

Segundo caso: 300 millones

Para el caso de la empresa del Bajío, el funcionario detalló que el proceso penal ya ha empezado. Sin embargo, el juez Eduardo Alberto Osorio Rosado “emite fallos que ignoran los argumentos de la SHCP, puesto que sostiene que esta Secretaría no está facultada para defender los recursos del pueblo, y por ende, desconoce nuestra calidad de víctima y ofendido en el proceso penal”, pese a Jurisprudencia existentes y criterios ya expuestos por la SCJN, afirmó Arturo Medina.

Pese a estas determinaciones hechas por el juez, el el Procurador Fiscal dio a conocer que los abogados hacendarios han logrado revertir algunas de ellas y el proceso continua. Ademas, informó que se presentará una queja administrativa contra el juez o incluso una denuncia “porque estas conductas podría constituir delitos cometidos en contra de la administración de justicia”, agregó.

Tercer caso: 25 mil millones

Respecto a la empresa con presencia nacional, Arturo Medina detalló que ésta no ha pagado sus impuestos desde hace 13 años, por lo cual también enfrenta diversos procesos judiciales.

Como parte de la estrategia evasora de esta empresa, el funcionario detalló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también juega un rol relevante, pues la empresa pide la intervención de este órgano de justicia “con el pretexto que son novedosos y relevantes”. Una vez que la SCJN ejerce sus facultades de atracción para estos casos, los jueces son omisos en resolverlos sin que expongan alguna causa justificada.

Medina Padilla señaló que uno de estos procesos está cargo del ministro Luis María Aguilar Morales quien “con el pretexto de la excepcional facultad de atracción, solicitada por parte de la empresa, pidió al pleno de la Suprema Corte analizarlos y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada” durante más de ocho meses, agregó.

Por este último caso, el funcionario informó que se presentará una queja contra el ministro Aguilar Morales, pues “este estilo de actuación selectiva, dirigida y controlada en la administración de justicia debe erradicarse”, finalizó.

Por su parte, sobre este caso el presidente López Obrador señaló que “se está denunciando, porque sino nosotros terminamos como alcahuetes, como cómplices, no, si no se da a conocer pues ahí se lleva el resto del año. Ojalá y ya resuelva porque se trata de 25 mil millones de pesos, y para las partes lo mejor es que se decida en un sentido o en otro de conformidad con la ley, pero no mantenerlo ahí guardado, archivado, el expediente”. El mandatario señaló que este montó puede representar el presupuesto de Baja California Sur, Tlaxcala o el de Zacatecas.