Hace cuatro meses, el actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, un empresario que cree firmemente en el neoliberalismo económico, para evitar que el legislativo le abra un juicio de responsabilidades, activó una cláusula constitucional conocida como “muerte cruzada”. Es un mecanismo que sólo puede aplicarse cuando el régimen presidencialista choca contra la institucionalidad del Congreso, o Asamblea Nacional como se llama en Ecuador. En ese momento, el presidente puede disolver el legislativo en el que la oposición es mayoría, pero al hacerlo debe también dimitir, ya que la condición es que se debe convocar inmediatamente a elecciones generales.
El Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones para el próximo domingo 20 de agosto. Desde entonces, en la corta pero intensa campaña electoral, ha tomado la delantera el “Movimiento Revolución Ciudadana”, una organización de izquierda que reivindica el legado del ex presidente Rafael Correa, y que ganó las elecciones municipales de hace un año. Se presenta a estos comicios con el binomio conformado por la abogada Luisa Gonzáles y el economista Andrés Aráoz.
Pero, y no por casualidad, en medio de esta etapa electoral se ha agudizado la crisis de seguridad ciudadana, incrementándose los índices delictivos y el accionar de las bandas criminales, varias de ellas vinculadas al narcotráfico. Lo que durante la década del correismo (2007 – 2017) era un orgullo nacional –sus niveles de seguridad pública y control del crimen- se ha perdido durante el gobierno de Lenin Moreno y el de Lasso, al mismo tiempo que hacía estragos la pandemia del COVID y comenzaba el deterioro económico. Sólo para mencionar un parámetro: desde el 2021 son frecuentes los motines en varias cárceles, con enfrentamientos entre pandillas que han dejado al menos 500 presos asesinados en 14 sangrientos episodios de amotinamiento. Nunca en la historia carcelaria ecuatoriana hubo tanta violencia y tanta muerte.
Ecuador vive un complicado proceso electoral. En estos cuatro meses los atentados mortales contra personas con notoriedad pública son cada vez más impactantes. A mediados de junio fue asesinado el concejal Jairo Olaya por sicarios que le atacaron cuando salía de una entrevista y circulaba en su vehículo; Olaya era concejal de la ciudad de Esmeraldas y militante del Movimiento Revolución Ciudadana. En julio narcotraficantes armados mataron a Agustín Intriago, alcalde de ideología liberal de la ciudad de Manta, un importante puerto sobre el océano Pacífico de 200 mil habitantes. Hace dos días pierde la vida Fernando Villavicencio, candidato presidencial del derechista Movimiento Construye, al que disparan sicarios cuando salía de una reunión con sus adherentes en un colegio al norte de Quito.
Las investigaciones fiscales apuntan a una banda armada vinculada al narcotráfico como organizadora del crimen político, lo que no fue óbice para que sectores políticos ultraconservadores intentaran utilizar la muerte de Villavicencio para manchar a la izquierda, atribuyéndole el origen de todos los males del país en una intensa campaña en redes sociales. No pegó en la sociedad ecuatoriana. Y no lo hizo por la sencilla razón de que fue en los gobiernos de izquierda que se tenía tranquilidad ciudadana.
El saliente presidente Lasso, ha tenido que declarar estado de excepción por la ola de crímenes que sacude a Ecuador. Se mantienen las elecciones para el 20 de agosto y sigue el correismo encabezando todas las encuestas en un proceso democrático que sobrevivirá a todas las amenazas.
