El pasado 12 de julio fue publicado un editorial en El Deber –el más importante medio de comunicación del país- titulado: “En esto termina el populismo siglo XXI” con varios argumentos sin fundamento respecto a la realidad boliviana, los cuales cuestionamos para dar la posibilidad de contrastar enfoques. Veamos:

“Los 16 años del populismo masista; dirigidos desde Cuba, han dejado trágicas secuelas en Bolivia”.

La vertiente que llama a los gobiernos de izquierda o progresistas en América Latina como gobiernos sometidos a “dictaduras de Cuba y Venezuela” tiene origen en la corriente anticomunista formada desde Estados Unidos luego de la revolución cubana; desde entonces Estados Unidos financió varios movimientos civiles e incluso golpes militares para “frenar la amenaza comunista” y continúa haciéndolo con su política de intervencionismo disfrazada de “apoyo a la democracia”.

“El rasgo más trágico es la destrucción de la verdadera democracia, que el pueblo de Bolivia recuperó de las sangrientas garras del Plan Cóndor en 1982”.

Este argumento es fraudulento porque no dice que la política anticomunista norteamericana organizó y financió el Plan Cóndor, tal como lo señala este fragmento publicado en The New York Times el 12 de abril de 2019 por Ernesto Londoño: “Estados Unidos apoyó en distintos niveles las juntas militares que tomaron el poder en América Latina durante la Guerra Fría. Los oficiales militares latinoamericanos recibieron capacitación en técnicas violentas de contrainsurgencia en la Escuela de las Américas mientras Washington acudía a esos gobiernos aliados para detener el paso de movimientos comunistas en la región”

“Hoy existen más de 250 presos, perseguidos y refugiados políticos, que luchan por la libertad de la patria.”

Esa línea anticomunista llama “héroes” a quienes perpetraron los crímenes y masacres cometidas el 2019 por parte del Gobierno de facto de Jeanine Añez promovido por gente como Luis Fernando Camacho; basta ver el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del año 2021, que concluye que hubo ejecuciones sumarias y masacres durante el golpe de Estado de noviembre del 2019, éstas deben ser sancionadas y los autores procesados. No es poco lo que señaló el gobernador cruceño Camacho al confesar públicamente que su padre negoció con el ejército el amotinamiento para pedir la renuncia del Presidente. Esa gente, autores directos e indirectos, materiales e intelectuales del golpismo es la que está siendo procesada judicialmente en Bolivia.

“Bolivia es un país al borde de la bancarrota, como lo demuestran las diferentes calificadoras internacionales de riesgo”

Ninguna de las calificadoras de riesgo señaló que el país estuviera cerca a la bancarrota, pero sí enfocaron el bloqueo interno a la gestión económica, y un elemento que permite ver la solvencia económica del país son las evaluaciones de organismos internacionales que viabilizan créditos a nuestro país, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina.

Otro dato importante es el de la deuda externa de Bolivia, que ahora representa el 29,2% del Producto Interno Bruto (PIB), en contraste al año 2020 que llegó al 31,1%, esta reducción responde al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) ya que la deuda se mide en proporción a ese indicador.

“En lo social tenemos el segundo país más pobre de Sudamérica”.

Bolivia es el país en América Latina que más ha reducido la pobreza extrema y moderada; el año 2005 el índice de pobreza llegaba al 39,6% y la pobreza extrema al 22%, el 2021 esos indicadores bajaron al 10,2% y 3,9% respectivamente, y estos son datos de Comisión Económica para América Latina (CEPAL) abiertos a libre consulta en su página oficial.

Otro indicador ilustrativo para evaluar la pobreza lo expone Vaclav Smil, profesor emérito en la Universidad de Manitoba de Canadá, en su texto “Los números no mienten” señala que la mortalidad infantil es un indicador importante para evaluar el nivel de pobreza y calidad de vida porque reúne varias condiciones críticas, atención sanitaria, atención prenatal, perinatal y neonatal adecuadas, nutrición de la madre e hijo, condiciones de vida y sanitarias, acceso a asistencia social en un periodo crítico de la vida, el primer año.

En ese indicador Bolivia refleja la mayor reducción de mortalidad infantil en la región, el año 2005 la tasa de mortalidad de bebés era de 43 por cada mil nacidos vivos, el 2021 bajó a 20 por cada mil nacidos vivos.

Todos estos elementos de propaganda negativa que utiliza la derecha boliviana, conducen a las siguientes conclusiones:

Primera, el movimiento antiprogresista no expresa ideales democráticos sino ultraconservadores, que no reconocen los avances y transformaciones logrados en Bolivia, lo que es parecido con todas las derechas latinoamericanas.

Segunda, su lectura sesgada de la realidad le lleva a interpretar una situación de crisis que es útil a ese tipo de movimientos para tratar de proponer una agenda de restauración neoliberal.

Tercera, Bolivia ha cambiado mucho en estos años y sigue cambiando en un contexto crítico para la economía mundial y eso también debe ser constantemente informado a la población, que no sólo no se han recortado derechos o inversiones sociales, sino que se han preservado o incrementado.

Edmundo Juan Nogales Arancibia es abogado, analista y columnista en varios medios bolivianos.