“Queremos regresar a nuestro pueblo”: desplazadas triquis de San Juan Copala

La comunidad triqui vive en un peregrinar por desplazamiento forzado interno desde hace 13 años; el año pasado fueron desalojados de Oaxaca y piden retornar a su comunidad.


Ha pasado mucho tiempo desde que Sergia Cepeda y Ernestina Álvarez salieron huyendo de su comunidad. Ambas forman parte de la población triqui que huyeron de la violencia perpetrada por grupos paramilitares en el municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca.


A trece años de distancia de esos eventos y de un largo peregrinar, las mujeres triquis piden la resolución de la paz y ser tomadas en cuenta, para que retornen de forma segura, “queremos regresar a nuestro pueblo”, señalan las desplazadas a De Raíz.


Memoria desplazada

El tiempo no ha cobrado estragos y su memoria está intacta sobre el día que salieron, pero también sobre el día que fueron desalojados en la ciudad de Oaxaca. Ese recuerdo está fresco, porque se dio el primero de diciembre del año pasado, cuando Salomón Jara asumió el gobierno de Oaxaca: los triquis que permanecían en plantón desde hace 12 años, frente al Palacio de Gobierno, fueron desalojados en un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Vial. 

Principalmente mujeres, niños y niñas, fueron levantados. Sus cosas fueron arrojadas a la basura y en un cerrar de ojos, la plaza fue limpiada. El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, alegó que “ese retiro fue porque las mujeres triquis estaban comercializando en vía pública, cuestión que no está permitida”.

Además, la actuación de violencia perpetrada por los elementos de seguridad se justificó, según dijo el secretario de Gobierno de Oaxaca, porque las triquis agredieron a las inspectoras del Comercio Ambulante del Municipio de Oaxaca, luego de que les pidieron no comercializar.

Ernestina recuerda con amargura esos eventos.

“Nos echaron a la calle y nos echaron la basura como si fuéramos cualquier cosa. Sin importar que éramos una persona que sí valía nuestro derecho como humano. Y sin embargo nos sopetiaron, nos tiraron en el carro de volteo de basura, nos echaron nuestras cosas. Hasta una niña ya se iba en el carro. Era la 1:15 de la mañana y eso pasó a nosotros”, contó a De Raíz con un dejo de tristeza.

El caso de la comunidad triqui de San Juan Copala se antecede desde hace 13 años, cuando tuvieron que desplazarse a otros lugares, como al centro de Oaxaca, debido a la violencia que prevalece en su comunidad.

Su caso es uno de los que ejemplifica el Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, un fenómeno cuya existencia y gravedad fue reconocido de forma reciente, en 2019.

Entre las características de este tipo de desplazamiento resalta que las personas salen de sus lugares de origen para huir de la violencia generalizada: por amenazas y persecución, por inseguridad, por presencia de grupos del crimen organizado o paramilitares. Este último es el caso de la comunidad triqui. Huyen porque es la única opción para salvaguardar su vida.

Entre enero y junio del 2022, la CMDPDH documentó 14 episodios de desplazamiento interno masivo causado por violencia en Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas.

El reciente informe de “Personas defensoras de derechos humanos y periodistas en situación de desplazamiento forzado interno en México”(2023) señala que las fuentes oficiales, como el Censo de INEGI (2020), contabilizó que entre 2015 y 2020, al menos 251 mil 513 personas migraron de manera interna a causa de la inseguridad delictiva o violencia (frente a 24 mil 175 que tuvieron que hacerlo debido a fenómenos naturales).


El desplazamiento forzado interno que vive la población triqui responde a un proceso histórico y político, en donde los partidos políticos y los cuerpos paramilitares han jugado un papel fundamental desde los años sesenta, asegura la investigadora Susana Flores.

El conflicto armado se resume en las tensiones entre dos organizaciones, principalmente: el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y UBISORT (Unidad de Bienestar Social en la Región Triqui), quienes disputaban el control político y territorial de la zona. En enero de 2007 disidentes de ambas organizaciones crearon el Municipio Autónomo de San Juan Copala (MASJC), ubicado en la región triqui de la mixteca de Oaxaca.

Uno de los propósitos al instalar un gobierno indígena fue pacificar la región, sin embargo, ocurrió lo contrario: en septiembre de 2010 se registró una escalada de violencia que obligó a casi 600 personas salir huyendo de San Juan Copala. Se registraron asesinatos masivos y ataques de todo tipo.


“Ese desplazamiento se llevó a cabo en el periodo de Ulises Ruiz Ortiz, ya pasó el periodo de Gabino Cue, el de Alejandro Murat y ahorita está el gobierno de Salomón Jara. Gobierno que entra y se va, pareciera ser borrón y cuenta nueva” critica Hilda Nereida, quien acompaña el caso desde hace 12 años, en entrevista con De Raíz.

Para Sergia que tuvo que dejar incluso a su familia, esta situación le ha traído tristeza y rabia ante la indiferencia de los gobiernos para atender la problemática sin dar soluciones concretas.

“Es triste, porque en un momento diste toda tu vida ahí en el pueblo. Ahí está tu raíz, y lamentablemente ya no puedes regresar y nadie te escucha. La exigencia lo hacen de caso omiso, más que nada los gobiernos de los tres niveles, y nos da esa tristeza, y a la vez coraje, porque ya no puedes disfrutar libremente tus derechos […]. Todo lo que es un pueblo originario”, asegura la desplazada triqui.


Intentos de paz sin resolución


El 29 de enero de 2021, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos humanos, población y migración de la Secretaría de Gobernación, dijo durante una conferencia matutina que se propondría una mesa de diálogo y de reconciliación para resolver el conflicto de la comunidad triqui en Oaxaca.


A lo largo de ese año se impulsaron esfuerzos de diálogos por la paz. En diciembre del año pasado, las tres organizaciones en conflicto, el gobierno federal y estatal instalaron la Mesa de Construcción de Paz con Justicia y Bienestar para la Nación Triqui.


Al respecto, Sergia recuerda que asistieron compañeras de Tierra Blanca Copala. Sin embargo, las mujeres desplazadas de San Juan Copala no fueron llamadas a esas mesas.


“También somos víctimas y somos de la región triqui y tenemos el derecho de estar en esa mesa. No fuimos contempladas. Hemos estado insistiendo que seamos contempladas en esa mesa. Se hizo caso omiso”, denunció.

Con cada gobierno que ha pasado se han intentado cumplir las medidas cautelares 197/2010 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a 134 personas de la comunidad triqui, desde el 7 de octubre de 2010.

Esas medidas fueron dadas debido a la condición de desplazamiento, previo a los ataques que se registraron en ese año, y que dejaron un saldo de 25 personas asesinadas y 17 personas heridas. Las medidas fueron levantadas los primeros días de diciembre del 2022.

Entre las acciones que se intentaron cumplir estuvo lo de rentarles lugares o albergues, darles despensas, becas para sus hijos o apoyos escolares, pero quedaron ahí, como intentos. Fueron insuficientes, “inclusive hubo convenios de reubicación temporal, pero esas reubicaciones fueron un fracaso porque el gobierno del estado en el periodo de Gabino Cue, junto con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, encabezado por Arturo Peimbert Calvo, pues no se concretaron y lo único que provocó es la división entre los desplazados”, relató la defensora del pueblo triqui, Hilda Nereida.

Pero todo continúa igual: Ernestina y Sergia siguen fuera de su hogar, al igual que el resto de sus compañeras, porque la mayoría son mujeres y sus hijos e hijas. La organización interna ha sido menguada por esos intentos fallidos, pero también por los efectos mismos del desplazamiento.

Muchas triquis, cuenta Sergia, tuvieron que desplazarse a Ciudad de México, pero otras se fueron a Querétaro, Coahuila, Guanajuato, y a Estados Unidos, para trabajar.

Cada vez que se acerca un diálogo, asegura Sergia, se registran nuevos ataques. El pasado 17 de junio, en Copala, dos mujeres triquis integrantes del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), fueron asesinadas tras una emboscada.

“¿Por qué las mujeres? ¿Qué va a pasar también con nuestros hjos? Si nos hacen eso, queremos que haya una solución, un desarme paramilitar, eso es lo que nosotros hemos estado exigiendo”, alza la voz Sergia Zepeda.

Hilda también coincide con Cepeda y dice que los grupos paramilitares que operan forman parte de la comunidad y la región, por lo que urgió al desarme.


“Queremos regresar a nuestro pueblo”


Ernestina asegura que el desplazamiento forzado interno ha dejado impactos graves no sólo para ella, sino también para los niños y niñas triquis.

“Uno extraña a su pueblo y los niños van perdiendo nuestro lenguaje, todo, estamos perdiendo nuestros chiquitos. Y nosotros como grandes estamos extrañando mucho nuestro pueblo, pero desgraciadamente el gobierno no hace nada para ayudarnos, para que fuera un retorno con seguridad”, comparte con su voz entrecortada, mientras sus compañeras la escuchan atenta, porque es una autoridad dado que es una adulta mayor.

Tanto Sergia como Ernestina se encuentran en la capital, pero exigen retornar a su pueblo: “queremos regresar a nuestro pueblo”, sentencia Ernestina, le asiente razón Sergia.

La defensora del pueblo triqui asegura que sólo hay una forma de atender el desplazamiento forzado interno y que no se trata sólo de reconocer su existencia, sino de erradicarlo porque representa un fenómeno que viola los derechos humanos de pueblos completos.

En el caso triqui señala que debe generarse un plan de retorno seguro y definitivo con una perspectiva enfocada en hacer justicia a las víctimas, “si no va acompañado con el tema de justicia es un hecho que se va a seguir repitiendo, no hay mejor prevención que aplicando la justicia”, concluye la defensora Hilda en entrevista.

No hay datos precisos sobre el número de personas desplazadas en México, dado se reciente reconocimiento, aunque de acuerdo, con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y SEGOB, hasta 2022 se contabilizó un acumulado de 386 mil 197 desplazados internos en el país. En lo que respecta a la comunidad triqui, fuentes locales aseguran que son 100 personas las que están en dicha condición.