12/07/2023 (Ciudad de México). A pesar de que en México, hasta el año 2022, se contabilizaron 386 mil 197 desplazados internos, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y SEGOB, no existe una Ley Federal que atienda este fenómeno de causas múltiples, por lo que activistas y defensores aseguraron que es un obstáculo para las víctimas.
Este llamado se hizo en un conversatorio que se llevó a cabo en el Instituto Göethe, en Ciudad de México, que reunió a expertos, pero también a quienes han sido víctimas de este fenómeno por su ejercicio en la defensa de derechos humanos o por su ejercicio periodístico, para intercambiar experiencias sobre el desplazamiento forzado interno.
Paula Gaviria, relatora especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de las personas desplazadas, enfatizó la urgencia de trabajar en la prevención y elaboración de soluciones duraderas, porque “atender esta problemática es también parte de garantizar democracia”. Llamó a fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y recomendó que haya una colaboración coordinada a nivel federal y estatal. Sus recomendaciones se hicieron en el mismo tenor que el diagnóstico elaborado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La relatora recordó que el 29 de septiembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno y actualmente se encuentra pendiente en el Senado de la República, por lo que urgió a su aprobación.
Por otro lado, Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, señaló que “una violación a los derechos humanos no se agota mientras se perpetúe” y que la impunidad y su naturalización es la principal causa de violencia. Hizo un llamado social para que las leyes, normas e instituciones cumplan con su cometido.
En el evento también participaron periodistas como Lucía Lagunes, directora de Comunicación e Información de la Mujer AC, quien compartió la situación delicada que viven quienes ejercen el oficio de informar, principalmente mujeres, dado que la condición de género es una de las principales causas que también se transversalizan en estos fenómenos. La periodista recordó que el Estado debe garantizar medidas de prevención y resaltó la importancia de las alertas, aunque reiteró que también debe garantizarse el retorno y reasentamiento de periodistas, además de seguridad psicoemocional.
En ese mismo tenor coincidió la periodista sinaloense Griselda Triana, quien también es Coordinadora ejecutiva de “Tjidos solidarios”. Enfatizó que las familias de los comunicadores asesinados –recordó el caso reciente de Luis Martín Sánchez–, o el de su compañero Javier Valdez –asesinado en 2017– también viven los efectos colaterales, porque se ven obligadas a desplazarse ante amenazas y miedo, tal como fue su caso. Triana denunció que no hay apoyo psicosocial a las familias, uno de los temas que más afectan también a quienes viven este tipo de situación.
El desplazamiento forzado interno es un fenómeno que ha sido documentado en nuestro país desde los años setenta, aunque su reconocimiento oficial es reciente, 2019.
El Informe, que fue realizado por Espacio OSC (y que aglomera a trece organizaciones), señala que Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas son las entidades en donde se han originado mayores desplazamientos.
