Han pasado 14 meses desde que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decretara el estado de excepción. La drástica medida, que suspendió hasta el momento gran parte de los derechos constitucionales de los salvadoreños, fue anunciada por el gobierno como la única manera de enfrentar la crisis de violencia e inseguridad protagonizada por las famosas “maras”, como se conoce a las pandillas o grupos delincuenciales. Hasta el momento, más de 66 mil personas han sido detenidas. Si bien el drástico descenso en el número de delitos pareciera dar la razón a Bukele, son muchos los sectores que denuncian el alto costo en materia de derechos humanos que esta política de seguridad está suponiendo para la ciudadanía.
Cuando la familia Rivas escuchó al presidente Nayib Bukele anunciar el inicio de la fase “Extracción” en su ciudad, Soyapango, no se sorprendieron. Era noviembre de 2022 y El Salvador vivía el octavo mes del estado de excepción decretado por el gobierno para combatir a “las maras”. Antes habían sido “Preparación”, “Oportunidades”, “Modernización” e “Incursión”. Esta quinta etapa, con un nombre igual de mediático que las anteriores, llevó a ocho mil quinientos militares y cerca de mil quinientos policías a las calles de este municipio, ubicado al este de la capital, San Salvador. “Lo que vamos a hacer es cercar grandes ciudades y hacer los procesos de extracción de los terroristas que están dentro (…), sin darles la capacidad de escapar porque ustedes los tendrán cercados”, señaló Bukele en la conferencia que sirvió de anuncio del plan. “Si ellos quieren escapar o alguien quiere suplirlos de armamento, alimento, municiones, (…) o todo lo que utilizan para amedrentar a la población, ustedes [policías y militares] van a interceptarlos, tanto a los delincuentes como a sus colaboradores”.
Gloria Rivas se encontraba en su casa el 22 de noviembre de 2022 cuando recibió una llamada que cambiaría su vida y la de los suyos. Al otro lado del teléfono, una voz que se identificó como agente de la policía le pidió se acercara a la comisaría pues uno de sus vehículos, un taxi de la pequeña flotilla con la que su familia se gana la vida, había sido incautado. Gloria, de 55 años, y sus hijos viven en La Campanera, una colonia asociada a las pandillas y considerada una de las más peligrosas de El Salvador.
Al llegar a la comisaría, lo que parecía un malentendido administrativo se convirtió en una pesadilla. Sin una orden de aprehensión en su contra y de manera arbitraria, Gloria y uno de sus empleados fueron detenidos y acusados de agrupación ilícita, el término legal para todas aquellas personas señaladas de pertenecer a las maras. Con ese cargo en su contra los salvadoreños ven suspendidas sus garantías procesales, como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Organizaciones de la sociedad civil denuncian que, como en el caso de la familia Rivas, estas medidas de facto criminalizan a las personas que viven en las zonas más empobrecidas y que históricamente han sufrido el flagelo de la violencia.
El Ministerio de Justicia y Seguridad de El Salvador reporta que, hasta el 12 de mayo, se han detenido a 68 mil 579 presuntos “terroristas”. Entre los patrones identificados se incluyen la detención en base a supuestas denuncias anónimas, la tenencia de tatuajes o de antecedentes penales previos de cualquier tipo. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional denuncian que en audiencias exprés – la mayoría virtuales – un juez de identidad reservada puede llegar a procesar simultáneamente a cientos de personas sin apenas pruebas que las vinculen en la comisión de un ilícito. Los acusados carecen de una defensa efectiva y apenas tienen conocimiento de los cargos de la acusación.
El fenómeno de las maras. Evolución de la crisis por violencia en El Salvador.
Conocidas popularmente como “maras”, las pandillas delincuenciales en El Salvador se detectan desde los años ochenta. Sin embargo, su fortalecimiento y notoriedad se produce en el llamado “Período de Transición” de la década de los noventa, después de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron fin a 12 años de guerra civil entre el estado del país centroamericano y las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Las maras tienen su origen en los grupos de jóvenes salvadoreños deportados en su mayoría desde California, Estados Unidos, con un pasado de pertenencia a pandillas en el país norteamericano, a donde originalmente miles de personas de El Salvador se vieron forzadas a migrar durante el conflicto armado ocurrido entre 1979 y 1992. Las dos bandas más conocidas hoy en el país centroamericano, Barrio 18 y Mara Salvatrucha 13, tienen su origen en la ciudad norteamericana de Los Ángeles.
En el año 2005 las pandillas se dividieron en dos facciones: Revolucionarios y Sureños. Es en este momento que El Salvador se hunde en una crisis de inseguridad que lo lleva a ser el país más violento del mundo. Las maras alcanzan su máximo poder, se hacen con el control territorial y forjan importantes redes de narcotráfico.
En 2012, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a la Mara Salvatrucha en su lista de organizaciones criminales internacionales. Es la primera vez que el gobierno norteamericano clasifica con esa denominación a una pandilla.
Por su parte, la Corte Suprema salvadoreña dictaminó en 2015 que la Mara Salvatrucha y Barrio 18 eran grupos terroristas. A partir de entonces, las penas se endurecen para combatir las tasas de homicidio más altas a nivel internacional, las constantes extorsiones a la población con “cobro de piso” y crueles secuestros. Los tribunales comienzan a imponer sentencias de hasta 60 años de cárcel a quienes pertenecieran a pandillas.
Sin embargo, es hasta marzo de 2022, ya bajo el gobierno de Nayib Bukele, que se alcanza el pico de violencia más alto registrado hasta la fecha: 87 homicidios en un fin de semana. Como respuesta, Bukele y su partido, Nuevas Ideas, impulsaron una serie de reformas legales que, rodeadas de polémica, permitieron implementar el estado de excepción.
Joel “N” –quien pidió cambiar su nombre por seguridad–, es académico en la capital salvadoreña. En entrevista para De Raíz sostiene que el estado de excepción es inconstitucional, porque ya rebasó el tiempo máximo establecido: “sólo puede durar 30 días, según señala el artículo 30, y se puede extender con una prórroga hasta treinta días más si prevalecen las circunstancias que lo originaron”. La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, ha prolongado el periodo por 14 meses.
Es en este contexto de “limbo” constitucional en que se encuentra El Salvador que se suceden las denuncias por detenciones masivas arbitrarias, torturas, violaciones flagrantes al debido proceso, desapariciones forzadas y la muerte de al menos 132 personas bajo la custodia del Estado. Organizaciones salvadoreñas registran un total de 4 mil 723 casos de violaciones a derechos humanos.
Hacinamiento carcelario
Verónica Reyna, directora de derechos humanos del Servicio Social Pasionista (SSP), en una entrevista con De Raíz denunció las condiciones carcelarias y los tratos inhumanos al interior de ellas. Antes del inicio de la implementación del régimen de excepción, marzo de 2022, 39 mil 538 personas ya se encontraban privadas de libertad, En la actualidad, El Salvador supera las 100 mil personas encarceladas, lo cual lo coloca como el país con la mayor tasa de personas privadas de libertad en el mundo, con más del 1.5% de su población en prisión.
Con un sistema penitenciario desbordado, y haciendo caso omiso a los detractores de su política de seguridad punitiva, el gobierno de Nayib Bukele decidió enfrentar la crisis por hacinamiento carcelario construyendo la prisión más grande del mundo, el Centro de Confinamiento Terrorista (CECOT), ubicada en Tecoluca, a 74 kilómetros al sureste de San Salvador, con capacidad para 40 mil reos.
Cerco a la libertad de expresión y al derecho a la información.
En abril de 2022 se modificó el Código Penal en El Salvador, tipificando penas de entre 10 y 15 años de prisión para quienes generen “ansiedad” o “zozobra” por informar sobre las pandillas. La Asociación de Prensa de El Salvador (APES) denunció que los cambios tenían la clara intención de silenciar a los medios de comunicación.
El caso más emblemático de esta persecución contra las voces disidentes a la política del gobierno de Bukele es, quizá, el del prestigioso periódico digital El Faro. Al menos 22 de sus trabajadores han sido espiados a través de la intervención de sus celulares con el software Pegasus. El diario, que ha publicado exclusivas como la frustrada negociación en 2021 entre el mandatario y las pandillas, mudó su estructura legal y administrativa a Costa Rica. Denuncian una campaña de hostigamiento en su contra. No son los únicos.
En semanas recientes, Jorge Beltrán Luna, periodista del Diario de Hoy, acudió a realizar una cobertura periodística al penal de Apanteos, ubicado en el departamento de Santa Ana, en el occidente de San Salvador. Mientras grababa con su cámara la liberación de varias mujeres unos policías lo amenazaron con detenerlo, le exigieron entregar su celular y lo acusaron de estar revelando datos privados.
En entrevista con De Raíz, Beltrán señala que la situación es complicada en El Salvador ante, de facto, la nula división de poderes. Levantar en la Procuraduría de Derechos Humanos o la Fiscalía una denuncia por abuso u hostigamiento contra la autoridad es un riesgo para los comunicadores, “ porque el gobierno los ha cooptado”.
“Ser periodista [crítico] en este país resulta peligroso, complicado. No lo vivíamos desde los Acuerdos de Paz. Es un momento delicado para la democracia “, subraya.
Crisis en derechos humanos pero alto apoyo popular.
De acuerdo con una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública realizada entre abril y septiembre de 2022, el 75.9% de la población entrevistada dijo sentirse segura con el régimen de excepción. En el mismo período de tiempo, 84.8% de la ciudadanía calificó con aprobación al régimen.
Una de estas personas que aplaude las medidas de Bukele es Esmeralda Rivas, hija de Gloria. Afirma que está de acuerdo en que se capturen a pandilleros, a personas que hayan cometido delitos o que tengan antecedentes. “Mi mamá no pertenece a estructuras criminales, no tiene antecedentes ni tatuajes. No pertenece a pandillas y ellos han hecho creer que sí, queremos que el presidente nos escuche y sea liberada”, sostiene.
Los homicidios se reportan en cero en las estadísticas oficiales, mientras que las personas se abarrotan en la entrada de las cárceles del país para intentar obtener alguna información sobre sus familiares detenidos. En una de ellas, cámara en mano para documentar la jornada, Jorge continúa trabajando. Se mantiene alerta ante los movimientos de las fuerzas de seguridad que tratan de contener a la multitud frente a los muros de la prisión. Indica que, junto a compañeros periodistas, han establecido un protocolo para actuar y ayudarse ante cualquier abuso de autoridad. No sabe hasta cuándo tendrá que reportear de esa manera. Y es que, afirma, el estado de excepción hace tiempo que pasó a ser estado permanente para El Salvador.
