09/10/2024 (Ciudad de México). En Colombia, una mayoría conservadora del Consejo Nacional Electoral (CNE),formada por representantes de partidos de derecha, violentó el fuero presidencial integral previsto en la Constitución, al aprobar formular cargos contra el presidente y sus colaboradores en la campaña de hace dos años, por supuestamente sobrepasar los topes de financiamiento electoral.
La inconstitucionalidad radica en que el presidente de Colombia puede ser perseguido penalmente o juzgado, únicamente en base a una acusación de la Cámara de Representantes (Diputados) y una posterior declaración del Senado de que se debe formar causa. Ninguna otra instancia estatal -llámese Procuraduría, Fiscalía General, Corte Suprema de Justicia, y menos el Consejo Nacional Electoral- tiene facultades para procesar a un presidente en funciones, elegido por el poder soberano del pueblo en las urnas.
El Consejo Nacional Electoral es un ente administrativo, cuyos integrantes no son electos democráticamente, ya que son sólo comisionados por sus respectivos partidos, sin otro mérito que estar inscritos y afiliados a su respectiva organización política. Del plenario del CNE, formado por nueve integrantes que se denominan magistrados, siete votaron a favor de dar curso a la moción planteada por Álvaro Hernán Prada, representante del partido “Centro Democrático”, que es nada menos que la oposición más recalcitrante a Gustavo Petro, liderizada por el ultraderechista ex presidente Álvaro Uribe, actualmente juzgado por delitos de lesa humanidad.
El CNE, en un comunicado público, afirmó que “no está vulnerando el fuero constitucional del presidente, sino sólo ejerciendo las atribuciones propias de un organismo de control y fiscalización”.
Sin embargo, el mandatario resta valor a estas declaraciones, afirmando que el pueblo no es tonto y se acuerda que, hace diez años, en diciembre de 2013, cuando era alcalde de Bogotá, un proceso que inició como administrativo, ordenado por el entonces Procurador General de la República, Alejandro Ordoñez, por supuestas irregularidades en la reforma del sistema de recolección de basura de la capital colombiana, derivó en su destitución del cargo y su inhabilitación por 15 años para ejercer función pública. Luego esa atrabiliaria resolución se cayó judicialmente, y Petro obtuvo también un triunfo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando una sentencia dictada el 8 de julio de 2020, declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la violación de sus derechos políticos.
Por ese precedente Gustavo Petro no subestima este intento de desestabilización de su mandato, que se presenta otra vez como un mero proceso administrativo. Ha denunciado el relanzamiento de un plan golpista contra su presidencia, e hizo un llamado, a todas las organizaciones populares del país, para que realicen asambleas y movilizaciones en defensa de la democracia y del gobierno constitucionalmente electo. Ha ordenado a la fuerza pública no levantar las armas contra el pueblo y también convocó a los embajadores de otros países, para informarles a través de la Cancillería de este intento de golpe de Estado.
De inmediato, el presidente Petro ha recibido el apoyo en México de la presidenta Claudia Sheinbaum que, en su habitual conferencia de prensa matutina, pronunció las siguientes palabras: “Antes de iniciar quiero hacer público, patente nuestra solidaridad con el presidente Petro; el Consejo Nacional Electoral de Colombia, dos años después de la elección, abre una investigación por gastos de campaña”. Afirmó que la investigación contra el primer y prácticamente único presidente progresista que ha tenido Colombia, ha sido calificada como un golpe de Estado porque se da fuera de las leyes de ese país. Finalizó indicando que parte de la política que ella encabeza incluye pronunciarse por las injusticias.
