26/09/2024 (Ciudad de México). A diez años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, este miércoles 25 de Septiembre el presidente López Obrador presentó el tercer y último informe sobre los avances en la investigación para esclarecer el caso y dar con el paradero de los jóvenes.
La desaparición de los estudiantes tuvo lugar la noche del viernes 26 de Septiembre de 2014. Desde los primeros días en que se tuvo conocimiento de los hechos, numerosos estudiantes, colectivos, organizaciones civiles y de derechos humanos de todo el país, e incluso en otras ciudades del mundo, salieron a las calles a manifestarse con la exigencia de las autoridades mexicanas dieran con el paradero de los jóvenes normalistas.
Por su parte, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto fabricó una “verdad histórica” para señalar como responsables de la desaparición al grupo criminal Guerreros Unidos, presente en la región, y así dar carpetazo al tema. Sin embargo, diversos testimonios y pruebas permitieron que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) echara abajo la versión del gobierno peñista y se denunció a policías municipales, estatales, federales y al Ejército de haber participado en este crimen de Estado.
Con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018, la esperanzas para llegar a la verdad sobre lo acontecido se renovaron, toda vez que él mismo prometió esclarecer los hechos y brindar justicia a las familias afectadas. Incluso esta promesa fue parte de sus 100 compromisos hechos ante el pueblo de México cuando asumió el cargo de presidente. Tras cinco años de investigación para el esclarecimiento del caso, el paradero de los jóvenes aún es desconocido .
Contenido del Informe
El informe presentado por López Obrador y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) del Caso Ayotzinapa incluye varios puntos clave y los divide en 5 ejes de acciones: búsqueda en campo, identificación genética, verdad y justicia, extradiciones y ruptura del pacto de lealtad.
De acuerdo al Gobierno Federal, este pacto de lealtad criminal consiste en un acuerdo entre delincuentes para guardar silencio y protegerse entre sí, garantizando que no se les sancione, lo que ha impedido la localización de los jóvenes desaparecidos; al respecto, las autoridades federales han buscado romper este pacto. Muestra de esto es la cooperación con el testigo colaborador a quien se le denominó “Juan”, que diversas fuentes lo señalan como Gildardo “el Gil” López Astudillo, miembro de Guerreros Unidos.
Sin embargo, luego de cinco años de colaboración, “el Gil” decidió dejar de hacerlo y condicionó brindar más información a cambio de no extraditar a Estados Unidos a Abimael González, “el Cuini”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con quien presuntamente trabó amistad cuando ambos estuvieron presos. De acuerdo al informe, dicha extradición se ha diferido por lo que “al momento de redactar este informe, el diálogo continúa aunque no se ha recibido ninguna información”.
En el caso de las extradiciones, se informa que se impulsan las de Tomás Zerón y Abraham Eslava, exfuncionarios de la entonces Procuraduría General de la República. El primero se encuentra actualmente en Israel, país con el que no hay tratado de extradición y las diversas solicitudes han sido atendidas con lentitud. En el caso de Eslava, éste también se encuentra prófugo, pero en Estados Unidos, para lo que se tramita su extradición. Un tercer caso es el de Ulises Bernabé, juez de barandilla durante la noche de Iguala, pero éste cuenta con asilo político por parte de Estados Unidos, lo que ha frenado el proceso.
En otro de los ejes, este tercer informe señala que la sentencia de un magistrado de Tamaulipas permitió la liberación de 65 probables responsables por presuntos actos de tortura, aun cuando algunos de los detenidos no fueron torturados. Esto derivó en una triple impunidad: no esclareció los hechos, no ayudó a encontrar a los desaparecidos y no sancionó a los responsables. Además, se señala que se han obtenido nuevas órdenes de aprehensión y la detención de 23 probables responsables.
Respecto a las búsquedas, se anota que, en lo que va del 2024, se han realizado estas acciones en 294 sitios de 9 municipios de Guerrero, tres veces más que en 2023.
Por la señalada participación del Ejército en los hechos, el informe presidencial precisa que se entregaron 15 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a los familiares de los normalistas.
En este mismo tema se informa que la presencia de elementos del Ejército sólo ha podido ser identificada en las calles, en el C4, en hospitales y en la comandancia de la policía municipal. Además, el informe reitera que “las organizaciones, periodistas y organismos internacionales han minimizado” que el grupo Guerreros Unidos es conocido por el uso de violencia extrema durante la realización de sus actos criminales, además de que mantenía relaciones de complicidad con autoridades locales.
Finalmente, el informe concluye que durante la actual administración federal se ha realizado una investigación “con una visión renovada y libre de prejuicios, lo que nos permitió identificar áreas de oportunidad que antes no habían sido exploradas en su totalidad”. Por lo avances alcanzados, se señala que estos demuestran el compromiso incansable para proporcionar verdad y justicia y que no se han descartado líneas de investigación, además se precisa que la investigación se mantiene abierta hasta el esclarecimiento de los hechos y el paradero de los jóvenes normalistas.
Por su parte, durante su habitual conferencia matutina, el presidente López Obrador declaró que la búsqueda de los jóvenes continuará hasta el último día de su gobierno pues se trata de un “asunto vergonzoso” que no debe cerrarse nunca, por lo que es un expediente abierto y confía en que la próxima presidente, Claudia Sheinbaum, logre esclarecer los hechos y brindar verdad y justicia.
