25/09/2024 (Ciudad de México). El Senado de México aprobó por unanimidad, en lo general y lo particular, la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Esta reforma, que modifica el Artículo 2 de la Constitución, desmonta la “estructura de dominación y exclusión que ha perdurado entre nosotros, a pesar de las transformaciones sociales que han tenido lugar en nuestra historia”, declaró la senadora Ernestina Godoy durante su participación en el pleno y recordó que en Morena, hoy la primera fuerza política del país, están “histórica y moralmente obligados a deconstruir esas añejas estructuras de colonialismo interno para construir un país distinto”.
La lucha por el reconocimiento de los pueblos indígenas
Para entender la importancia de esta reforma, es crucial remontarse al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 en Chiapas como una respuesta a la marginación y explotación de los pueblos indígenas históricamente.
El EZLN demandaba el reconocimiento de los derechos y la autonomía de las comunidades indígenas, así como mejoras en sus condiciones de vida. El levantamiento zapatista puso en el centro del debate nacional e internacional la situación de los pueblos originarios en México. Luego de meses de confrontación directa con el Gobierno Federal de entonces, ambas partes convinieron en firmar los Acuerdos de San Andrés Larraínzar en 1996. Sin embargo, ni el gobierno de Ernesto Zedillo, ni los subsecuentes, concretaron su cumplimiento .
En su momento, los ideólogos estatales e intelectuales orgánicos afirmaban que el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés eran la antesala de una “balcanización” del Estado mexicano, esto es, una fragmentación de la identidad nacional en unidades pequeñas étnicamente homogéneas y enfrentadas entre sí.
La discusión en el pleno sobre la reforma
Durante la sesión, todos los grupos parlamentarios mostraron su apoyo a la reforma. La senadora morenista Edith López destacó que esta reforma da continuidad al segundo piso de la Cuarta Transformación ya que favorece la inclusión de las comunidades indígenas y afromexicanas en la toma de decisiones, lo que “las coloca en el centro de la acción pública”. Por su parte, el senador emecista Luis Donaldo Colosio enfatizó que la reforma es “una deuda pendiente del Estado mexicano”, porque a pesar de los Acuerdos de San Andrés, el gobierno sólo “les ha regateado” sus derechos y ha limitado sus alcances jurídicos.
Por su parte, la senadora morenista Beatriz Mojica, primera senadora afromexicana en el país, resaltó la importancia de la comunidad afromexicana de donde han surgido personajes trascendentales para la vida de México como José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero. Además, criticó que la existencia de los pueblos afromexicanos no fuera reconocida oficialmente durante los primeros dos siglos del México Independiente, por lo que celebró que esto cambiara en el último censo hecho por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Si bien la reforma fue aprobada por unanimidad, senadores de los partidos de oposición presentaron tres reservas. Una de ellas, hecha por el senador panista Miguel Márquez Márquez, buscaba asentar que en los artículos transitorios se reitere la disposición de poner a consulta de los pueblos indígenas y afromexicanos la ley general en la materia que dispone la misma reforma. Otra de la reservas, de la senadora priista Claudia Anaya Mota buscaba modificar el dictamen para en las consultas a medidas administrativas que beneficien a particulares, éstas no deban ser pagadas por ellos mismos para así evitar alguna influencia sobre ésta. En ambos casos, las reservas no fueron tenidas en cuenta.
Luego de su aprobación, la reforma fue turnada a los congresos estatales para su votación. Hasta el momento ésta enmienda a la carta magna ha sido ya aprobada por el congreso de Tabasco.
Los planes de justicia de López Obrador
La reforma aprobada fue propuesta desde el 5 de Febrero de este año por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Desde el inicio de su mandato en 2018, el primer mandatario del país ha puesto un énfasis significativo en la justicia social para los pueblos originarios de México. A través de una serie de planes de justicia, su administración ha buscado resarcir deudas históricas y mejorar las condiciones de vida de estas comunidades.
Durante la actual administración se han implementado 17 planes de justicia específicos para diferentes comunidades indígenas. Estos planes han sido diseñados para abordar las necesidades particulares de cada grupo, reconociendo su diversidad cultural y social.
Entre los principales objetivos de estos planes se encuentran el reconocimiento de sus derechos, la realización de proyectos de infraestructura para mejorar el acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y vivienda, así como programas de desarrollo económico y social con proyectos productivos y la promoción de la educación y la salud.
Uno de los logros más destacados ha sido la protección de los territorios ancestrales y el medio ambiente. Para esto, se han implementado medidas para garantizar que las comunidades indígenas puedan gestionar y proteger sus tierras de manera sostenible.
Entre los pueblos considerados dentro de estos Planes de Justicia se encuentran el pueblo Yaqui, al que se le han restituido 32 mil hectáreas, construido seis unidades médicas rurales, cinco casas de salud y la Universidad del Pueblo Yaqui; también están los pueblos Wixárika, Náayeri, O’dam y Mexicanero, a quienes se les ha garantizado el reconocimiento, la protección y la preservación de sus lugares sagrados y rutas de peregrinación. Otros de los pueblos han sido los Seri, Yoreme-Mayo y Guarijío-Makurawe, en Sonora; Ralámuli, en Chihuahua; Yumanos-Cochimí, en Baja California; Chichimeca-Otomí, en Guanajuato y Querétaro; Chinantecas, Mazatecas, Xhidza, Xhol y la nación Chocholteca, en Oaxaca
Durante las giras conjuntas con López Obrador, la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió continuar con los planes de justicia para que estos alcancen a las 68 etnias actualmente reconocidas en el país. En este sentido, durante la supervisión de la construcción de un acueducto para el pueblo Seri el pasado mes de Julio, Sheinbaum afirmó que “lo más importante, quizá, porque es la justicia histórica, es la justicia a los pueblos indígenas”.
