23/08/2024 (Ciudad de México). A días de que se renueve el Congreso de México con una proyectada mayoría calificada para Morena y sus aliados, nuevos actores salen a la luz para manifestar su postura en contra de la reforma al Poder Judicial. En un comunicado reciente, el Consejo de Empresas Globales (CEG), organismo que representa a 63 compañías transnacionales, advirtió que la reforma judicial podría tener consecuencias negativas significativas para la inversión y la estabilidad jurídica en México.
De acuerdo al CEG, la reforma necesita ser ajustada en tres aspectos que son de principal interés para las empresas transnacionales: independencia respecto al nombramiento de los juzgadores; la inamovilidad de los jueces en cargo; la posibilidad de recurrir ilimitadamente a sentencias de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Además, este organismo pide que la reforma se aplique en un periodo razonable y que se emitan directrices claras para la implementación de la reglamentación en las entidades federativas.
En un tono más severo, el CEG advirtió que, de no realizarse los ajustes necesarios, las empresas globales podrían reconsiderar sus planes de inversión en México, una amenaza velada para presionar que el marco jurídico de México no contravenga a sus propios intereses. Actualmente, las transnacionales agrupadas en este organismo representan el 40% de la Inversión Extranjera Directa (IED) de México.
Finalmente, estas empresas globales también señalaron la importancia de que la reforma judicial no incumpla las obligaciones establecidas en tratados comerciales internacionales suscritos por México, como el T-MEC o los tratados con Europa.
El embajador Ken Salazar sale a defender a las empresas
En sintonía con los intereses de las empresas transnacionales, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaró que la reforma al Poder Judicial, específicamente en lo que respecta a la propuesta de elección directa de jueces mediante voto popular, podría poner en riesgo la democracia en México y afectar negativamente la relación económica con Estados Unidos.
Esta no es la primera vez que el gobierno estadounidense sigue en lo político la línea empresarial trazada por el sector privado asentado principalmente en su país. Como episodio más reciente se encuentra la presión que empresas de alimentos transgénicos han hecho a Washington para que endurezca su postura por las nuevas políticas agroalimentarias de México que prohíben este tipo de alimentos y los agrotóxicos necesarios para su cultivo.
Sin embargo, esta sí es la primera vez que el embajador se muestra contrario a la reforma judicial. Tan sólo el viernes pasado, el funcionario estadounidense respaldó dicha reforma, afirmando que se necesita combatir la corrupción al interior del Poder Judicial. Dos meses atrás, en Junio, Salazar también había señalado que para la relaciones entre México y Estados Unidos es necesario “llegar a un Poder Judicial que sea fuerte. La manera en la que se haga eso, si hay elecciones o no hay elecciones, todo eso es decisión de los mexicanos”.
La postura del Gobierno de México
Luego del cambio de postura del embajador estadounidense, plegado a los intereses de las empresas transnacionales, el presidente López Obrador reaccionó de manera contundente y calificó las declaraciones de Salazar como una “burda actitud intervencionista” y subrayó que la reforma al Poder Judicial es un asunto interno de México y que no aceptará intervenciones de gobiernos extranjeros en decisiones soberanas.
En este sentido, el mandatario giró instrucciones para que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México emitiera una nota diplomática dirigida a la embajada de Estados Unidos, expresando su profundo extrañamiento por las declaraciones de Salazar.
En el documento ya enviado, la SRE destacó que la reforma busca fortalecer el Estado de derecho y mejorar el acceso a la justicia, además de que se está realizando a través de procedimientos democráticos consagrados en la Constitución de México. Por las declaraciones del embajador, la misiva señala que la postura de Salazar representa una acción inaceptable de injerencia que contraviene la soberanía de México, ya que se trata de un asunto de carácter interno del gobierno mexicano.
Por su parte, la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también reaccionó a las declaraciones del embajador Salazar. Sheinbaum defendió la reforma, argumentando que es necesaria para combatir la corrupción y garantizar una justicia más equitativa. Además, reiteró el compromiso de su gobierno con la independencia judicial y la transparencia, y recordó al embajador que en su país en 43 de los 50 estados se eligen magistrados por voto popular.
