08/08/2024 (Ciudad de México). El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó en su cuenta de X, que ha instruido a su canciller, Javier Martínez Achá, tomar contacto con sus pares y hacer extensiva la invitación a 17 presidentes para una reunión en Panamá, para abordar el tema de Venezuela con la finalidad de “ensayar más acciones que apoyen la democracia y la voluntad popular del hermano país”.

Mulino se está refiriendo a los países que el 31 de julio pasado votaron a favor de una resolución sobre las elecciones en Venezuela, exigiendo a las autoridades de ese país publicar de inmediato las actas de las elecciones presidenciales, además de demandar que se efectúe una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados. 

Tal propuesta, que vulneraba, tanto en fondo como en forma, la soberanía de los Estados, fue propuesta por los gobiernos de Argentina, Perú y Panamá. Recibió el apoyo de Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Paraguay, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Pero el resto de países de América Latina se abstuvieron o se ausentaron, como fue el caso de México, Trinidad y Tobago, San Vicente y Granadinas, Dominica y por supuesto Venezuela. Por ello la resolución no fue aprobada, siendo un fracaso diplomático para los gobiernos derechistas que la impulsaron.

La reunión que se quiere hacer en Panamá busca darle un nuevo impulso a estalínea injerencista e intervencionista contra Venezuela. Sin embargo, se da en un momento en que la Casa Blanca ha decidido dar un paso atrás en su frontal ataque a Maduro, confiando en los esfuerzos de diálogo que emprende el presidente Lula da Silva de Brasil, con apoyo de México y Colombia.

Mulino cuenta con un aliado en el presidente Gabriel Boric de Chile que, luego de reunirse con el mandatario brasileño que le visitó en el Palacio de La Moneda intentando sumarlo al esfuerzo de diálogo, decidió arremeter nuevamente contra Venezuela. “Personalmente -y esta es la postura del gobierno de Chile- no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, sino hubiesen mostrado las famosas actas (…) Quiero ser claro: Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro, no confiamos además en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela, por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hubieran sido verificados por organismos internacionales”.

La declaración de Boric vulnera el principio de no intervención en asuntos internos de otros países, lo que cualquier presidente debe cuidar ya que, si promueve intervencionismo en otras naciones, la está legitimando cuando vaya contra su propio país. “Personalmente no tengo dudas”, “Chile no reconoce”, “como país no validaremos resultados”, son frases que no llamarían la atención si vinieran de un neofascista como Javier Milei, pero las usa Boric, un dirigente estudiantil que hizo carrera política presentándose como izquierdista y que, ya en el gobierno, tuvo un rápido desplazamiento ideológico hacia la derecha.  

Igual de llamativa -por carente de principios revolucionarios y por falsear la realidad- ha sido la posición de la vocera presidencial chilena, Camila Vallejo. Vallejo entró al gobierno como militante del Partido Comunista de Chile, un histórico aliado del proceso bolivariano que en vida dirigió el comandante Hugo Chávez. Ahora la vocera afirma que: “Maduro ya hecho suficiente daño en nuestro país como para que permitamos que sea usado como una excusa para validar prácticas que en Chile ya habíamos desterrado porque eran propias de la dictadura. No usemos este doloroso momento para validar persecución política o proscripción de partidos políticos, porque eso es propio de una dictadura como la que vivimos en Chile”. 

Poco creíble pensar que los rasgos pinochetistas no se mantienen en Chile, cuando sigue vigente la Constitución que el dictador promulgó en 1980. Poco creíble que las persecuciones y el encarcelamiento en Chile contra dirigentes mapuches y contra líderes comunistas como Daniel Jadue (al que Vallejo nunca defendió), no sean expresiones autoritarias en democracia. Poco creíble la propia Vallejo, de cuyo pasado revolucionario no queda nada.