Con la consigna de verdad, justicia, reparación integral y no repetición por los crímenes cometidos en la colonia Narvarte, familiares realizaron una protesta a las afueras de la Fiscalía capitalina a quien acusan de no tener voluntad para avanzar en las investigaciones.
30/04/2024 (Ciudad de México). El 31 de julio se cumplen nueve años del homicidio del fotoperiodista Ruben Espinosa y del multifeminicidio de la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia Martín, la maquilladora Yesenia Quiroz y la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete en un departamento ubicado del edificio 1909 de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte de la capital mexicana. Familiares, periodistas y organizaciones de la sociedad civil se manifestaron a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), para reiterar las exigencias de verdad y justicia en este caso.
Patricia Espinosa, hermana de Rubén, denunció que las autoridades han manipulado e ignorado por completo la labor periodística de su hermano como móvil de su asesinato en las investigaciones del multifeminicidio y homicidio, por ello afirmó prevalece la impunidad en este caso. Patricia sostiene que existen más autores materiales y aún no se tiene identificado al autor intelectual.
“Lo importante es resaltar como las autoridades hacen negligentemente su trabajo y cómo se encargan de ensuciar y de manipular todas las investigaciones que existen (del caso) (…) desde el inicio se quiso hacer creer que no tiene que ver con su labor periodística (…) Rodolfo Ríos en ese entonces procurador insistió desde los primeros días que el asesinato que había ocurrido por otras cuestiones de robo, de drogas, pero nada que ver con la labor periodista. Hoy les podemos decir que todo ese testimonio fue falso, que nunca fue por robo”, señaló Patricia Espinosa.
Patricia Espinosa denunció que a pesar de haberse reunido en 2022 con la entonces fiscal Ernestina Godoy la investigación no avanza y se encuentra estancada desde hace ya varios años, por lo que exigen acciones contundentes de las autoridades. “Hay cosas que no han buscado y que han dejado de lado. Ernestina Godoy se va sin despedir el caso y Ulises Lara llega, pero hasta ahorita no hemos tenido ninguna reunión con él. Entonces, para nuestros ojos es que tampoco ha saludado el caso. Nos preocupa que la continuidad sea igual de pasiva”, señaló la hermana de Ruben Espinosa.
De acuerdo con Patricia Espinosa el 30 de julio de 2024 el Fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara, les solicitó una reunión express de seguimiento sobre el caso para ese mismo día. Sin embargo, las y los familiares de las víctimas ya tenían varias actividades para conmemorar la memoria de Rubén, Mile, Yesenia y Olivia, por lo que decidieron no asistir a esta reunión, sobre todo porque la Fiscalía estaba en conocimiento del itinerario de actividades de familiaria de las víctimas, por lo que exigieron respeto y que se tomen con seriedad sus demandas.
“Exijo a Ulises Lara que nos dé una cita digna, con nosotros los familiares que llevamos aquí nueve años (…) También exijo que se tomen en cuenta todas las carpetas de investigación, que se resuelva el tema de los servidores públicos, trata de personas, libertades de expresión. No voy a permitir que cierren la línea de investigación de Veracruz y la labor periodística de Rubén. (…) que esa línea se investigue no es una necedad, es su obligación y es mi derecho, para que cierren esa línea de investigación nos tendrían que presentar evidencias reales”, exigió Patricia
La hermana de Ruben Espinosa también denunció que a menos de 48 horas de colocar un memorial a las afueras del inmueble donde ocurrió el multifeminicidio y homicidio, éste fue retirado. Dicho Memorial fue colocado el 28 de julio sobre la calle de Luz Saviñón, en concordancia con la recomendación que les garantiza a las víctimas actos de memoria. Al respecto Patricia informó que “la Fiscalía nos prometió darnos un acto de memoria (…) y nos han ofertado actos que no nos hacen sentido a las familias y es así como nos unimos para colocar este memorial, que sí nos da cariño y nos da tranquilidad, cosas que a la Fiscalía no le interesa”.
La línea de investigación Veracruz
En el mitin también hizo uso de la voz Edgardo Calderón, de la organización Artículo 19 y uno de los abogados de familiares de las víctimas, quien informó que la línea de investigación sobre Veracruz “se ha estancado”. Esta línea señala como uno de los móviles la labor periodística de Ruben Espinosa en Veracruz y el activismo de Nadia Vera, lo que les valió el acoso y amenazas de parte de colaboradores de Javier Duarte, exgobernador del estado, y Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública de esa entidad.
Durante el gobierno de Javier Duarte, de 2010 a 2016, el estado de Veracruz se distinguió por una intimidación sistemática a las y los periodistas, por lo que Edgardo Calderón aseguró que Rubén era perseguido y amenazado y por ello huyó de Veracruz a la Ciudad de México.
Asimismo, de acuerdo con información de diversas organizaciones, Veracruz ha sido uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en México debido al alto número de asesinatos, desapariciones y amenazas contra periodistas.
Desde el año 2000 se contabilizan más de 30 homicidios de comunicadores entre los que se encuentran: Miguel Ángel López Velasco,Yolanda Ordaz de la Cruz, Misael López Solana, Regina Martínez, Gregorio Jiménez, Moisés Sánchez Cerezo, entre otros. En el caso de Ruben, el 13 de septiembre de 2013, fue golpeado por policías estatales mientras tomaba fotografías del violento desalojo de docentes del magisterio disidente de esta entidad y estudiantes de la Universidad Veracruzana de la Plaza Lerdo en Xalapa.
Pese a ello la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha insistido en que el patrón de crímenes contra periodistas durante el gobierno de Duarte no corresponden al “modus operandi” de lo ocurrido en el Caso Narvarte, por lo que no le han dado relevancia a esta línea de investigación.
Multifeminicidio y homicidio de la colonia Narvarte
El 31 de julio de 2015 Rubén Espinosa, Nadia Vera, Alejandra Negrete, Mile Martin y Yesenia Quirozs fueron asesinadas en un departamento del número 1909 de la calle Luz Saviñón en la Ciudad de México. Ese día, de acuerdo con la investigación de la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito federal (PGJDF), una de las víctimas permitió el acceso al edificio y al departamento a tres sujetos, identificados como Daniel Pacheco Martínez, Abraham Torres Tranquilino y César Omar Martínez Zendejas, quienes actualmente están presos por su presunta responsabilidad en el crimen, pero solo uno ha sido sentenciado.
A menos de doce horas después de ocurrido este crimen, las autoridades capitalinas afirmaron que no tenía que ver con la actividad periodística de Rubén e iniciaron una investigación por robo, a partir de una versión estigmatizante y revictimizante sobre supuestas actividades de narcomenudeo de una de las víctimas.
La mecánica de hechos realizada por peritos de la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito federal confirmó que en el departamento hubo al menos una cuarta persona que ayudó al sometimiento de las víctimas.
El 21 de junio de 2017, la entoces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 4/2017 sobre el caso contra la Procuraduria General de Justicia capitalina y el Tribunal Superior de Justicia local, en la cual se señaló la violación a los derechos de debido proceso y debida diligencia para defender derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión, a la verdad y acceso a la justicia, a la integridad personal en relación con la memoria, la honra y la dignidad, y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de laa victimas.
La instancia recomendó implementar un Plan Integral de Investigación que pusiera énfasis en todas las líneas de investigación sobre el caso, así como actualizar los protocolos para indagar crímenes relacionados con agresiones a periodistas, defensores de derechos humanos y feminicidios de la extinta Procuraduría . También pidió acordar con las víctimas la reparación del daño y realizar un acto de disculpa pública, entre otros. Pese a que las dependencias señaladas aceptaron esta recomendación, no han dado cumplimiento.
