30/04/2024 (Ciudad de México). Derivado de 14 encuentros organizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a lo largo del país se obtuvo como resultado que, de acuerdo con la percepción de miles de personas e integrantes del Poder Judicial, el modelo de justicia en México se caracteriza por la corrupción y la desconfianza en el sistema legal, la influencia externa sobre jueces, la re victimización, el trato inadecuado y la falta de capacitación y de profesionalismo en el Poder Judicial. Estos resultados se le harán llegar a la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y al Congreso de la Unión.
El análisis fue parte de un diagnóstico que la SCJN promovió a través del “Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia” y que calificó como “plural, sustentado en propuestas y acciones desde los órdenes de gobierno, la academia, la sociedad civil y, enfáticamente, en las personas usuarias del sistema de seguridad y justicia”.
Asimismo, en dicho encuentro participaron 3 mil 279 personas de todos los órdenes de gobierno, legisladores y legisladoras federales y locales, asociaciones y organizaciones de justicia, Barras y Colegios de Abogados, universidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas en mejorar la seguridad y justicia en México. Los participantes identificaron 6 mil 716 problemas.
El análisis fue planteado para que la SCJN presente una propuesta alterna que abone a la iniciativa presidencial de la reforma al Poder Judicial en agosto, mes en que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados discutirá y votará los proyectos de dictamen correspondientes a las iniciativas de modificación constitucional presentadas por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero de 2024.
Resultados del Encuentro
De éstos 6 mil 716 problemas la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió 552 problemas prioritarios por su nivel de impacto en materia de impartición de justicia.
En lo que se refiere a los hallazgos sobre acceso a la justicia para las víctimas de algún delito, el 25 por ciento señaló la falta de capacitación y profesionalización de integrantes del Poder Judicial; 20 por ciento, recursos insuficientes; 20 por ciento, la corrupción e impunidad dentro del Poder Judicial; 15, deficiencias en procedimientos y metodología; 10 por ciento, falta de coordinación y comunicación; 10 por ciento, revitalización y trato inadecuado, y 5 por ciento, la falta de tecnología y modernización.
De acuerdo a la síntesis del análisis hecho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación estas deficiencias se encuentran vinculadas a que los servicios legales del Estado no llegan a las personas o no resuelven los problemas, a la falta de empatía hacia las víctimas, así como la desconfianza en personas funcionarias públicas ya que manifestaron la existencia de quejas relacionadas con corrupción y falta de imparcialidad al momento de resolver algún caso.
En este sentido, los puntos rojos también están sobre quienes procuran la seguridad pública y la protección de derechos, ya que se muestra que 20 por ciento ven problemas en corrupción e impunidad, 20 por ciento tienen desconfianza, 20 por ciento denuncian deficiencia en recursos y capacitación, 15 por ciento fallas en accesibilidad y eficacia del sistema judicial, 15 por ciento violencia y delincuencia y 10 por ciento falta de protección de derechos humanos.
Al respecto el documento de análisis señala la existencia que las “irregularidades y actos de corrupción son muy frecuentes”.,al tiempo que refiere que “el distanciamiento entre ciudadanía y autoridades es todavía más marcado ya que prevalece la desconfianza (…) las personas desconfían de las autoridades, pero las autoridades también desconfían de las personas y de las otras autoridades. Tenemos un sistema basado en la desconfianza”.
El resumen ejecutivo del análisis del encuentro finaliza señalando la brecha que existe entre la justicia y la ciudadanía: “Debemos decirlo con toda claridad: la justicia está muy lejos de las personas. La mayor parte de los conflictos se resuelven fuera de las instancias del Estado y el costo inhibe el acceso a la justicia”.
