06/12/2024 (Ciudad de México). Este 6 de diciembre se instaló el Comité Técnico encargado de redactar la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Con este paso se da continuidad a la reciente reforma al Artículo 2 de la Constitución, aprobada por el Congreso federal y 28 legislaturas estatales, que reconoce a estas comunidades como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
De manera concreta, esta ley secundaria tiene como propósito consolidar las bases legales para el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos, los cuales han sido históricamente marginados y discriminados. Con este marco normativo se buscará garantizar derechos colectivos como la preservación de su patrimonio cultural, lenguas, medicina tradicional, desarrollo territorial y participación en decisiones públicas. Además, se prevé que contemple los mecanismos necesarios para asegurar la consulta previa, libre e informada, y una distribución equitativa de recursos para proyectos comunitarios y sociales.
El Comité Técnico para la redacción de esta ley incluye a representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), autoridades legislativas y miembros de las propias comunidades. A diferencia con otras leyes, para la redacción de ésta se deberá realizar un amplio trabajo de difusión con la finalidad de que el trabajo hecho sea respaldado con consultas comunitarias en todo el país, incluyendo a indígenas migrantes radicados en Estados Unidos. Esta característica tiene como objetivo garantizar que la ley refleje las necesidades y aspiraciones de estos grupos.
Principales retos
Entre los retos que enfrenta la creación de esta ley se encuentra no sólo traducir en normas los principios constitucionales recientemente adoptados, sino también superar retos históricos de exclusión y racismo. En este sentido, los temas como el acceso a educación intercultural, la protección del patrimonio cultural y biocultural, y el desarrollo de infraestructura adaptada a las necesidades de estas comunidades debe ser prioritario y en consenso con las comunidades impactadas.
Tanto la promulgación de la reforma constitucional, como su consolidación en esta ley general, no sólo representa un acto legislativo, sino un paso hacia la reconciliación nacional y la justicia histórica para los pueblos del México profundo, en sintonía con el actual enfoque de las políticas públicas de “primero los pobres”, que incluye a las comunidades más marginadas del país.
Durante la instalación del Comité Técnico estuvieron presentes rnestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, actual coordinador de asesores de Presidencia, Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados, Adelfo Regino Montes, director general del INPI, Yaneth del Rosario Cruz Gómez, coordinadora general del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Se prevé que el trabajo hecho por este Comité culmine en 2025 y pueda ser llevado al pleno de San Lázaro el mismo año.
La lucha de los pueblos indígenas y afromexicanos
Durante su último día al frente del máximo poder de México, el expresidente López Obrador firmó el decreto de reforma al Artículo 2, misma que fue resultado de años de diálogo y consultas comunitarias iniciadas en 2019 y que incluyeron 54 foros nacionales, uno en Estados Unidos y 62 asambleas de seguimiento con las comunidades.
Desde el inicio de su administración, López Obrador puso en primer orden la atención a los pueblos indígenas, lo que se reflejó en la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) el 4 de diciembre de 2018. Otro hecho significativo fue la emisión del decreto para la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México (ULIM), una institución dedicada a la preservación y promoción de las lenguas indígenas en noviembre de 2023.
Entre estas dos fechas, el mandatario también promovió los planes de justicia para los pueblos Wixárika, Náayeri, O’dam y Mexicanero, en Jalisco, Nayarit y Durango; Seri, Yoreme-Mayo y Guarijío-Makurawe, en Sonora; Ralámuli, en Chihuahua; Yumanos-Cochimí, en Baja California; Chichimeca-Otomí, en Guanajuato y Querétaro; Chinantecas, Mazatecas, Xhidza, Xhol y la nación Chocholteca, en Oaxaca; y recientemente el pueblo Yaqui, en Sonora. En suma, los planes de justicia para estos pueblos han centrado sus objetivos garantizar la restitución de tierras, el acceso a servicios básicos, la preservación de la cultura y la identidad, y el desarrollo económico sostenible.
