02/12/2024 (Ciudad de México). Tres nuevas reformas se suman a la lista para devolver a la Constitución Mexicana su carácter progresista y revolucionario en favor de las y los mexicanos; así se estipularon en el Plan C, mismo que fue promovido originalmente por el hoy ex presidente López Obrador y respaldado por la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Luego de que fueran aprobadas por la Cámara de Diputados, Senadores y la mayoría de los congresos locales, este lunes 2 de Diciembre la presidenta firmó los decretos para convertir en derechos constitucionales los programas de pensiones contributivas, la vivienda adecuada para los trabajadores y la protección a los animales. 

Los programas de pensiones 

Durante el sexenio de López Obrador, la pensión para adultos mayores se otorgaba a todas las y los mexicanos mayores de 65, si bien la Constitución únicamente garantizaba este derecho a las y los mayores de 68 años. Con el actual decreto se blinda este programa, buscando que en el futuro no sea posible revertirlo por ninguna fuerza política.

Además, esta reforma también incluye ya en la Constitución el derecho de las personas con discapacidad permanente a recibir un apoyo económico vitalicio, independientemente de su historial laboral o contribuciones al sistema de seguridad social. Una vez que este grupo poblacional alcanza los 65 años, su pensión por discapacidad se transforma en una pensión de adulto mayor.

Pese a no estar en la Constitución, la pasada administración ya otorgaba esta pensión. A la fecha, de acuerdo con Ariadna Montiel Reyes,  secretaria de Bienestar, un millón 848 mil 930 personas han recibido este apoyo económico, lo cual ha representado una inversión de 27 mil 860 millones de pesos.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que durante su gobierno se crearán tres nuevos programas sociales: las visitas médicas casa por casa para adultos mayores, la beca para jóvenes estudiantes, la pensión para mujeres entre 60 y 64 años, mismos que en el futuro también serán elevados a rango constitucional.

Vivienda digna para los trabajadores

El segundo decreto establece la obligación constitucional de toda empresa a proporcionar a las personas trabajadoras viviendas adecuadas a través de aportaciones realizadas al Fondo Nacional de la Vivienda, el cual establecerá un sistema con orientación social que permita la obtención de créditos accesibles y suficientes para adquirir o mejorar las viviendas, o en los casos permitidos por la ley, adquirir suelo y construir una nueva.  

Igualmente, plantea que la ley establecerá los términos y condiciones bajo las cuales las personas trabajadoras podrán acceder a las viviendas en arrendamiento social, cuya mensualidad no podrá exceder del 30 por ciento del salario, así como el derecho de adquirirlas en propiedad con la suma de la renta como parte del monto para la compra.

Paralelo a esta reforma, el Gobierno Federal comenzó la construcción de un millón de viviendas dignas y accesibles durante el actual sexenio. Este ambicioso proyecto tiene como objetivo atender el déficit habitacional que afecta a más de 8 millones de familias en México. Conforme a lo informado, el programa se centrará en comunidades marginadas, zonas rurales y áreas urbanas con alta densidad poblacional.

Protección animal como principio constitucional

En un avance sin precedentes, México se suma al reducido grupo de países que consagran la protección animal en su marco constitucional. Esta reforma busca reconocer a los animales como seres sintientes y garantizar su bienestar mediante políticas públicas efectivas. Así, a partir de ahora el texto constitucional establecerá obligaciones para la protección de los animales de acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas, así como la prevención y prohibición del maltrato en la crianza y en el aprovechamiento de animales de consumo humano.

Tras este decreto, su segundo artículo transitorio otorga a la Cámara de Diputados 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor de la reforma, para expedir la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, la cual establecerá el marco jurídico específico para prevenir el maltrato, fomentar la adopción responsable y regular actividades como la ganadería, el comercio de animales y la experimentación científica.

Por este conjunto de reformas, Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, declaró que con estos decretos se le da todo el “andamiaje constitucional” a esta nueva forma de gobierno basada en el humanismo mexicano promovido por la Cuarta Transformación.