29/11/2024 (Ciudad de México). Luego de un debate de más de siete horas, el Senado de México aprobó la extinción de siete organismos autónomos con el objetivo de centralizar y optimizar las funciones que estos desempeñaban. La medida, que fue aprobada con una mayoría calificada de 86 votos a favor y 42 en contra y previamente en la Cámara de Diputados, busca evitar la duplicidad de funciones y destinar estos recursos hacia áreas prioritarias para el desarrollo del país.
Los siete organismos que serán extinguidos son: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
De acuerdo a lo aprobado, las funciones de estos organismos serán asumidas por diversas secretarías de Estado y otras entidades. Por ejemplo, las atribuciones del INAI serán transferidas a la Secretaría de la Función Pública, pero en el caso de la información pública de los poderes Legislativo y Judicial, ésta deberá ser transparentada por sus órganos de control internos.
En el caso de la IFT, éstas pasará a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), junto con la COFECE, para lo que se creará una agencia antimonopolios a su interior, pero con independencia técnica, como lo solicita el tratado internacional con Estados Unidos y Canadá T-MEC. De manera similar, las funciones de la CNH y la CRE, encargados de regular y supervisar sectores clave de la industria energética, serán absorbidas por la Secretaría de Energía.
Por su parte, las labores de la MEJOREDU, encargada de diversos análisis y evaluaciones de la educación en México, quedarán dentro de la Secretaría de Educación Pública. Finalmente, las funciones del CONEVAL, órgano que realizaba mediciones de la pobreza en relación con las políticas públicas, serán absorbidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El debate en el pleno del Senado
Con esta centralización se logrará una mayor coordinación y eficiencia en la administración pública, al mismo tiempo que “fortalecerá la rectoría del Estado en sectores estratégicos”, afirmó Lizeth Sánchez García, senadora del Partido del Trabajo, durante su argumentación en tribuna. Además, acusó a estos órganos autónomos de diluir “la capacidad del Ejecutivo para planificar y ejecutar políticas públicas de manera integral”, lo cual ha sido evidente en “la falta de resultados significativos en áreas clave”.
Por su parte, la oposición, en voz del senador y dirigente panista Marko Cortés, cuestionó la reforma por concentrar “tanto poder” en el Ejecutivo y reiteró los argumentos que su bancada, y la del Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, han utilizado en todos los debates en el Congreso y en los cuales aseguran que en el partido Morena “están construyendo un régimen autoritario, están construyendo una dictadura”.
Por el contrario, el senador morenista Óscar Cantón Zetina argumentó que el actual gobierno ha logrado la “madurez institucional y ha demostrado que está listo para reasumir las funciones esenciales que alguna vez fueron delegadas a los organismos constitucionales autónomos”, por lo que no considera que esta reforma sea un retroceso sino una reafirmación de la capacidad del Estado para “servir al pueblo directamente sin intermediarios ni estructuras que diluyan la acción estatal”.
Fideicomisos ocultos en los órganos autónomos
El presupuesto con el que estos órganos han contado también fue uno de los temas de debate. Entre 2018 y 2024, la suma fue de 32 mil millones de pesos “sin que el pueblo obtuviera algún beneficio”, sostuvo Verónica del Carmen Díaz Robles, senadora morenista. Además, criticó que pese a este enorme monto, órganos como el INAI no cumpliera efectivamente con sus funciones, esto ante los 12 millones de expedientes que los entonces presidentes Fox, Calderón y Peña Nieto reservaron para que no se diera a conocer al público la información contenida en ellos.
La opacidad selectiva con la que el Instituto de la Transparencia actuaba también fue señalado por los legisladores. Malú Micher, senadora morenista, reveló que en Guanajuato se creó el Fideicomiso para Organizaciones Sociales (Fidesseg). Dado que se trataba de un fideicomiso con dinero del erario, senadores solicitaron mayor información sobre sus beneficiarios, pero la autoridad encargada se negó. Frente a la negativa, se recurrió a un amparo ante el INAI, quien pidió al Instituto de Información de Guanajuato dichos datos, pero éste recurrió a tácticas disuasorias para no entregar dicha información sin que el INAI interviniera en hacer valer su sentencia. De acuerdo a la morenista, el Fidesseg beneficiaba al ex presidente Vicente Fox y a Marta Sahagún, su esposa.
Junto a este caso, senadores del oficialismo evidenciaron otros en los que el INAI ordena entregar información irrelevante, pero ocultaba otra obligada por la ley, como lo fue el caso de la relación de las empresas de la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez con las dependencias donde ha sido servidora pública.
Tras este debate y la aprobación de extinción, la iniciativa de reforma constitucional fue enviada a los 32 congresos locales para su votación.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum reiteró durante su habitual conferencia matutina que la desaparición de los organismos autónomos no implica que las tareas que tienen asignadas desaparezcan, sino que se realizarán de otra manera dentro de las secretarías correspondientes.
