21/11/2024 (Ciudad de México). En otra tensa sesión en San Lázaro, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen que propone la extinción de siete órganos autónomos. Con 347 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones, la reforma constitucional avanza hacia su discusión en lo particular, generando un intenso debate sobre sus implicaciones para la transparencia y la responsabilidad del Estado mexicano frente a los acuerdos internacionales.
La propuesta de reforma se basa, según el Ejecutivo mexicano, en los principios de racionalidad, austeridad, eficiencia y eficacia. De acuerdo a los argumentos de los legisladores del oficialismo, el objetivo es optimizar los recursos públicos y simplificar la estructura gubernamental, argumentando que desde su creación, estos organismos han representado un gasto significativo para el erario público sin cumplir con las metas para las que fueron creados.
Como ejemplo de su ineficiencia y visos de corrupción para proteger a empresarios Lilia Aguilar, diputada por el Partido del Trabajo, recordó el favoritismo del que ha gozado Carlos Slim durante años, a quien, pese a tener el monopolio de la telefonía fija, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) le entregó la concesión de telefonía móvil con tecnología 5G para explotarla durante 30 años.
Por su parte, diputados de la oposición insistieron en construir una narrativa que pone a Morena, principal ganador en las elecciones de junio, como un partido “autoritario” que está en contra de la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que busca destruir cualquier tipo de contrapeso al actuar del Estado.
En este sentido, Noemí Luna, coordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional, señaló que en el caso de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ésta se debe a que fue este órgano el que reveló el fraude en Segalmex durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Este caso, admitido por el Gobierno Federal, consistió en un daño al erario por 2.7 mil millones de pesos, de los cuales sólo se han podido recuperar 955 millones.
Desaparición no contraviene acuerdos internacionales
Por la desaparición de los órganos autónomos reguladores, como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), diputados de oposición han apuntalado la idea que su ausencia contravendría acuerdos como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde se estipula la figura de un “organismo técnicamente independiente” para garantizar la sana competencia entre las industrias de los tres países.
Sin embargo, Olga Sánchez Cordero, diputada morenista y ex ministra de la Corte, recordó que la versión previa del T-MEC, el TLCAN, funcionó armónicamente sin la necesidad de los órganos constitucionales autónomos creados en 2013.Además, destacó que su autonomía no garantiza la labor “técnica e independiente” que pide el T-MEC, por lo que, a la luz de la deficiencias des tos órganos se hace evidente “la necesidad de una reestructuración, de una transferencia de facultades que salvaguarde los derechos del ciudadano y que reduzca los costos de su administración”.
Por el debate en las funciones propias de los órganos reguladores, la bancada de Morena admitió una reserva para que la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones se fusionen en un organismo autónomo desconcentrado adscrito a la secretaría de Economía, pero con independencia técnica. Previamente se consideraba que el IFT quedara bajo responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
En cuanto a los otros cinco órganos autónomos, estos pasarán a otras instancias federales. En el caso del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), quedará dentro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), en la Secretaría de Energía; la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), a la Secretaría de Educación Pública.
Finalmente, las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales serán asumidas por la Secretaría de la Función Pública (ahora renombrada como Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno) en lo que respecta a la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo, mientras que para los otros dos poderes, Legislativo y Judicial, será a través de sus propios órganos de control; y para los partidos políticos, el garante de la información será el Instituto Nacional Electoral (INE).
El trámite avanza en la Cámara de Diputados con una nueva sesión donde se plantearán cerca de 300 reservas al dictamen ya aprobado.
