22/10/2024 (Ciudad de México). El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2025 presentado por la ministra presidenta Norma Piña. Esta decisión se tomó en sesión privada, celebrada el pasado lunes 21 de Octubre, entre observaciones por parte de varios ministros por no ajustarse a la Ley Federal de Austeridad Republicana, misma que sí ha sido acatada por los otros poderes de la Unión.
El proyecto de presupuesto presentado por la ministra Piña Hernández solicitaba un total de 5 mil 922 millones de pesos, lo que representaba un aumento del 2.3% respecto al año anterior. Este incremento estaba destinado a cubrir diversos gastos, incluyendo aumentos salariales en relación con la inflación y los altos sueldos de jueces, magistrados y ministros.
En particular, los ministros cuestionaron que el proyecto agregara recursos para seguros privados de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizada, los cuales sumaban más de 132 millones de pesos. Otros rubros observados fueron los aumentos en el presupuesto operativo, en un 8.2%, y en el presupuesto a proyectos, con un incremento del 74.9%, que sumados agregan más de 104 millones de pesos.
Además, el proyecto contempla la conservación de 13 fideicomisos, que suman 15 mil 434 millones, hecho polémico ante los múltiples señalamientos sobre el uso de estos recursos para brindar una serie de privilegios a los altos mandos del Poder Judicial.
Finalmente, se destacó que el proyecto no consideraba los ajustes necesarios para que los sueldos de los servidores públicos no excedieran el de la presidencia de la República, conforme lo mandata la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos aprobada desde 2020.
De acuerdo a esta ley, en su Artículo 7, para el sueldo de todos los funcionarios y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, los tres poderes de la Unión y los organismos autónomos o descentralizados “se considerará como máximo el equivalente al Presidente de la República”. Sin embargo, mediante argumentos de inconstitucionalidad y no retroactividades, los ministros de la Suprema Corte resolvieron en 2020 mantener sus altos sueldos.
Actualmente, la ministra presidente Norma Piña percibe un sueldo mensual bruto de 297 mil 403 pesos que, además de las prestaciones de ley, se infla con una serie de prestaciones exclusivas que incluyen seguros de gastos médicos privados, pagos por riesgos, automóviles blindados, reparación y remodelación de sus casa, comedor exclusivo, gasto para gasolina hasta por 22 mil pesos mensuales, entre otros y que suman un total por más de 600 mil pesos mensuales.
Por el contrario, él o la presidenta de la República percibe un sueldo bruto mensual de 193 mil 361 pesos, más las prestaciones marcadas por la ley, siendo este sueldo el que la ley marca como máximo para cualquier tipo de funcionario o servidor público en toda la República.
Presupuesto conforme mandata la Constitución
Ante el rechazo del presupuesto, la ministra Piña Hernández se comprometió a reelaborar la propuesta y presentarla nuevamente en sesión del próximo martes 29 de Octubre.
Además, durante su participación en el XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Piña Hernández afirmó que actualmente se presentan “momentos delicados y difíciles” en la democracia constitucional en el país debido a los posibles efectos de la reforma judicial aprobada en septiembre, por lo cual está en riesgo el equilibrio entre los tres poderes de la Unión.
Durante su discurso la ministra insistió en que esta reforma provocará la politización de la justicia, lo cual pondría en riesgo el respeto a los derechos humanos y la imparcialidad del sistema judicial. Acusó también que podría desaparecer la carrera judicial, misma que ha sido acusada por estar avasallada por el nepotismo, hecho que Norma Piña reconoció en otro momento, señalando que casi 50% de los trabajadores del Poder Judicial tienen relaciones familiares en los órganos jurisdiccionales.
Por su parte, durante conferencia matutina desde Palacio Nacional la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el presupuesto para el ejercicio 2025 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “será presentado conforme lo que señala la Constitución”. Además, señaló que los fideicomisos del Poder Judicial deben ser reintegrados al presupuesto público y se usarán de manera transparente. Sugirió que podrían ser utilizados para la recuperación de Acapulco, tras el paso de los huracanes Otis y Jhon, decisión que en un primer momento el máximo tribunal aceptó a sugerencia del expresidente López Obrador pero de la que más tarde se retractó.
