19/10/2024 (Ciudad de México). En Bolivia, el gobierno de Luis Arce es confrontado por la protesta de campesinos y obreros, que efectúan masivos bloqueos de carreteras. La medida de presión que comenzó hace cinco días, afecta ya a cuatro de los nueve departamentos que tiene el país y se sigue expandiendo.
No dio resultados la estrategia de contención y deslegitimación gubernamental de esa acción de masas, una estrategia que estuvo a cargo de la ministra de la presidencia, Marianela Prada, y del ministro de gobierno, Eduardo del Castillo. Ambas autoridades se dieron a la tarea de minimizar el alcance de la protesta, afirmando que sólo buscaba proteger a Evo Morales. Luego, el gobierno combinó esta línea comunicacional con la represión policial que, por el momento, es limitada y focalizada sólo en algunos de los bloqueos, los que tienen menos gente, pues es muy riesgoso hacerlo donde se han juntado multitudes.
En su gran mayoría, los manifestantes son campesinos, a quienes se han sumado trabajadores de varias cooperativas mineras y pobladores de barrios periurbanosde bajos ingresos. Su pliego de demandas tiene que ver con el deterioro de la situación económica nacional, pues piden que el gobierno efectúe el control de precios de los productos de la canasta familiar, que en el último año se encarecieron, especialmente los alimentos procesados que vienen de fuera del país. Este efecto inflacionario se origina en la escasez de dólares (las importaciones se pagan con esta moneda), que duplicaron la paridad cambiaria. Si hoy todavía el tipo de cambio oficial es de siete bolivianos por dólar, ha surgido un mercado cambiario paralelo que los vende hasta en 14 bolivianos por dólar. Demasiada diferencia.
Otro tema acuciante es la escasez de gasolina y diessel, que el Estado compra en el exterior a precios internacionales, pero los vende en Bolivia a precios subvencionados. Esto genera un creciente gasto fiscal que desequilibra la economía nacional, y que Luis Arce no pudo resolver levantando así sea gradualmente ese subsidio, como sí hizo el presidente Gustavo Petro en Colombia. Arce optó pordejar la decisión a una consulta popular, que ni siquiera pudo ser convocada.
Viene por añadidura la defensa social que hacen estos sectores de Evo Morales, contra el que se iniciaron ocho procesos penales por orden del presidente Arce. La protesta campesina y popular le respalda, calificando de injusta la persecución a que lo están sometiendo, porque Evo se ha mantenido durante décadas como un dirigente de masas. Esto se pudo verificar hace tres semanas, cuando una marcha encabezada por Morales llegó a la ciudad de La Paz, la sede de gobierno, juntando a centenares de miles de personas.
Curiosamente, luego de esa marcha que validó su vigencia política, el gobierno activó (o reactivó) las denuncias, acompañándolas de una sostenida campaña, en medios de comunicación y en redes sociales, de desprestigio contra el ex presidente. Sin embargo, aparte del escándalo mediático , eel gobierno no logró ningún real avance judicial: se anunció una orden de aprehensión que luego fue anulada judicialmente; se dijo que habría una alerta migratoria para que Morales no saliera del país, pero luego se desmintió indicando que no era viable. Todo esoterminó reforzando el argumento legal de los abogados de Morales, que hancalificado estas acciones penales como Lawfare, que significa persecución judicial con fines políticos.
Por ahora, no se avizora el diálogo entre gobierno y campesinos.
