30/09/2024 (Ciudad de México). En Chile, luego de varios años de exigir su alejamiento del cargo por las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de octubre de 2019, el director nacional de la policía militarizada de Carabineros, general Ricardo Yañez Reveco, finalmente renunció ayer a su cargo. 

El hecho se precipitó luego que una Corte de Apelaciones de la capital Santiago de Chile, ratificara el procesamiento legal de Yañez, por su presunta responsabilidad en los delitos de omisión de deberes en el respeto a los derechos ciudadanos, así como ordenar acciones policiales ilegítimas que tuvieron como resultado homicidios, lesiones graves y torturas de detenidos. 

A fines del 2019, el general Ricardo Yañez dirigía el “Departamento de Orden y Seguridad”, uno de los más temidos dentro de la Policía chilena, que fue rediseñada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973 – 1990) para que se dedique exclusivamente a las tareas de control político y persecución de opositoresal régimen militar.

Esa dictadura formalmente acabó el año 1990, pero los resabios autoritarios quedaron cristalizados en la Constitución que el dictador promulgó en 1980. Y dentro de esa Constitución los organismos policiales están preservados en su rol represivo. Por ello es que, cuando la derecha simpatizante del régimen pinochetista, tomó las riendas gubernamentales a través de Sebastián Piñera, no causó extrañeza que en sus dos periodos presidenciales -del 2010 al 2014 el primero, y del 2018 al 2022 el segundo- ese mandatario derechista, que fue el que enfrentó las enormes movilizaciones sociales del 2019, se apoyara en ese Departamento policial.

La labor represora del general Yañez durante el “estallido social”, ha sido cuidadosamente documentada por el “Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile”: 30 fallecidos por heridas de bala de las fuerzas policiales; 460 personas con lesiones oculares desde severas hasta muy graves (pérdida de los dos globos oculares), ocasionadas por disparos de perdigones o bombas lacrimógenas directamente apuntados hacia la cabeza; al menos 10.000 personas detenidas por la policía por “diversos delitos”, de las cuales 8.827 personas han denunciado hasta ahora diversos delitos cometidos por agentes del Estado, desde vejaciones, robo de pertenencias, agresiones sexuales, violaciones y torturas.  

Lo que llamó la atención es que Gabriel Boric, que como activista político de una izquierda forjada en las aulas universitarias, denunciaba en los años del “estallido social” la brutalidad policial y exigía justicia, ya convertido en gobernante desde el 2022, se olvidó de sus anteriores posturas, dejando de lado los pedidos de activistas de derechos humanos y de izquierda, que demandaban destituir al jerarca policial.  Boric, que comenzó a administrar una parte del aparato de Estado (el poder ejecutivo) con algunas ínfulas de transformarlo desde adentro, terminó engullido por los poderes deónticos estatales, protagonizando un rápido desplazamiento ideológico desde la izquierda hacia la derecha, en su afán de tratar de ganar el “centro sociológico”.

El respaldo que el presidente le dio el 2022 al general Ricardo Yañez, ratificándolo en el cargo al que le había ascendido dos años antes Piñera, de director nacional de la Policía, le ha valido numerosas críticas de lo que queda -con fuertes dosis de pragmatismo y capacidad de aguante- de izquierda dentro de su coalición de gobierno (el Partido Comunista), así como de los familiares de las víctimas de la represión policial.

Ahora, con la justicia cercando a Yañez, no tuvo otra opción que aceptarle la renuncia.