25/09/2024 (Ciudad de México). El pasado 11 de septiembre murió a sus 86 años Alberto Fujimori, presidente del Perú entre los años 1990 y 2000. Su legado está marcado por la ignominia, principalmente por las violaciones sistemáticas a los derechos que se cometieron durante su mandato.
Alberto Fujimori fue un ingeniero que llegó al poder en 1990, luego de haber competido en una muy reñida segunda vuelta con el escritor y político derechista Mario Vargas Llosa. Aunque en su campaña se presentaba a sí mismo como una alternativa a las iniciativas neoliberales que el intelectual buscaba impulsar, una vez llegado al gobierno las asumió como propias e, incluso, fue aún más lejos hacia el lado conservador del espectro político.
Rápidamente, su gobierno puso en marcha el llamado fujishock, un plan económico basado en la privatización de empresas públicas, la reducción del gasto social y la desregulación de los precios, lo que afectaría profundamente a los sectores más pobres del Perú, al incrementar los precios y la desigualdad en los ingresos. Dos años después, en 1992, llevó a cabo la disolución del Congreso peruano, acto conocido como el fujimorazo, que fue considerado un autogolpe de Estado.
Tras la disolución del Congreso, Fujimori puso en marcha el Plan Verde, una estrategia militar encubierta confabulada entre las Fuerzas Armadas y las élites empresariales peruanas. Si bien este plan fue ideado desde 1989 y originalmente se pensó para ser implementado por Vargas Llosa, Fujimori lo haría propio una vez que estuvo en el poder, probablemente por presiones de la milicia y las oligarquías peruanas.
De esta manera, el plan ordenaba un gobierno militar de facto, complementado con medidas neoliberales de carácter extremo. No obstante, el componente más inquietante del Plan Verde fue la búsqueda por aniquilar a las poblaciones más vulnerables del Perú, la gran mayoría de ellas indígenas, a quienes se les consideraba una “carga innecesaria” e, incluso, acreedoras al “exterminio total”.
En el año 2000, Fujimori compitió y ganó las elecciones presidenciales por tercera ocasión. Sin embargo, el gobierno fujimorista se vio obligado a concluir apenas unos días después de haber tomado protesta, bajo acusaciones de fraude electoral y corrupción. Ante el incremento de la violencia y el caos, Fujimori huyó a Japón, cuyo gobierno reconocía la nacionalidad del exdictador y evitó su extradición al Perú.
Pero Fujimori viajó a Chile en el año 2005, país que tampoco se caracteriza por el historial de extradiciones. Aun así, debido a la orden internacional para aprehender al exmandatario peruano, fue detenido en aquel país para ser extraditado a Perú en 2007 para, finalmente, ser juzgado y declarado culpable por crímenes de lesa humanidad en 2009.
Como parte de su programa, el fujimorismo enfrentó de manera enérgica y directa a la guerrilla maoísta del grupo Sendero Luminoso pero cometiendo múltiples y graves violaciones de derechos humanos. Conocidas son las masacres y los secuestros de civiles cometidos por el Grupo Colina, escuadrón de la muerte conformado entre las filas del Ejército.
A raíz de este actuar, entre 2007 y 2009, Alberto Fujimori fue juzgado y declarado culpable por crímenes de lesa humanidad debido a las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, en las cuales el Grupo Colina asesinó a 25 peruanos en 1992, incluyendo un niño. Igualmente, Fujimori también fue declarado culpable por el uso ilegal de 15 millones de dólares para pagarle al exjefe de espías en el Perú, Vladimiro Montesinos, quien fue considerado su segundo al mando, así como para pagos a congresistas de la oposición y una televisora, controlando la crítica a su mandato.
Debido a estas acusaciones, Fujimori pasó 16 años en una prisión que fue abierta específicamente para su estancia, Barbadillo, que contaba con unos 800 metros cuadrados de extensión, en donde podía cultivar rosas, pintar y cocinar, además de recibir visitantes todos los días.
Aunque fue indultado en 2017 por razones de salud por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, un año después, el indulto sería revocado por la Suprema Corte peruana; sin embargo, para 2023 –bajo el gobierno espurio de Dina Boluarte–, un Tribunal Colegiado anularía la decisión de la Suprema Corte, restituyendo el indulto y liberándolo de prisión nuevamente. Con todo, Fujimori representa el primer presidente latinoamericano en ser procesado en su propio país por crímenes de lesa humanidad, lo que marcó un precedente en la región.
Otra de las medidas del fujimorismo que pasó a la historia por el nivel de ignominia fue la de las esterilizaciones forzadas a las que fueron sometidas miles de mujeres empobrecidas, la mayoría indígenas y residentes de áreas rurales. A través del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar – que tenía como objeto explícito difundir los métodos de planeación familiar y anticoncepción–, serían esterilizadas casi 300 mil mujeres entre 1996 y 2000, la mayoría de ellas mediante coacción, chantaje, engaño y otras estrategias desleales.
Aproximadamente 18 de las mujeres esterilizadas forzadamente habrían fallecido tras la intervención médica, debido a la negligencia en los procedimientos quirúrgicos no consentidos. A raíz de ello, en 2014, se denunció nuevamente al expresidente Fujimori y a varios de sus funcionarios ante las autoridades peruanas por los homicidios y las lesiones derivados de las anticoncepciones quirúrgicas presuntamente forzadas.
No obstante, no fue posible vincular a proceso a Fujimori por las esterilizaciones forzadas, ya que la Fiscalía peruana rechazó que existieran pruebas suficientes para relacionarlo con los actos. Sin embargo, las víctimas afectadas siguen organizadas para buscar justicia, respaldadas por organizaciones internacionales como Human Right Watch y Amnistía Internacional, las cuales han denunciado estos actos del gobierno fujimorista como delitos de lesa humanidad.
A pesar de lo infame que resulta el fujimorismo, está plenamente vivo en el Perú como corriente política, reivindicada por la hija del propio exdictador, Keiko Fujimori, quien ha competido en las elecciones presidenciales en tres ocasiones por el partido Fuerza Popular, sin éxito.
El apoyo al fujimorismo de la presidenta espuria, Dina Boluarte, también le ha permitido recobrar fuerza en los últimos años. Ya que la presidenta no cuenta con la legitimidad de haber sido electa democráticamente, ni con una base popular propia, tiene que recurrir al fujimorismo. No en balde Boluarte declaró tres días de luto tras su muerte.
