06/09/2024 (Ciudad de México). “Sería una aberración, y desde luego una violación fragrante a la Constitución, el que se detenga el proceso de análisis, discusión y en su caso aprobación de la reforma constitucional dedicada al Poder Judicial, no hay ningún fundamento constitucional”, señaló el presidente López Obrador luego de que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, diera entrada a un recurso interpuesto por jueces y magistrados para frenar el avance de la reforma judicial.

El presidente enfatizó que la intervención del Poder Judicial en este proceso sería un acto sin precedentes y una clara violación a la separación de poderes establecida en la Constitución Mexicana. De acuerdo al titular del Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene la autoridad para detener un proceso legislativo que está en curso y que ya ha sido aprobado por la Cámara de Diputados.

Esta postura también ha sido sostenida por expertos en derecho constitucional, quienes argumentan que la SCJN no tiene la facultad de intervenir en procesos legislativos a menos que se trate de una clara violación a los derechos humanos o a la Constitución. Por su parte, los opositores a la reforma insisten en que ésta compromete la independencia del Poder Judicial.

Por la pretendida usurpación de funciones, López Obrador señaló que los intentos de jueces y magistrados, quienes ya han interpuesto cuatro recursos diferentes, y la convalidación de Norma Piña, son “una burda intromisión”, por lo que confía que estas acciones no prosperen y que la reforma continúe con su avance legislativo.

Las controversias entre los tres poderes de la Unión tienen profundas implicaciones políticas. La postura del presidente mexicano refuerza su argumento de la lucha contra la corrupción y busca contribuir sustantivamente a la promesa de transformación iniciada en 2018.

Por su parte, la Suprema Corte se encuentra en una posición delicada, ya que cualquier decisión que tome será vista como un acto político, tanto por las simpatías mostradas por Norma Piña hacia la oposición, como por el abierto conflicto de interés al pretender invadir la esfera de facultades del Legislativo que busca reformar constitucionalmente al Poder Judicial.

Presión a senadores de la oposición

Actualmente, la reforma judicial se encuentra en el Senado, donde las comisiones tienen planeado dictaminarla el próximo domingo. De aprobarse como se tiene previsto, ésta pasará al pleno de la Cámara Alta y será debatida para luego someterla a votación.

Luego de la elección del 2 de Junio y el abrumador respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación, Morena y sus aliados lograron 83 escaños en el Senado, a los que posteriormente se sumaron dos senadores de la oposición. Con 85 votos presumiblemente asegurados para la aprobación de esta reforma que requiere mayoría calificada, al oficialismo le haría falta únicamente un voto proveniente de alguno de los 43 senadores con los que cuentan en conjunto los partidos PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

Frente a este panorama, organizaciones de la sociedad civil señaladas de fungir como actores políticos de oposición, como la “Marea Rosa” o “Unid@s”, ambas dirigidas por el empresario Claudio X. Gonzalez, han lanzado una campaña de presión a los senadores de oposición para que no dialoguen con el oficialismo y emitan su voto en contra de la reforma judicial.

Por este motivo, el presidente López Obrador, durante su habitual conferencia matutina, invitó “a los senadores, con todo respeto, para que actúen con independencia, con libertad y que por delante del interés personal, del interés partidista, pongan el interés del pueblo y el interés de la nación, no le conviene a México mantener un Poder Judicial sometido a la delincuencia. El Poder Judicial está podrido, invadido por la corrupción, no se imparte justicia en beneficio del pueblo de México, es un poder secuestrado, tomado, al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco”.