03/09/2024 (Ciudad de México). Este martes 3 de Septiembre los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han unido al paro nacional del Poder Judicial y han bloqueado los accesos al Congreso de la Unión. El objetivo, evitar que se discuta en el pleno la reforma judicial.

Los trabajadores del poder judicial que protestan argumentan que esta reforma amenaza su autonomía y condiciones laborales. Por su parte, el presidente López Obrador, promotor inicial de esta reforma, asegura que el respeto a los derechos laborales están garantizados.

Además, y a propuesta de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, por ocho votos a tres los ministros que integran el pleno de la Suprema Corte decidieron sumarse al paro de actividades.

Entre otras medidas, la reforma contempla que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, elección en la cual pueden participar automáticamente los juzgadores en funciones; además, se busca dividir al Consejo de la Judicatura en dos nuevos órganos para que uno se encargue de la parte administrativa y la otra de la supervisión al trabajo de los togados.

El paro y bloqueo ante San Lázaro

El paro comenzó hace dos semanas, cuando los trabajadores de confianza del Poder Judicial votaron a favor de suspender actividades en protesta contra la reforma. A ellos se les sumaron jueces y magistrados de diferentes estados. La decisión de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de unirse al paro marca un punto crítico ya que ésta es la máxima autoridad judicial del país. La votación para unirse al paro se llevó a cabo el lunes.

El paro y las protestas han tenido un impacto significativo en el funcionamiento del sistema judicial. Muchos expedientes y casos han sido pospuestos y la carga de trabajo acumulada comienza a generar preocupación entre los abogados y los ciudadanos. Además, el bloqueo de los accesos al Congreso ha retrasado la discusión de otras leyes y reformas importantes.

Frente a este rezago cada vez mayor, la ministra Lenia Batres, respaldada por la ministra Yasmín Esquivel, propuso al pleno de la Suprema Corte que se exhorte al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a garantizar que el actual paro de labores de los trabajadores de este poder no lesione el derecho humano de acceso a la justicia. En sesión privada, los otros nueve integrantes de la SCJN votaron en contra de dicho exhorto.

Ante la protestas y los bloqueos de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) ha salido a declarar que sesionarán en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de México, sede alterna de la Cámara Baja y cuyo cambio está contemplado constitucionalmente.

Jueces otorgan suspensiones a trabajadores del Poder Judicial

Como parte de la intentona para frenar la reforma, dos jueces federales otorgaron suspensiones provisionales a trabajadores del Poder Judicial que se oponen a ella. Los hechos fueron exhibidos durante la conferencia matutina del presidente López Obrador y señalados de ser actos violatorios de la Constitución en una postura “francamente arbitraria y facciosa”.

Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhibió a los jueces Martha Eugenia Magaña López y Consuelo Soto, de Morelos y Chiapas, respectivamente.

La jueza Magaña López otorgó una suspensión de oficio el 29 de Agosto, argumentando que la reforma podría causar un “daño de imposible reparación” a los trabajadores del Poder Judicial. Esta suspensión impide que el proyecto de dictamen de la reforma sea discutido y votado por la Cámara de Diputados hasta que se resuelva la suspensión definitiva. Esta suspensión fue a su vez cancelada por otro tribunal.

Por su parte, el juez Consuelo Soto concedió una suspensión de oficio el 30 de Agosto, también para evitar daños y perjuicios de “difícil reparación”. Esta suspensión implica que el Congreso de la Unión no puede enviar el dictamen a las legislaturas de los estados y la Ciudad de México para su aprobación hasta que se resuelva la suspensión definitiva.

Al respecto, el presidente López Obrador expresó su desacuerdo ya que estas medidas judiciales revelan un uso faccioso y hasta ilegal de las atribuciones del poder judicial, con las cuales se usurpan facultades y se violenta la división de poderes. “Violan la Constitución. Imagínense el Poder Judicial que tiene como encargo el apego estricto a la Constitución y las leyes se convierten en el más tenaz violador de la Constitución y las leyes”, afirmó el mandatario, al tiempo que expuso: “Por eso es que la gente al principio a lo mejor tenía algunas dudas pero ahora, todo está muy claro. Hablan de Estado de Derecho y es estado de chueco y ya no es estrictamente jurídico es un asunto, por tratarlo bien político, pero en realidad politiquero porque ya están metidos ahí personajes opositores de la política”.