14/08/2024 (Ciudad de México). En Buenos Aires, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró ante un Tribunal Oral Federal, en el juicio por el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022, cuando pudo salvar la vida porque falló el mecanismo de disparo del arma (una pistola Bersa calibre 32) con que le apuntaron. En ese momento, Fernández de Kirchner ocupaba el cargo de vicepresidenta, cuando grupos de activistas tanto a favor como en contra de ella, se apostaron alrededor de su domicilio.

La ex presidenta recordó las agresiones que vivió a lo largo de su vida política por parte de grupos abiertamente contrarios a sus ideas de justicia social. Habló del clima de violencia antes del atentado, reseñando cómo grupos ultraderechistas, que reivindicaban a la dictadura militar encabezada por el general Jorge Rafael Videla, realizaban en la Plaza de Mayo agresivas protestas contra el gobierno del peronista Alberto Fernández, mostrando guillotinas y bolsas negras, de esas que se usan en las morgues para cubrir los cadáveres. Decían a viva voz que la única solución para Argentina era “exterminar a los izquierdistas”. A dos años de esos acontecimientos, muchos de esos violentos ocupan cargos en el nuevo gobierno neofascista.

En su testimonio judicial, la ex presidenta cuestionó al tribunal por las razones que explican que sólo esté en la sala el autor material del atentado, Fernando Sabag y un par de cómplices, pero no los autores intelectuales del ataque. Recordemos que cuando comenzaron las investigaciones fue señalado por la parte denunciante y también por algunos medios de comunicación, el diputado Gerardo Milman.

Milman, un fanático antikirchnerista, comenzó su carrera política en la “Unión Cívica Radical”, un partido de centroderecha que se fue debilitando conforme surgían nuevas corrientes de la llamada derecha moderna, como la que dirigió el empresario Mauricio Macri. Cuando Macri fue presidente de un gobierno neoliberal entre los años 2015 al 2019, Milman se enroló en el equipo de Patricia Bullrich, del ala dura del macrismo, ocupando el cargo de “Secretario de Gestión Federal de la Seguridad”.

En su despacho se elaboraron los primeros “protocolos de seguridad” contra los movimientos sociales. Milman fue la autoridad que ordenó las represiones policiales contra el pueblo mapuche, el que instruyó el 1 de agosto de 2017 la acción de los uniformados en que fue asesinado el artesano Santiago Maldonado, cuyo cadáver estuvo oculto por 77 días, o el que defendió otro episodio de violencia estatal en que murió Rafael Nahuel en noviembre de 2017.

Cristina Fernández recordó que, en los actuados de la Fiscalía, hay testimonios que dan fe de que, pocos días antes del atentado, en el restaurant Casablanca, frente al Congreso, el actual diputado Milman, afirmó: “Cuando la maten, yo estaré camino a la Costa”. Sin embargo, la Juez María Eugenia Capuchetti nunca instruyó a la Fiscalía que se amplíe la pesquisa hacia el legislador, que hoy es un estrecho colaborador en el Congreso del presidente Javier Milei y de su secretaria de seguridad, la ya mencionada Patricia Bullrich. La ex presidenta fue enfática ante el Tribunal: “Tenemos aquí a los tres autores materiales, pero no están los ideólogos”.

Cristina Fernández aprovechó la tribuna judicial para denunciar la violencia simbólica ejercida por varios medios de comunicación, mostrando pendencieras portadas en las que se la agredió en su condición de mujer y por su rol de presidenta y luego vicepresidenta.

Hoy está en pleno debate en Argentina la responsabilidad de los medios de comunicación en la revictimización de las mujeres que sufren violencia. Es a propósito de la denuncia por lesiones graves presentada por Fabiola Yáñez, contra quien fue su pareja, el ex presidente Alberto Fernández. En lo que está lejos de ser una coincidencia, tanto el estallido de ese caso como la enorme cobertura periodística que se le da, están siendo usadas para invisibilizar el juicio por el atentado contra vida de Cristina Fernández de Kirchner.