01/08/2024 (Ciudad de México). Bolivia atraviesa por una crisis de abastecimiento de diessel -uno de los combustibles más utilizados en el transporte de carga y en las actividades industriales- que se agravó, en las últimas semanas, por el retraso de los despachos en puertos de Chile de buques cargueros contratados por Bolivia que, siendo un país mediterráneo, depende de los países vecinos para el ingreso de sus importaciones.
En el caso de la gasolina y el diessel, el país las compra en mercados internacionales a los precios de referencia mundial. Sin embargo, esos combustibles, en el mercado interno, deben ser vendidos a un precio mucho más bajo, debido a la subvención que comenzó a aplicarse el año 2004, antes de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales (2006-2019) y de Luis Arce (desde el 2020).
Como la tendencia dominante del precio internacional es de incremento, debido a la guerra en Ucrania y ahora por los conflictos en Medio Oriente, el esfuerzo fiscal para mantener la subvención es cada vez mayor alcanzando, según datos de la empresa estatal “Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia” (YPFB), un monto de 1.700 millones de dólares el año 2023. Esa cifra, que tal vez es modesta para otros países más industrializados, significa en el caso boliviano el 3.7% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal, que ese mismo 2023 alcanzó a 45.464 millones de dólares.
Es un costo fiscal demasiado elevado, por lo que hace mucho tiempo que se viene debatiendo el levantamiento, así sea gradual y parcial, de esta subvención, tal como por ejemplo se realizó en Colombia durante este año. Pero aún no hay consenso al respecto entre los sectores sociales productivos, y tratar de imponerlo desde el gobierno no resulta, como se concluye del fracasado intento durante el gobierno de Evo Morales, cuando el actual presidente Luis Arce era el ministro de finanzas, en diciembre del 2010. En esa ocasión, la anulación del apoyo estatal apenas duró 48 horas, ya que por las protestas sociales se tuvo que dar marcha atrás en la medida, revocándola.
En estos momentos en Bolivia, por la crisis de abastecimiento, se ha generado una protesta masiva del sector de los transportistas, tanto los que operan transportando carga, como los que se dedican a brindar el servicio de transporte de pasajeros. Utilizando sus camiones de alto tonelaje y sus trailers, procedieron a bloquear importantes carreteras en cinco departamentos de los nueve que tiene Bolivia, así como también efectuaron cortes en las avenidas de las más importantes ciudades, como Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.
Esta protesta social también se origina en la escasez de dólares, que ha ocasionado una devaluación en los hechos de la moneda boliviana, alterando los patrones cambiarios que por mucho tiempo mantuvo la paridad monetaria del mercado oficial en 7 bolivianos por 1 dólar, pero que en los últimos seis meses ha subido hasta 11 bolivianos por 1 dólar en el mercado paralelo, una devaluación fáctica del 57%.
Es cierto que la gran mayoría de los productores y comerciantes no realizan sus operaciones cotidianas en dólares, pero el incremento del precio de las divisas, al encarecer las importaciones, ha terminado también incrementando los precios de importantes bienes de consumo de la canasta familiar como son los alimentos sin procesar, los alimentos procesados y los medicamentos.
El deterioro de la economía y la mayor conflictividad social significan para el gobierno de Luis Arce mayor desgaste político, justo en los momentos en que en los círculos palaciegos se discute la posibilidad de que el actual presidente postule para la reelección el año 2025, inhabilitando de esa carrera electoral al ex presidente Evo Morales, que ha roto todo vínculo con la actual administración gubernamental arcista.