25/07/2024 (Ciudad de México). La candidatura del Partido Republicano para las elecciones en Estados Unidos ya está decidida y Donald Trump y James David Vance competirán, respectivamente, por la presidencia y la vicepresidencia de la Unión Americana el próximo martes 5 de noviembre. En este escenario, todo parece indicar que los aspirantes republicanos no harán sino radicalizar su narrativa criminalizadora e intolerante en contra los mexicanos mientras se acerca el día de los comicios.
Tal como ocurrió en la entrevista que los candidatos sostuvieron este martes 23 de julio con la cadena Fox News, en la que expresaron algunos de sus juicios sobre la supuesta relación entre los cárteles de la droga y el gobierno mexicano. Así, mientras Trump apuntaba a que México “está petrificado ante los cárteles de la droga”, afirmando que éstos tendrían el poder para quitar a los presidentes mexicanos en tan sólo “dos minutos”, Vance señalaba que nuestro país se convertiría en un “narcoestado” si Washington no intervenía para tomar “el control de la situación”.
Estas afirmaciones son la cúspide de una serie de peroratas que ambos personajes han emitido en contra de México y nuestra población con la finalidad de obtener un beneficio político. Recordemos que Trump tejió su legitimidad como mandatario sobre la idea de construir un muro fronterizo para, supuestamente, impedir que los mexicanos y de otras nacionalidades pudieran ingresar al territorio estadounidense.
De esta manera, también se esperaba que los migrantes no pudieran ingresar drogas ilegales, ya que el expresidente Trump y otros republicanos consideran – al menos, en discurso– que la mayoría de las sustancias psicoactivas ilegales que ingresan por su frontera sur lo hace a través de los inmigrantes indocumentados.
Ante la narrativa intolerante de Trump y otros republicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha señalado en más de una ocasión que “México no es piñata de nadie”, acusando que, con esas narrativas criminalizadoras, los políticos conservadores en Estados Unidos sólo buscan obtener un beneficio político. Sin embargo, el costo en la reproducción de estos prejuicios y discursos resulta incalculable.
El mismo mandatario mexicano expuso anteriormente cómo una encuesta del medio NPR señalaba que el 39% de los estadounidenses consideraba que la mayoría del fentanilo y otras drogas ilegales ingresaba a los Estados Unidos vía los migrantes indocumentados que cruzan a su país a través de su frontera sur. La cifra es aún mayor en el caso de los ciudadanos con preferencia por el Partido Republicano, de los cuales 60% compartía el mismo prejuicio.
En concordancia, tanto en la entrevista con Fox News, como en otras ocasiones, ambos aspirantes republicanos han expuesto su intención por enviar elementos del ejército norteamericano para intervenir en México con la finalidad de combatir a los cárteles de la droga. Además, Mark Esper, exsecretario de defensa de Trump, afirmó en 2022 que durante su mandato el expresidente había sugerido lanzar misiles hacia nuestro país para, supuestamente, “aniquilar a los cárteles”.
Por su parte, Vance propuso en 2023 como senador por Ohio dotar al presidente norteamericano de la capacidad de desplegar su ejército en Latinoamérica para combatir a los cárteles de la droga, resaltando que esa necesidad era particular en el territorio mexicano. Además, Vance también consideró que las organizaciones mexicanas deben ser catalogadas como “terroristas”, lo que busca legitimar la intervención norteamericana en nuestro país para la lucha antinarcóticos.
Aunque es poco probable que Estados Unidos envíe tropas al territorio de su principal socio comercial, lo cierto es que estas narrativas pueden traducirse fácilmente en la implementación de acciones antinarcóticas de carácter unilateral e, incluso, intervencionista. Sin embargo, no sería la primera vez que las autoridades norteamericanas recurren a las drogas y al consumo de éstas por los estadounidenses como una muleta para arremeter en contra de México e impulsar sus propios intereses.
Desde principios del siglo XX, la sociedad blanca norteamericana recurrió al prejuicio hacia la población mexicana, señalándolos por su consumo de marihuana y construyendo una narrativa racista; esto a pesar de que los jóvenes blancos estaban tan familiarizados con el consumo de sustancias psicoactivas como sus pares mexicanos o afroamericanos, a quienes también estigmatizaban por la misma razón.
Para principios de los años cuarenta, el entonces zar antidrogas, Harry J. Anslinger, llevó a cabo actos de presión política y diplomática en contra del gobierno del general Lázaro Cárdenas, luego de que éste impulsara una política sin precedentes que buscaba descriminalizar el consumo de drogas y abordarlo como un problema de salud pública (y no de seguridad pública, como impone el prohibicionismo norteamericano).
Más adelante, entre los años setenta y ochenta, el supuesto combate al narcotráfico fue sustituyendo paulatinamente a la lucha anticomunista de Norteamérica como fachada para impulsar sus intereses sobre los países latinoamericanos, incluyendo a nuestro país. Al respecto, no debemos olvidar la documentación extensa que existe sobre un presunto acuerdo entre la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y la Dirección Federal de Seguridad (DFS) para utilizar el dinero del narcotráfico mexicano para financiar la contra nicaragüense en el contexto de la lucha popular sandinista.
Después, en 1985, Estados Unidos forzaría a México a desaparecer la DFS debido a las acusaciones por su presunta participación en el secuestro, tortura y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique Kiki Camarena. Una vez cerrada la agencia considerada como la “policía política” mexicana, la intervención de EUA en los asuntos en materia de seguridad no hizo sino profundizarse, siendo que prácticamente todos los gobiernos mexicanos replicaron los designios de Washington en el rubro del combate a las drogas hasta la actual administración.
Esta intervención bajo el pretexto del combate al narcotráfico se ha mantenido constante, aunque durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, iniciada por el expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa, adquirió un carácter inédito. La Iniciativa Mérida como la plataforma que impulsaría la transferencia de recursos y tecnología – obsoleta ya para la Unión América – hacia nuestro país para el combate al narcotráfico marcaría la pauta de la subordinación ante los intereses de Washington.
Una muestra evidente fue el operativo Rápido y Furioso, con el que la DEA y otras autoridades norteamericanas buscaron rastrear las armas que ingresaban a nuestro país por la frontera norte y que terminaban en manos de la delincuencia organizada. Para ello, permitieron el paso libre de armas ilegales, colocando en algunas de ellas un chip de rastreo. Aunque estas armas no sirvieron para capturar a delincuentes, posteriormente se evidenció cómo sí llegaron a las manos de criminales mexicanos, ya que se encontraron algunas de éstas en operativos llevados a cabo por las autoridades mexicanas en contra de las organizaciones delincuenciales.
Finalmente, no debemos olvidar los intentos recientes que las élites de seguridad llevan a cabo para impulsar sus intereses en nuestro país. Es el caso de la DEA, cuya actuación y presencia fueron reducidas durante el actual gobierno, pues el presidente AMLO ha mantenido una postura de desconfianza permanente en contra de la agencia.
Así, la DEA ha reaccionado mediante actos de presión diplomática y mediática ante la disminución de sus agentes y el cierre de unidades conformadas por la agencia en suelo mexicano, acusando al gobierno de AMLO de haber realizado muy poco para combatir el flujo del fentanilo hacia su país.
El caso de las “investigaciones periodísticas” en medios internacionales en las que se sugería – sin pruebas – que el presidente AMLO habría recibido dinero de los cárteles de la droga en su primera campaña presidencial, en 2006, representa la cúspide de esta tensión entre la DEA y el gobierno mexicano, ya que la información utilizada para el “nado sincronizado” de los medios fue filtrada por la agencia.
De tal suerte, aunque el actuar de los aspirantes republicanos muestra una clara radicalización de los principios racistas e intervencionistas, no resulta nada nuevo, sino que es parte de la tradición política de las élites norteamericanas que históricamente han responsabilizado a México por los problemas asociados al consumo de drogas que se manifiestan en su población.
