En Argentina, en la ciudad de Tucumán, donde se firmó la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata (el primer nombre de Argentina) en 1816, el presidente Javier Milei consiguió que 18 de los 24 gobernadores de provincia firmen el denominado “Pacto de Mayo”.
El “Pacto de Mayo” fue propuesto en marzo por el gobierno de Milei cuando estaba en debate en el Congreso y habían fracasado los primeros intentos de aprobación en el Senado, de la denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que finalmente terminó de aprobarse a fines de junio en la Cámara Baja, con el respaldo de 147 diputados y 107 que votaron en contra. Recordemos que esa sesión de la Cámara de Diputados estuvo bajo blindaje de un enorme dispositivo de seguridad policial, que reprimió con dureza las protestas sociales que se acercaban al Congreso.
Según la hoja de ruta mileista, primero debía aprobarse la Ley Bases y recién entonces firmarse el Pacto. Y así pasaron los primeros seis meses del gobierno de ultraderecha, tiempo en el que los sectores sociales han realizado grandes actos de resistencia, como las movilizaciones multitudinarias de alcance nacional, las huelgas con gran nivel de acatamiento y una desigual confrontación con la represión oficial.
Mientras los sectores populares siguen resistiendo, Milei ha seguido aplicando su programa de ajuste con choque. Procedió a despedir masivamente a funcionarios públicos, que en Argentina eran 341.477, según datos de la Superintendencia del Servicio Civil, quedando cesantes 25.000 sólo hasta fines de marzo de este año. A esta cifra se debe sumar la gran cantidad de despedidos del sector privado, por la recesión económica en que ingresó Argentina con las recetas de Milei. No existen aún estadísticas oficiales al respecto, ya que el gobierno ha tomado la previsión de ordenar al “Ministerio de Capital Humano” no emitir reportes oficiales sobre desempleo, durante lo que denominan el “tiempo de ajustes”.
También ha aumentado la pobreza. Según datos de la Universidad Católica Argentina (UCA), una de las más prestigiosas y que Milei cuando era comentarista de televisión frecuentemente citaba, la pobreza en el primer trimestre de 2024 afecta a más de la mitad de la población. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) hubo un incremento de la pobreza, desde el 38,8% del año 2023, hasta el 54,6% de esta gestión. Y en esto mucho tiene que ver la caída del ingreso real de los hogares argentinos, que se lo puede medir con un indicador que se llama: ingreso promedio per cápita. De mediados del 2023 a mediados del 2024, el ingreso promedio per cápita cayó en un 20%, según datos de las Encuestas de Hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
En este contexto, los más golpeados son los trabajadores y las trabajadoras informales, las y los desempleados, así como las mujeres y hombres que sólo tienen empleos precarios.
En este escenario social, el presidente Milei quiso lograr un consenso sobre su documento titulado el “Pacto de Mayo”, que es un decálogo de objetivos sobre todo económicos que incluyen el equilibrio fiscal, recortes al gasto público, reforma del sistema laboral y de pensiones, privatización del Estado, anulación de las políticas sociales y el concepto de educación útil. No se mencionan en el Pacto los principales problemas que atraviesa hoy Argentina: el desempleo, el incremento de la pobreza y de las desigualdades sociales.
Por esto que no hubo consensos ni verdaderos acuerdos; sólo la imposición de un documento que refleja la ideología del gobierno actual y al que terminaron sumándose la mayoría de los gobernadores, más por no perder los fondos federales que reciben, que por plena identificación principista.
Al acto convocado por el neofascista con motivo de conmemorarse el aniversario patrio, no asistieron seis gobernadores, siendo la ausencia más relevante la del gobernador Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires (la más poblada y la que tiene mayor presupuesto de todas). Tampoco estuvieron los expresidentes Cristina Kirchner y Alberto Fernández, ni los jueces de la Corte Suprema.
