01/07/2024 (Ciudad de México). En el marco de la Cuarta Cumbre de Jefes de Policía de Naciones Unidas, Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, solicitó a la ONU que intervenga para atender el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país, el cual proviene principalmente de Estados Unidos.
Desde Nueva York, la funcionaria mexicana denunció que una gran parte de la violencia ocurrida en territorio mexicano se debe a que la industria armamentista otorga “de manera ilícita armas de fuego de alto poder a organizaciones criminales mexicanas a cambio de dinero”.
Durante su discurso, la secretaria Rodríguez reiteró el compromiso que el gobierno mexicano tiene con la pacificación y la disminución de la criminalidad. Sin embargo, consideró que esto no será posible mientras se siga permitiendo que “la economía de las fábricas armadoras esté por encima de la seguridad de mi patria”. “No queremos que nuestro país siga poniendo los muertos”, sentenció.
Esta solicitud, principalmente simbólica, forma parte de una postura que el Gobierno Federal ha mantenido a nivel internacional frente al tráfico de armas, que consiste en la denuncia de este mercado como uno de los principales responsables de la violencia que ocurre en nuestro país, principalmente porque la mayoría de este mercado negro termina cayendo en manos de las organizaciones criminales en nuestro país.
Al respecto, conviene recordar las dos demandas que el gobierno mexicano interpuso en cortes norteamericanas en contra de las armerías de aquel país debido a su negligencia para facilitar el tráfico de armas a las organizaciones criminales. La negligencia va desde la falta de controles al momento de su venta al por menor, hasta la fabricación de las armas con adecuaciones o iconografía que fomenta su uso por organizaciones criminales en México.
Más allá de la petición de una compensación económica de ganar, el gobierno mexicano lo que busca con estas acciones es que se comiencen a generarse regulaciones internacionales para poder limitar el flujo de armas, que resulta tan dañino para nuestra población. En el caso de las demandas a las armerías norteamericanas, el gobierno mexicano está solicitando que se impongan regulaciones más estrictas para que desincentivar el flujo de estos productos, identificado como “iron river”.
Montserrat Martínez, estudiante de doctorado en Políticas Públicas en el Tecnológico de Monterrey y especialista en flujos de armas, platicó con De Raíz Media acerca de las fuentes de armas para las organizaciones criminales. Señala que, en efecto, una de las fuentes más importantes proviene de la compra de productos en las armerías norteamericanas al por menor que, posteriormente, terminan siendo trasladadas a nuestro país a través del tráfico ilegal por la frontera norte.
Este tráfico lo denomina “paja”, precisamente porque hace alusión a esta compra en unidades. Sin embargo, Montserrat apuntó que este tránsito de armas puede ser tan complejo que termina trasladándose a través de camiones que cruzan la frontera para terminar en manos de la delincuencia organizada.
Otra fuente pueden ser grandes cargamentos de armas que son “compras legales entre países que terminan siendo desviadas o terminan en manos del crimen organizado por ataques a las fuerzas armadas o policías”, describe la especialista.
Añadió otra fuente que se relaciona con “la globalización”. Estas son, por un lado, los componentes de armas adquiridos en internet sin mucha regulación; por otro, la fabricación casera de armas mediante impresoras 3D con las que, a través de la réplica de modelos “oficiales”, se fabrican componentes o, incluso, armas completas. En este último caso, la estudiante de doctorado apunta a que las autoridades mexicanas ya han realizado decomisos de armas fabricadas de esta manera, incluso en centros de ensamblaje.
En este aspecto, Montserrat observa como necesario ponerle atención al mercado de las municiones o los componentes individuales de las armas, ya que el combate al tráfico de armas se ha concentrado en perseguir “la mercancía completa: un arma de asalto, por ejemplo, una pistola, un rifle, etcétera”: sin embargo, es muy fácil que se evadan “los controles aduaneros, si se está transportando partes y componentes: un tornillo, un resorte, una caja desarmada, un cargador desarmado, etcétera, no es posible identificar para qué es”.
Sobre los alcances de la solicitud a la ONU, Montserrat nos advierte que tenemos que observarla como parte de la postura que ha mantenido México a nivel internacional frente al mercado armamentista en general. La doctorante nos recuerda que hace apenas dos años, el Estado mexicano solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “una opinión consultiva para delinear directrices de cómo debería actuar la industria en las Américas”, lo que representó un “antecedente muy importante”.
El hecho de que, ahora México solicite la intervención de la ONU, apunta Montserrat, implica que “no solamente queremos que en la región se regule por una cuestión contextual del crimen organizado, sino que queremos que a nivel mundial no se debe dejar afuera la industria [de la regulación] porque es responsable”. Sin embargo, enfatiza que, para ello, es necesario que se evidencie la responsabilidad de los Estados “de regular cómo opera esa industria al interior de los países y hacia afuera”.
El momento en el que México realiza esta denuncia es clave, pues hace apenas una semana se llevó a cabo “una revisión del Programa de Acción sobre las Armas Pequeñas y Ligeras de Naciones Unidas”, que tiene que ver con las directrices mínimas que los Estados deben aplicar para facilitar el rastreo del origen de las armas dirigidas al mercado civil.
Por otro lado, señala Montserrat, a pesar de la existencia de determinados acuerdos para la regulación de las armas, la mayoría de éstos son de carácter voluntario para los Estados, por lo que se vuelven necesario “un instrumento normativo que haga obligatorio que los Estados pongan estos estándares para las empresas al interior, [pero] que también repliquen esas prácticas al exterior”.
Por último, Montserrat es muy enfática en que este tipo de acuerdos internacionales se hacen necesarios para la pacificación en países donde existe una criminalidad organizada y la violación sistemática a los derechos humanos, como el nuestro, sobre todo considerando que nuestra vecindad con el principal país productor de armas nos vulnera ante los flujos de estos productos que facilitan la violencia homicida: “Tenemos nosotros ya controles en México, hemos identificado cuáles son los desafíos de los flujos al interior del país, pero necesitamos ayuda de afuera, necesitamos ayuda porque hay cuestiones donde nosotros no podemos obligar [a nadie] no nos compete la legislación de otro país para controlar estas cuestiones”, asegura.
