28/06/2024 (Ciudad de México). Tras el primer foro de diálogo sobre la reforma al Poder Judicial, el presidente López Obrador celebró que algunos ministros de la Suprema Corte “estén aceptando que hace falta la reforma” porque “eso es un avance importantísimo”.
En este sentido, el primer mandatario afirmó que cuando “hay voluntad de cambio se avanza mucho”, por lo que se mostró a favor de que el relevo de los integrantes del Poder Judicial se dé de manera gradual, contrario a su propuesta original de hacer una renovación simultánea de todos los juzgadores, si bien con un periodo de transición.
Esta propuesta escalonada en la renovación progresiva fue hecha por la ministra Yasmín Esquivel Mossa y se aplicaría mediante elecciones populares sucesivas para cubrir de manera escalonada los cargos vacantes en el Poder Judicial debido a renuncias, fallecimientos o retiros.
A modo de contra réplica, López Obrador señaló que este mecanismo se puede definir durante los foros pero cuidando que no se apliquen “tácticas dilatorias” y considerando, además, que por cuestiones de gasto no ve viable que “se esté haciendo una elección cada seis meses, si se puede hacer una sola, ¿no?”
Reforma brinda posibilidad de más avances
Entre las posibilidades que brinda la reforma en ciernes, el titular del Ejecutivo agregó que, a diferencia con los poderes Ejecutivo y Legislativo donde ha habido un gran avance en paridad de género, el poder judicial se ha quedado rezagado en esta materia. Por este motivo, apuntó que “es el momento para que sean 50% mujeres y 50% hombres, porque en el Poder Judicial hay mucho desequilibrio”.
Ante la polémica que desata la elección popular de los 11 ministros de la Corte, o futuros nueve de acuerdo a la iniciativa de reforma, el tabasqueño ha propuesto en diversas ocasiones que todos los actuales juzgadores no sean excluidos del proceso de elección. Con esto, los actuales togados podrán ser sometidos al escrutinio público y podrán ser así evaluados por las resoluciones que han emitido en los últimos tiempos.
Entre las reformas que la Suprema Corte ha cancelado, pese a su validez legal tras ser votada en el pleno del Congreso, se encuentran la cancelación del paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, la Ley Eléctrica de 2022 y el plan B, que proponía en conjunto una reforma electoral para transformar INE y reducir su gasto superfluo, la reducción de legisladores en ambas cámaras legislativas, la disminución de los recursos públicos a los partidos políticos, entre otras propuestas.
Mayor participación de la ciudadanía
De concretarse en la reforma judicial en los términos que hasta el momento se han apuntado, los jueces de distrito y magistrados también estarían sometidos al juicio de la población por las resoluciones que han emitido, muchas de ellas altamente cuestionadas, como por la liberación de criminales altamente reconocidos, por el encarcelamiento de personas presumiblemente inocentes o incluso por la dilación de sus resoluciones, las cuales pueden durar años.
De acuerdo a la reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sólo el 39.4% de la población declara confiar en los juzgadores, apenas por encima de las fiscalías, policías, legisladores y los partidos políticos, quienes tuvieron porcentajes menores.
En este sentido, el presidente López Obrador declaró que los actuales foros y el proceso de elección permitirán quitar “el velo que existía sobre ese poder, [porque] era como un poder clandestino, nadie sabía nada, no se sabía quiénes eran los jueces, cuáles eran sus funciones, la función de los magistrados, ministros, cuántos ministros, cuál es constitucionalmente su mandato”.